El futuro barrio de Navalips de Cádiz entra en una nueva fase

La operación urbanística más importante que en materia de vivienda se ha producido en Cádiz en los últimos años alcanza un importante punto de inflexión. El proyecto Navalips, es decir, la construcción de 813 hogares que darán lugar a un nuevo barrio en la ciudad, entra en una nueva fase tras la aprobación definitiva, y por unanimidad, del Plan de Reforma Interior (PRI) de Zona Franca-Loreto durante el (movido) Pleno de octubre que tuvo lugar este jueves 30 de octubre. De hecho, fue uno de los pocos puntos al que dio luz verde el arco plenario completo pues, unos minutos después, la sesión se paralizaba para terminar con la oposición abandonando su bancada.

El PRI se salvó, afortunadamente, en su tercer paso por el salón donde reside el poder soberano de la ciudadanía de Cádiz. Y es que la superación de este trámite administrativo se erige como "un paso especialmente importante" para que el proyecto, promovido por la Zona Franca y Sepides (grupo empresarial perteneciente a la SEPI), organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda, sea, por fin, una realidad. Así lo recordó el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, que hizo la cronología de los pasos dados para alcanzar este nuevo tramo del camino, entre ellos, cuando el Consejo Consultivo rechazó el informe, que ya había pasado por Pleno, que después se subsanó y tuvo su aprobación inicial, ya con el visto bueno del órgano, en la sesión plenaria de agosto.

"Estamos de enhorabuena", es una "buena noticia" para Cádiz, celebraba el equipo de Gobierno, pero también los concejales de la oposición que dieron luz verde definitiva al PRI aunque, eso sí, con algunos peros y matices.

Así, si Cossi, valoraba que con la vivienda pública que se crea en esta operación "podemos moderar los precios de compra-venta de vivienda", a la vez que "Cádiz podrá recuperar población, un objetivo básico, con la moderación de los precios y la vivienda protegida"; desde el PSOE, Óscar Torres, valoraba como "fundamental" que "las diferentes empresas públicas de vivivenda como Procasa, AVRA y SEPE den ya un paso al frente para liderar el proyecto para así sacar mejores precios y más rápido". Tan rápido como que los socialistas no ven ya tan lejano "el horizonte de 2026 como el año en el que se ponga la primera piedra" de estas viviendas. "Hogares", como le gusta decir más a Torres, que le gustaría que fueran para los gaditanos, "pero que si los adquieren personas de fuera, que son bienvenidas, habrá que hacer para que se empadronen", recomienda.

Desde Adelante Izquierda Gaditana, Carlos Paradas, de hecho, no tiene claro que el futuro barrio vaya a ser muy gaditano, "teniendo en cuenta los precios, unos 400.000 euros, del modelo del Partido Popular de vivienda protegida". "Si queremos que esa vivienda sea para gaditanos, no sé yo cuántos podrán comprarlas", lanzó el edil que insistía en que "la vivienda pública tiene que ser para alquiler, social y asequible, de otra manera, poco se van a beneficiar los gaditanos".

Un informe de la Junta habla de VPO, sin detallar si es en venta o alquiler

El alcalde de Cádiz se revolvió contra los argumentos de Paradas tachando a su partido de incoherencia entre "cómo llaman a lo que hacen ellos y lo que hace el Partido Popular". "Si las viviendas las promueven ustedes -este proyecto se gestó en la época de José María González Kichi- se llaman renta libre, si las hace el PP son pisos de lujo", expuso Bruno García que en su afán por abundar en las contradicciones de AIG "entre lo que dicen y lo que votan" aseguró que la parte del proyecto Navalips dedicada a la VPO siempre ha sido en venta, afirmación que niegan desde AIG y que, al menos, no aparece en el informe de la delegación de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía emitido en febrero de 2025.

"En cuanto a la vivienda protegida, no estamos debatiendo sobre modelo, les estamos informando de que el modelo que ustedes han traído es éste, 400 de renta libre y 400 de venta en VPO, eso es lo que se va a votar, un proyecto promovido por el equipo de Gobierno anterior, que este Ayuntamiento apoya y por el Gobierno de España, porque es que para hacer viable una operación de estas características necesitamos a la parte privada", ha argumentado García ante la rotunda negativa desde la bancada de AIG y mientras que el informe mencionado indica solamente que 50% del total de la edificabilidad destinada a uso residencial debe estar dedicada a viviendas con régimen de protección, sin precisar si debe ser de venta o alquiler.