El informe de Tragsa obliga a revisar por completo Las Aletas

Hacer caso al Tribunal Supremo o buscar otro sitio para el proyecto de Las Aletas. Esa fue la tremenda encrucijada con la que se encontró el Consorcio creado para poner en marcha este parque industrial y tecnológico tras la sentencia del Alto Tribunal, en la que, básicamente, se daba la razón a los colectivos ecologistas que habían alzado la voz contra los usos que en ese proyecto se otorgaban al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Pero, evidentemente, el Consorcio no podía permitirse ni una cosa ni otra, porque ambas supondrían desactivar una iniciativa tan demandada como necesaria desde hace décadas.

Por eso, la decisión adoptada fue intermedia: encargar un informe a la empresa Tragsa para hacer viable el proyecto sin tener que renunciar a su idea original. Sin embargo. y a juzgar por las conclusiones de este informe, Las Aletas no podrá desarrollarse como estaba previsto. Pese a que en la última reunión del Consorcio se explicó que el informe era estrictamente confidencial y que en el plazo de 20 días se darían todos los detalles, este periódico ha podido acceder a ese documento. Hay que partir de dos premisas. En primer lugar, que se trata de un "documento provisional sujeto a revisión" y que, en base a ello, en segundo lugar, es muy probable que las conclusiones finales difieran de lo aquí expuesto.

Pese a estos preceptos, la realidad es que el informe de Tragsa es claro. En sus casi 200 páginas realiza un estudio pormenorizado de suelos, condiciones económicas, medioambientales y de propuestas viables. En sus conclusiones, expone de manera incontestable que la estructura del área de Las Aletas y el carácter de DPMT inherente a buena parte de ella, "con los condicionantes impuestos por la sentencia del Supremo, imponen una serie de límites infranqueables al desarrollo del proyecto". Esos límites son varios: el proyecto "debe concentrarse en el espacio no sometido al régimen de Dominio Público Marítimo-Terrestre; sólo excepcionalmente, y en relación con actuaciones que no puedan desarrollarse en ningún otro espacio, resulta posible incluir en el ámbito del DPMT actuaciones en el marco del proyecto; cualquier afectación al ámbito del dominio público deberá contar, en el marco del eventual procedimiento de reserva, con una adecuada justificación de su impacto sobre las condiciones definitorias del DPMT, la posibilidad de mantener las mismas o garantizar su futura recuperación y la limitación temporal de la ocupación del dominio público".

Todo ello significa, como se expone en el informe, que una parte del Área de Actividades Económicas de Las Aletas "no tiene la consideración de dominio público marítimo-terrestre; en concreto, 121 hectáreas del total de las 527 son titularidad de la Junta de Andalucía, mientras que las restantes 406 hectáreas pertenecen al DPMT. Por lo tanto, podrá ponerse a disposición de los promotores una superficie de 121 hectáreas libres de las restricciones propias del uso del dominio público. En esta superficie deberán concentrarse en principio todas las actividades propuestas". No obstante, a continuación matiza: "Se detectan algunas actividades imprescindibles para el desarrollo de la actividad económica en la Bahía que están dentro de los usos genéricos enumerados y que por su definición y características han de ir indisolublemente ligadas al suelo considerado como DPMT y, en concreto, algunas han de desarrollarse de forma exclusiva en Las Aletas".

Pero las conclusiones continúan. Además de las ya expuestas por la presidenta del Consorcio, Juana Lázaro, de indivisibilidad del proyecto, de su viabilidad social y económica y de que cuenta con garantías de financiación, Tragsa añade más: intensificar el aprovechamiento de la zona no sometida al régimen del dominio público; una reducción de la superficie del DPMT afectado sobre la anterior reserva demanial, "al mínimo necesario", o el desarrollo de actuaciones "exclusivamente de recuperación medioambiental para las zonas de DPMT". Finalmente, concluye en la necesidad de "una reordenación del Área de Actividades Económicas de Las Aletas".

Además, aclara que el desarrollo de las actuaciones propuestas sobre el dominio público "implican una necesidad de ocupación del mismo de 266 hectáreas, lo que supone una reducción de 20 hectáreas sobre el proyecto original", y propone que esas hectáreas reducidas "se dediquen a actuaciones de recuperación medioambiental".

El informe de Tragsa sigue dividiendo el proyecto en cuatro áreas. La primera de ellas es la empresarial industrial, terciaria y de servicios y añade que estos usos se implantarán en la "superficie útil" de las 121 hectáreas no incluidas en el dominio público en las que "conforme con la sentencia del Tribunal Supremo, deberá realizarse un esfuerzo por concentrar la actividad no compatible con el carácter de dominio público de modo que se permita alcanzar los objetivos de desarrollo planteados".

La segunda área será la de intercambio intermodal y de actividades logísticas. En ella, según Tragsa, deben incluirse las actividades de intercambio intermodal de mercancías para el transporte asociadas especialmente al puerto de Cádiz. También cree "necesario que esta área se sitúe en la zona de DPMT". La tercera área es la de I+D+i en tecnologías del mar y, la cuarta, la funcional-medioambiental.

Hay que detenerse en los usos propuestos para la tercera. Aquí, Tragsa propone la instalación de varias industrias. La primera es la implantación de industrias relacionadas con el sector de las cimentaciones de instalaciones eólicas offshore, de manera que la industria que se instale ocuparía como máximo 54 hectáreas dentro del dominio público (ver tabla adjunta). Otra de las actividades propuestas está relacionada con la industria acuícola: producción de alevines de dorada y lubina; la producción de esteros y un sistema de procesos de transformación.

También se propone la creación de un Centro de Gestión Sostenible del Medio Marino (Cegma) en una parcela de una hectárea, para recuperación de ejemplares heridos o incapacitados de especies marinas amenazadas y protegidas, para liberarlos posteriormente en su hábitat natural.

Por último, se plantea la producción centralizada de energía térmica mediante cogeneración para el proyecto de Las Aletas, que partiría de una superficie mínima de 3.000 metros cuadrados.