El castillo de San Sebastián enfila un camino que le lleva directo a una ruina que, en algunos tramos de la fortificación, puede que no tenga marcha atrás.

El abandono en el que se encuentra este espectacular equipamiento desde 2015, que en su día iba a ser el Guggeheim gaditano, y la falta de acuerdo e interés por parte de las administraciones a la hora de acometer un proyecto claro de futuro, está provocando un deterioro que, sin ser irreversible, disparará los costes de las obras de restauración, si es que algún día se llegan a plantear.

No existe una cantidad clara de lo que puede costar poner en uso todo el castillo, dependiendo de lo que se quiere hacer y ubicar en el mismo, pero si nos atenemos al proyecto original planteado por la Junta de cara al 2012 y lo que finalmente se ejecutó, la inversión pendiente no bajará nunca de los 20 millones de euros.La gran cuestión es que nadie quiere asumir la gestión del castillo y afrontar su recuperación.

El Estado, propiedad del castillo, oscila entre su deseo por cederlo al Ayuntamiento de Cádiz y su falta de dinero, de proyecto y de interés por afrontar ellos la rehabilitación. El Ayuntamiento, por su parte, sí quiere el castillo pero lo quiere lo suficientemente en condiciones como para no tener que invertir un dinero del que tampoco dispone. Y de la Junta, nada de nada.

Ante esta situación, el castillo permanece cerrado desde hace cerca de dos años. Lleva ya dos veranos sin poder ser visitado por los miles de turistas que visitan la ciudad, que en muchos casos se topan con la reja de acceso clausurada tras recorrer todo el paseo Fernando Quiñones.

Además de la ciudad, como víctima colateral de este desinterés del patrimonio se encuentra la UCA y el Ceimar, que habilitó en varias dependencias del castillos unos laboratorios marinos abiertos a visitas vecinales y de estudiantes. Al cerrar el castillo, por cuestiones de seguridad, tuvo que clausurarse este laboratorio. Esta semana desde el Ceimar se optó por no opinar sobre la situación de la fortaleza y la imposibilidad de trabajar en estas dependencias.

Curiosamente fue el anterior rector de la UCA, Eduardo González Mazo, el que planteó hace meses dar a toda la fortificación un uso académico y cultural relacionado con Cádiz y el mar. Habida cuenta de la eficacia demostrada por este gestor, sin duda habría conseguido sacar adelante el proyecto.

La fortificación forma parte del patrimonio del Estado tras abandonarlo el Ministerio de Defensa.De cara a los fastos del Bicentenario de la Constitución de 1812, la Junta afrontó un ambicioso proyecto para convertirlo en el equipamiento referente de esta celebración.

Se proyectó el arreglo de las casamatas, del propio castillo y de la avanzada y se planteó la instalación, donde está la antigua torre de comunicaciones, del Faro de las Libertades.

El Doce concluyó y la Junta dejó el castillo a medio arreglar. Sólo se terminaron las casamatas a las que, varias exposiciones, no se le dio un uso continuado hasta acabar, también, con su cierre.

El Ayuntamiento de Teófila Martínez, antes de la entrada de la Junta, había anunciado en 2002 la rehabilitación del equipamiento mediante fases, idea que recuperó tras el final del Bicentenario. Entonces, y hasta la pérdida del poder en 2015, el equipo de Martínez afrontó obras año tras año. Acordó con el Ministerio de Medio Ambiente repartirse los costes, aunque el acuerdo sólo lo cumplió en municipio.Tras la llegada al gobierno el equipo de José María González, se cortó definitivamente el grifo. Curiosamente, en este tiempo la Autoridad Portuaria fue la única que ha invertido, 75.000 euros, para el mantenimiento del faro.

El penúltimo capítulo de una historia más de nuestro patrimonio abandonado se centra en manos de quién está la gestión del castillo. El Ayuntamiento la reclamó en 2014 y Costas aceptó un año después. El alcalde, sin embargo, lo tiene claro: “No vamos a recibir el castillo hasta que no esté adecentado”. Tendrá que esperar.