Cádiz pendiente del 23-J

Menos de dos meses después, los gaditanos (como el resto de los españoles) vuelven a citarse con las urnas. A finales de mayo, el objetivo era decidir en manos de qué gobierno dejar la gestión de la ciudad; y ahora, es el gobierno estatal el que está en juego. Y aunque eso suene muy lejano, con una gran distancia al alcance de los gaditanos, sí hay determinados asuntos de calado en la ciudad que de alguna forma dependerán del ejecutivo estatal que resulte elegido en estas elecciones generales; proyectos, acciones puntuales o gestiones de entes que pueden cambiar su deriva según el resultado electoral.

En primer lugar, hay varios espacios en la ciudad cuyo futuro podría cambiar a raíz de este 23-J. Como es el caso de las murallas, que reclaman desde hace años un plan estatal de rehabilitación más allá de las acciones puntuales que se han ido acometiendo debido al deterioro y el mal estado que presentan algunos tramos de la antigua fortificación que prácticamente rodea la ciudad. De hecho, este mismo año y gracias a los programas europeos, se pudieron adjudicar dos intervenciones distintas: una localizada en la playa de Santa María del Mar, en los tramos comprendidos entre los Baluartes de Capuchinos y Los Mártires, y en el Castillo de Santa Catalina (que ejecuta la empresa Cabero Edificaciones por 896.448,84 euros); y otra en la zona del Campo del Sur comprendida entre el colegio Campo del Sur y el Pabellón de la Mirandilla, en las conocidas como murallas del Vendaval, San Miguel y San Rafael, que estará a cargo de Tragsa por importe de 735.601,07 euros.

Estas actuaciones, que debían alargarse por un año hasta la primavera de 2024, acumulan cierto retraso. Pero más allá de eso, lo cierto es que la ciudad necesita un plan especial de actuación en las murallas, que contemple la rehabilitación integral de las nueve zonas en las que se dividen los lienzos que separan el mar de la ciudad y una acción también de mantenimiento y conservación permanente. Plan que podría llegar con el nuevo ejecutivo que resulte hoy elegido en la Moncloa.

Formando parte de las murallas, de las elecciones de este domingo puede depender también en buena medida el futuro del Castillo de San Sebastián, una de las señas de identidad de Cádiz que inexplicablemente no ha encontrado un nuevo camino tras la marcha de los militares y que sigue deteriorándose y amenazando una ruina definitiva cerrado a cal y canto. Ni el Estado ni el Ayuntamiento han apostado hasta el momento por ningún uso ni ninguna actuación encaminada a salvar esta histórica y relevante fortificación militar, algo que pudiera cambiar con la llegada del PP a la ciudad y con el nuevo escenario estatal que dibuje la cita electoral de hoy.

Conviene recordar que el Castillo iba a ser referente del Bicentenario de la Constitución de 1812, con un gran proyecto liderado por la Junta de Andalucía que quedó en una leve restauración que permitió abrir San Sebastián un año después de los fastos del Doce y con un uso apenas significativo al que se unieron ciertas dependencias del Ceimar de la UCA. Pero en 2015 cerró definitivamente sus puertas, y en este tiempo incluso las administraciones implicadas han ido como lanzándose las llaves una a otra para no hacerse cargo de una intervención integral que garantice la continuidad de la edificación, en primer lugar, y que le otorgue una nueva vida que pasa por el disfrute ciudadano o que en alguna ocasión se ha planteado para el uso académico y universitario.

Más proyectos estatales que de algún modo dependen de estas elecciones veraniegas: la nueva Comisaría de Policía Nacional. También ha ido el Estado dando tumbos y cambiando planes al respecto de este equipamiento que parecía confirmado en la Avenida de Astilleros. Con esa clara intención del Gobierno (del PP) allá por el año 2014, en estos últimos años el escenario ha dado un giro radical, después de plantear el Estado varias opciones. La rehabilitación integral de la actual Comisaría en la Avenida hizo finalmente desistir de construir el nuevo equipamiento, aunque el actual ejecutivo de Pedro Sánchez no cerraba la puerta a afrontar este proyecto en un futuro. En paralelo, el Ayuntamiento de Cádiz pide una aclaración final para mantener esa parcela destinada a la actividad policial o plantear nuevos usos, llegando a anunciar en su día el que fuera concejal de Urbanismo, Martín Vila, que había empresas interesadas en levantar un hotel o un centro comercial en ese suelo de la Avenida de Astilleros.

No parece, por contra, que pueda tener mucha variación el proyecto de construcción de la nueva Subdelegación del Gobierno que será, a su vez, sede del resto de la administración estatal que hoy se reparte en edificios alquilados en la ciudad. El proyecto, que alcanza los 15 millones de euros, ya ha iniciado su parte ejecutiva con la redacción de los documentos que definirán todos los detalles y espacios del nuevo equipamiento que se levantará sobre el solar de Radio Juventud, en la Avenida, dejando como espacio de aparcamiento el antiguo chalé de la Subdelegación, junto al edificio de Hacienda.

Al margen de edificios, solares y equipamientos, también tendrá una influencia que puede ser trascendental la nueva dirección que tomen las entidades dependientes del Estado. En este capítulo, es clave fundamental el recorrido que siga el Consorcio de la Zona Franca, que estos últimos años ha liderado actuaciones de interés en el polígono exterior de la mano de Fran González. Especial relevancia adopta el proyecto de construcción de viviendas en Navalips, que a priori debe seguir su desarrollo a pesar de los cambios electorales; e igualmente debe ocurrir con Incubazul, cuyas obras están bastante avanzadas, o con el proyecto hotelero ya adjudicado. Pero el desarrollo de todo el polígono exterior sigue siendo una asignatura pendiente, cuya visión y forma de enfrentarlo dependerá en buena medida del partido político que asuma el gobierno del país y de la persona que sea elegida para liderar el Consorcio gaditano.

Unido en cierto modo a la Zona Franca, no se puede perder de vista el convenio pendiente de cerrar con la Junta de Andalucía para la cesión de la parcela donde se quiere levantar el nuevo hospital de la ciudad. Un acuerdo que desde hace muchos meses se da prácticamente por cerrado pero que no se ha producido, y que podría sufrir alguna alteración (ya sea para su agilización o para su revocación) en función de la composición de la administración estatal que resulte de estas elecciones.

Igualmente, la nueva gestión que pueda llegar a la empresa pública ferroviaria, Adif, puede tener calado en Cádiz. En primer lugar, un nuevo cambio en la dirección pudiera provocar alguna alteración en el Plan Plaza de Sevilla, que nunca termina de cerrarse y ejecutarse precisamente debido a los cambios de gobierno en el Estado, la Junta y el Ayuntamiento que van modificando progresivamente las exigencias, las necesidades y las opiniones respecto a esta operación urbanística que apenas ha experimentado avances en estos últimos años. Es más, ya desde el Ayuntamiento ha avisado el alcalde, Bruno García, que quieren revisar el plan para conocer el escenario actual, su estado, y plantear posibles revisiones o cambios de puntos inicialmente acordados en estos años de gobierno de Kichi y Vila en San Juan de Dios.

Y puestos a plantear posibles cambios derivados de un nuevo gobierno en Madrid, y en referencia concreta al gigante ferroviario estatal, el nuevo camino político y de gestión que inicie mañana lunes España podría lograr que al fin se plantee con determinación la llegada del AVE a la capital, una de las grandes promesas incumplidas que acumulan ya más de 30 años de espera. Que se traducen en muchos gobiernos estatales, y muchas elecciones como las de este domingo.