Cuando el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue sancionado con cuatro partidos de suspensión el pasado de 18 de noviembre de 2020, en el club estaban tan convencidos de la inocencia del técnico que desde el primer momento se mostraron dispuestos a llegar hasta el final. Así lo hicieron y el resultado fue la retirada del castigo por parte del Tribunal Administrativo del Deportes (TAD) tres meses más tarde.

En la entidad cadista consideran que se ha hecho justicia, aunque para ello tuvieron que pelear hasta el final. El hecho de que el TAD acumulase un tiempo de demora en su decisión alimentó la esperanza en el Cádiz CF hasta que por fin Cervera no tendrá que cumplir la sanción y podrá seguir en el banquillo con normalidad.

El club, como no podía ser de otra forma, apoyó a Cervera desde el primer instante. El presidente, Manuel Vizcaíno, se puso al frente con manifestaciones públicas de respaldo al entrenador y contrarias a la decisión adoptada en su día por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que consideró que el técnico cuestionó la honradez e imparcialidad de los árbitros que estuvieron al frente del partido contra el Granada.

En aquel encuentro, tanto el colegiado como desde el VAR pasaron por alto un clarísimo penalti cometido sobre Alberto Perea en los últimos minutos que de haber sido señalado hubiese dado la posibilidad al Cádiz CF de deshacer el empate a uno con el que acabó el duelo.

Cervera no encontraba explicación a lo sucedido y dijo que los árbitros no quisieron pitar el penalti. A partir de ahí vino todo lo demás: apertura de un expediente disciplinario, sanción de cuatro partidos por parte de Competición que ratificó el Comité de Apelación, recurso al TAD y anulación del castigo.

El Cádiz CF puso en marcha su maquinaria jurídica para tratar de desactivar la sanción y el resultado final fue exitoso. El abogado Martín José García Marichal, secretario del consejo de administración del club, se encargó de la defensa de Cervera con argumentos que terminaron por desmontar los motivos expuestos por los dos órganos de la RFEF: Competición y Apelación.

Lo primero que consiguió el letrado fue la suspensión cautelar de la sanción mientras el caso iba pasando de un órgano a otro, hasta que interpuso el correspondiente recurso ante el TAD, que a la postre resultó determinante.

La intencionalidad de las declaraciones de Cervera, sujetas a un juicio subjetivo por parte de los sancionadores, fue una de las claves que llevó a la aplicación del in dubio pro reo, un principio jurídico que expresa la obligatoriedad de probar los hechos y que, en el caso de que esta prueba sea insuficiente para demostrarlos, la decisión judicial deberá favorecer al acusado del delito.

García Marichal se agarró, entre otras cuestiones, a la imposibilidad de probar que Cervera hubiese puesto en cuestión la honradez de los árbitros. Fue de una de las claves para que el recurso prosperase y la entidad cadista ganase la contienda jurídica a los órganos de la RFEF.

No es fácil que que el TAD revoque una decisión, pero en este caso el recurso presentado por el Cádiz CF fue del todo convincente con un soporte jurídico tan consistente que propició un desenlace favorable.