España se propone poner fin a la condición de paraíso fiscal de Gibraltar y dar así paso a lo que se ha venido a llamar "espacio de prosperidad compartida".

Lo que se debe garantizar es que las inversiones se hagan en función de la población, el PIB y el desempleo.

Durante el primer semestre de este nefasto 2020 el coronavirus ha volatilizado la cuarta parte de la riqueza nacional de un año normal.

Mientras el número de contagios se disparaba en España el Congreso se dedicaba a las grandes ovaciones o a una moción de censura imposible.

La imagen de España se ha deteriorado por el descontrol del virus en algunas autonomías y las graves consecuencias económicas saltan a la vista.

No sería justo que los agricultores, cuyo sector se ha demostrado imprescindible durante la crisis sanitaria, acaben pagando los platos rotos de un acuerdo.

En estos momentos vuelve a ser prioritario detener la cadena de contagios y actuar sobre los factores de propagación.

La Junta debe exigir que el reparto de los fondos que va a aportar la UE se haga con los mismos criterios utilizados en el acuerdo alcanzado en Bruselas.

La profunda crisis que está suponiendo la pandemia puede terminar reforzando el proyecto europeísta, como se ha demostrado con el acuerdo de Bruselas.

Andalucía recibirá la mitad que Cataluñay apenas un tercio de la cantidad fijadapara Madrid, pese a superar de largo la población protegida por la sanidad pública.