La Junta se pone las pilas con Cádiz en este final de 2025

Cádiz asiste a un final de año especialmente frenético en cuanto a la resurrección de viejos proyectos se refiere. Estos días que están aconteciendo en diciembre están siendo inusualmente intensos, máxime si se echa la vista atrás y se recuerda el tiempo que lleva esperando la ciudad el arranque de determinados proyectos importantes que, esta vez sí, han pasado de las ideas, los anuncios y las infografías a los hechos, a las máquinas y los obreros en el terreno iniciando unos trabajos que ya dibujan en el horizonte ese nuevo Cádiz que tanto lleva esperando. Y la Junta lidera todas estas operaciones, como queriendo ponerse las pilas antes de que acabe el año.

En la misma semana en la que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se personaba en la ciudad para colocar la primera piedra de la nueva Ciudad de la Justicia, dando inicio a unos trabajos previos de preparación de terrenos que debe ir seguido ahora de una exigente hoja de ruta que marca diversas fases, procesos e inversiones hasta marzo de 2030 en que se dé por terminado el complejo judicial, ha habido novedades importantes en otro espacio que acumulaba años de olvido y que, precisamente, guarda también relación con la Ciudad de la Justicia.

En concreto, en el solar donde años atrás se proyectó este equipamiento judicial, en Tolosa Latour, se han iniciado las primeras obras encaminadas al desarrollo del nuevo plan allí previsto por la Junta de Andalucía. Se trata del derribo del único edificio que quedaba en pie en ese solar, la antigua sede de Trabajo que se levantara en el año 1957 y que está quedando reducida a escombros por los trabajos que está desarrollando la empresa Erri Berri y que costará 159.371,57 euros financiados por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.

Este derribo supone el paso previo para el inicio de las obras de construcción del nuevo edificio administrativo que en su lugar va a levantar la Junta (en el extremo de la parcela que colinda con Brunete, Granja de San Ildefonso y Tolosa Latour) y cuyo proyecto de redacción de proyectos y dirección de las futuras obras está a un paso de adjudicarse a una de las cuatro empresas que han concurrido a la licitación. En las últimas reuniones de la mesa de contratación para adjudicar este expediente se ha decidido la exclusión de una de las empresas, analizándose en la actualidad la oferta presentada por otra, al incurrir en baja temeraria respecto al precio de licitación, que es de 2.110.669,77 euros.

Conviene recordar que el plan de la administración autonómica para esta parcela dentro del amplio solar es levantar un nuevo edificio de 9.373,20 metros cuadrados de superficie construida sobre rasante, además de ejecutar otras dos plantas bajo rasante que destinarán a aparcamiento, dando así cabida a unos 438 puestos de trabajo de siete organismos autonómicos diferentes (la unidad de Policía Autonómica, la Agencia de Emergencias que agrupa al 112, a Protección Civil, al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y al Infoca; la delegación territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública; el Servicio Andaluz de Empleo; el servicio de Valoración de la Dependencia perteneciente a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía; y los técnicos de la Agencia Digital de Andalucía).

Para este proyecto se otorga la Junta un plazo de 35 meses, que es lo que a priori llevará redactar los proyectos, licitar y adjudicar las obras, y ejecutarlas durante 30 meses, que es lo que se estima necesario para construir el nuevo edificio presupuestado en 14.622.768,07 euros.

A esa partida hay que sumarle los 2 millones de euros de la redacción de los proyectos y la asistencia técnica que ahora está en licitación, y los casi 160.000 euros que costará el derribo que se está produciendo estos días.

En otro punto de la ciudad siguen también las obras en el edificio de Valcárcel, que se ejecutan con cargo a la financiación que la Junta y la Diputación Provincial han procurado. Allí lleva semanas trabajando Tragsa, la empresa dependiente del Estado a la que Diputación (que es la propietaria del edificio, que una vez rehabilitado cederá a la Universidad) ha encomendado estos trabajos de la primera fase de la conversión del histórico inmueble en sede universitaria (previsiblemente para la carrera de Farmacia).

Tras una primera fase de trabajos en el interior del edificio y de eliminación de los techos de las naves anexas, que estaban afectados de amianto y han necesitado de una delicada operación siguiendo los protocolos actuales, días atrás comenzó una actuación mucho más visible desde el exterior: el derribo de esas naves traseras del edificio que albergaban los talleres y el salón de actos de Valcárcel y que en el proyecto consensuado por Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento y UCA desaparecen para dar cabida en su lugar a una plaza pública que urbanizará el Ayuntamiento.

Según fuentes de la administración provincial, esta semana está previsto que culmine el derribo de estas edificaciones, continuando los trabajos en estas labores de consolidación y rehabilitación de Valcárcel para, en un próximo proyecto, adecuar el interior del edificio al nuevo uso que decida la UCA. En ese camino de las obras, para el mes de enero está previsto el último derribo que quedaría pendiente, el edificio que albergó hasta hace unos años la escuela provincial de Hostelería que terminaría trasladándose a la Zona Franca y que ahora es objeto de trámites administrativos y técnicos en la Diputación para que ocupe el antiguo IES Rosario, en la calle San Francisco.

Las fuentes consultadas siguen explicando que una vez culmine, ya a principios de 2026, el derribo de la antigua Escuela de Hostelería, está previsto que se instale la grúa pertinente que permitirá seguir con los trabajos, en este caso de consolidación y rehabilitación de las cubiertas del edificio, que serán sustituidas por las denominadas ‘chapas colaborantes’, que Tragsa ha adquirido para cubrir 4.500 metros cuadrados de superficie y que destacan en el campo de la construcción por necesitar un menor volumen de hormigón y procurar más rapidez a la obra y un abaratamiento del coste.

Por tanto, en este final de 2025 coinciden ya iniciados tres de los grandes proyectos pendientes de la Junta en Cádiz.

En primer lugar, Valcárcel, que cerró sus puertas en el año 2002 y que desde entonces se ha propuesto como sede de un hotel de 5 estrellas, como nueva Facultad de Educación y ahora como centro universitario aún por definir, aunque todo apunta a que será la Facultad del grado de Farmacia que la UCA pretende iniciar en 2028.

En segundo lugar, la Ciudad de la Justicia, que desde 2001 lleva siendo objetivo de la Junta de Andalucía y que tras plantearse en una fase inicial en la Avenida de Astilleros, definirse en Tolosa Latour y luego pasar a la antigua fábrica de Altadis en Zona Franca para terminar en una parte del espacio de los antiguos depósitos de tabaco en Loreto, colocó el lunes la primera piedra del complejo que verá la luz (o eso dicen en la Junta) en 2030 pero que empezará a utilizarse en 2028.

Y, por último, el enorme solar de Tolosa Latour, que desde que se descartó la Ciudad de la Justicia estaba pendiente de definir usos y que la Junta ya ha dicho que servirá para levantar un nuevo edificio administrativo y construir más de 200 viviendas, además de espacios públicos y zonas verdes, en una gran operación urbanística que también ha arrancado este mes de diciembre con el derribo de la única edificación que quedaba en pie en ese terreno.

Con todo esto, tiene ahora la Junta otro gran lunar por delante: el futuro hospital regional, pendiente aún de desbloquear la titularidad del suelo gracias a ese convenio anunciado por Zona Franca y por la propia Junta que tiene que firmarse cuando ambas administraciones lleguen a un acuerdo en el que según indican fuentes de una y otra, se está tramitando y negociando a nivel técnico. ¿Llegará la firma de ese convenio en los 13 días que restan de este diciembre especialmente frenético?