La decisión del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, de tomar las riendas en persona de la aplicación de la ordenanza de terrazas en la calle de La Palma, en su barrio de La Viña, ha generado sorpresa a la vez que una absoluta indignación entre los colectivos que participaron en su elaboración y que forman parte de la comisión de seguimiento. Hasta el punto de que Moisés Velasco, portavoz de asociación de peatones La Zancada, lo califica de “una cacicada”.

“Es sorprendente que a la hora de aplicar la ordenanza, el alcalde haga unas manifestaciones que ponen en jaque todo el proceso de elaboración. Que la voluntad arbitraria de un miembro de la Corporación, aunque sea el alcalde, se imponga es una vulneración del principio de legalidad... sólo podemos funcionar cumpliendo la ley... él dice que hará un plan acorde con los hosteleros. Pero, ¿cumpliendo también con la ley de accesibilidad? porque el fin de la ordenanza era cumplir con la legalidad vigente en relación al derecho de paso, también de las personas con movilidad reducida... Y ahora, yo tomo las riendas ¿por encima de la ordenanza aprobada por el propio Ayuntamiento?... Así no se funciona en un estado de derecho... Esto es una cacicada y una vulneración del principio de legalidad... Se funciona con las normas, no según los caprichos de la autoridad de turno... Un representante público está obligado a cumplir las leyes, incluidas, claro está, las que emanan de la institución que representa... Lo del PSOE es puro oportunismo... Si no se exige el cumplimiento de la norma en un barrio ¿con qué autoridad moral se exige a los demás que sí lo hagan? Es injusto que se aplique a unos y a otros no... Estoy seguro que regular en la calle de La Palma es beneficioso para los propios hosteleros, pero es que no hay alternativa que cumplir la legislación de accesibilidad y respetar también los derechos de los vecinos al descanso... Luego hay cuestiones de emergencia... La ordenanza fue fruto de muchas horas de trabajo y de la cesión de todas las partes y Horeca fue parte... hubo un acuerdo... la ordenanza no contenta del todo a nadie... como la Constitución... las leyes se pueden cambiar, pero no ponerlas en suspenso de forma arbitraria, porque yo, con mi iluminación, voy a arreglar la distribución... no hay un derecho de los hosteleros a explotar el espacio público... eso no existe, es una concesión administrativa... la calle no es del hostelero, es pública, es un disparate”.

“A nosotros también nos ha sorprendido mucho, no sólo como colectivo participante en la elaboración de la ordenanza y miembro de la comisión de seguimiento, sino como entidad colaboradora con el Ayuntamiento desde 2017”, confiesa para May García, vicepresidenta y responsable de accesibilidad de Agadi, la Asociación Gaditana de personas con Discapacidad Física. “La ordenanza está basada en la normativa de accesibilidad estatal y autonómica y es esa comisión donde se debe tratar... Si nos acogemos a que La Palma está en una zona vulnerable, la Barriada de La Paz ¿qué? y otros mucho sitios en esas condiciones socioeconómicas... Es una decisión unilateral absoluta del alcalde que deja fatal a su propio equipo de Gobierno y una falta de respeto a todas las entidades que hemos participado... Hay, además, una reciente modificación de la ley de accesibilidad que es todavía más restrictiva y de aplicación ya... Si el alcalde se va a reunir con los hosteleros, lo más correcto, honesto y transparente es que también lo hiciese con nosotros... las ordenanzas están para cumplirlas ¿qué ejemplo estamos dando entonces? ¿que se puede modificar? lo veríamos en el espacio que corresponde”.

Paco Gómez, de la Asociación de Vecinos Cádiz Centro, critica que sólo haya habido una reunión de la comisión de seguimiento y que el alcalde no haya asistido, a pesar de que la preside. “A nosotros nos han sorprendido tanto el alcalde como los portavoces de los grupos de la oposición defendiendo un trato diferente para La Palma. No, perdón. Si esa ordenanza no es válida, los grupos de la oposición pueden preparar, solicitar y presentar al Pleno una modificación o un ordenanza nueva. No se puede interpretar la ordenanza según se nos ocurra, porque sería un trato discriminatorio con respecto a los demás... Lo del alcalde nos deja totalmente fuera de juego, porque es quien debe liderar que se cumplan las ordenanzas que el mismo equipo de Gobierno ha presentado...actuar de manera contraria puede ser prevaricar... y la sensación del señor Vila debe ser de desautorización total”.

“En Facua, no compartimos en absoluto la decisión del alcalde porque la ordenanza se aprueba en un Pleno y el Ayuntamiento, si ve que es insuficiente, tendrá que modificarla”, coincide David Cifredo. “Lo que no puede hacer es saltársela. Y si hay que escuchar a los colectivos, como dice el alcalde, hay que recordar que en la mesa de participación todos presentaron propuestas. Todos cedieron. Si los hosteleros entienden que no se cubren toda sus necesidades, tampoco las del resto de los colectivos, que marcaron posiciones más duras, como Agadi o la ONCE. Lo que no vale es intentar colar por la gatera incorporar cuestiones que no se trataron. Porque entonces nosotros también estaríamos en nuestro derecho de retomar posiciones y de pedir que la ordenanza sea mucho más estricta y que haya menos mesas que las que permite la actual”.