El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, se ocupará en persona de encontrar una solución consensuada con los hosteleros de la calle de La Palma, en su barrio de La Viña, ante el grave problema que representaría la aplicación de la nueva ordenanza de terrazas sin tener en cuenta que se trata de un espacio singular, tal y como viene recogido en el texto de la norma. Los empresarios afectados vienen demandando desde la semana pasada una alternativa a un recorte de hasta más de dos tercios de sus mesas que pondría en peligro la supervivencia de más de una decena de negocios y a en torno a un centenar de empleos a lo largo de todo el año.

Desde el Gabinete de Alcaldía comunicaron ayer por la mañana a Antonio de María, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz, Horeca, que “el alcalde se reunirá con los hosteleros afectados por la regularización de sus terrazas en la calle de La Palma, conforme a la nueva ordenanza”. Y que “será él personalmente quien se va a encargar de realizar un plan que sirva para que los empresarios le den el visto bueno de la mano del Ayuntamiento”, adelantó a este periódico el propio De María, quien hace alrededor de una semana solicitó una reunión urgente por este motivo.

“El tema ha pasado de Urbanismo directamente a Alcaldía y no habrá ninguna exigencia hasta que esté aprobado dicho plan”, añadió el presidente de Horeca en relación a posibles sanciones que pudiese imponer la Policía Local, después de que los agenets apercibiesen a título informativo a algunos de los hosteleros el pasado miércoles.

Una fuente municipal ha corroborado a este periódico este anuncio de intervención directa del regidor gaditano en un asunto que compete de lleno a la Delegación que encabeza Martín Vila, teniente de alcalde de Urbanismo, Vía Pública y Movilidad, y, en segunda instancia, a la de Policía Local, que dirige Demetrio Quirós.

Pero esta no es la primera vez que el alcalde toma las riendas en persona en un conflicto que atañe directamente a su barrio o al asunto de la polémica aplicación de la nueva ordenanza de terrazas después de un tortuoso proceso de participación coordinado por Martín Vila. José María González ya se puso personalmente al frente del problema surgido entre algunas personas sin hogar en la plaza de Macías Rete, justo a las puertas del Centro de Acogida Municipal, que generó indignación y protestas vecinales. Y también actuó como una especie de mediador entre los hosteleros y la Delegación de Martín Vila cuando se comenzó a aplicar la nueva ordenanza de terrazas en la Plaza de San Francisco. Ambas intervenciones dieron sus resultados. En el caso de San Francisco, aplicando la misma ordenanza que en primera instancia implementaron los técnicos de Vila, hubo algún hostelero que pudo salvar hasta diez mesas.

Y es que la nueva ordenanza reguladora de las terrazas de bares y restaurantes establece una serie de normas aplicables a los veladores de toda la ciudad, pero también unas zonas denominadas literalmente “espacios singulares”, que “se excluyen de la obligación de que las mesas deban estar pegadas a la fachada del establecimiento sin sobrepasar sus límites”, recuerda De María. Se trata concretamente del artículo 24, punto 4. En estos espacios, localizados en el casco histórico pero también en Puertatierra, se establece la norma de que sólo podrá haber un tercio como máximo de la superficie ocupada con terrazas, reservando dos tercios para uso público.

Entre estos espacios están plazas como las de Mina, Mentidero y Candelaria, pero también calles como La Palma. “Se incorporan como anexos planos a título informativo de cómo resultaría la aplicación de esos criterios, que mejoran la alienación garantizando la accesibilidad sin perder mesas ni sillas respecto a las que están actualmente autorizadas”, dijo textualmente el propio Martín Vila en septiembre de 2018, cuando la ordenanza se sometió a exposición pública y necesitaba del máximo consenso. Así consta todavía en la página de Transparencia del propio Ayuntamiento de Cádiz.