Disparidad de opiniones entre los sindicatos sobre la Ley de Autoridad del Profesor

Esperanza Aguirre ha abierto el debate. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el martes una ley para conceder más autoridad a los docentes. La bautizó como Ley de Autoridad del Profesor y explicó que ésta concederá a todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública, por lo que las faltas que se realicen contra ellos tendrán una consideración más grave que en la actualidad.

Eso sí, esa futura norma anunciada en el seno del Debate sobre el Estado de la Región sólo será aplicable a los docentes que trabajen en los centros públicos madrileños. Pero el debate se ha extendido ya a todo el país.

En Cádiz hay disparidad de opiniones. El sindicato de enseñanza de CCOO de la provincia considera que es una buena iniciativa. De ahí que esta organización sindical solicitara hace ya tres años al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que las agresiones al profesorado fueran consideradas como "atentado a empleado público". Una cuestión que contempla el propio código penal, como expone el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco. Y le consta, dice, que la Justicia de Andalucía viene haciendo caso a esa recomendación. Pero eso no es suficiente. Agrega que hay que adoptar otras medidas para mejorar el clima escolar y la convivencia educativa, como disminuir el número de alumnos por aula. Y también señala hacia las familias. "Debe haber un compromiso importante por parte de las familias, porque los primeros responsables de la educación de un niño son sus padres".

A Luis Gonzaga Vilches, secretario provincial de FETE-UGT Cádiz, le parece "correcto" que se considere a los funcionarios docentes como autoridad pública. "Es una buena medida. Los padres no pueden zanjar con una simple multa su agresión o la de su hijo".

Nada que ver con la opinión que le merece esta medida a José Andrade Machado, responsable de Ustea Cádiz Sector Docente. "Un brindis al sol", así la considera. Primero porque recuerda que la Fiscalía ya concedió de forma expresa la categoría de autoridad al profesorado. Y segundo, porque considera que se debería apostar por medidas que realmente favorezcan el respeto a los docentes: "Es mucho más sensato el poder ejercer autoridad docente si la ratio del aula es la adecuada, si existe una posibilidad de desdoble en asignaturas complicadas, y si el profesorado de apoyo no tiene que sustituir. Todas estas medidas propician una mayor capacidad de atención a las necesidades del alumno. Y al estar el alumno más atendido genera menos problemas".

FSIE-Cádiz también se pronuncia sobre este asunto. Su secretaria provincial, Asunción Gigirey, explica que la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ya ha solicitado por escrito al Gobierno madrileño que no se excluya a ningún sector del profesorado, es decir, que la futura ley incluya también a los docentes de la enseñanza concertada y privada. "Las Administraciones deben salvaguardar de modo equitativo la integridad y los derechos de todos los profesionales de la enseñanza".

A quien no convence nada la Ley de Autoridad es a Pilar Triguero, presidenta de Codapa (Confederación de asociaciones de padres de alumnos de escuela pública). "Es un absurdo. La autoridad no se adquiere por etiqueta", defiende. Para la representante de Codapa, la solución es otra: "La familia debe recuperar la autoridad. Eso en primer lugar. Y luego, evidentemente, el profesorado. Pero eso no se consigue imponiendo etiquetas de autoridad. Así no se va a conseguir nada, sólo jugar con algo muy peligroso porque estaríamos convirtiendo en cabeza de turco a los padres de los alumnos menores que cometan algún tipo de agresión contra un profesor. Si a un niño se le ocurre toserle a su docente y éste lo denuncia porque a una autoridad pública no se le tose, los responsables legalmente serán los padres, no el menor".

De lo que hay que hablar es, según Triguero, de "un cambio social". "Ésa es la prioridad y no se consigue con leyes de autoridad. Insisto en que lo fundamental es que las familias recuperen la autoridad. Los padres somos los primeros que tenemos que imprimir unos modelos de comportamiento y respeto. Debemos esforzarnos por recuperar el modelo de autoridad familiar. Hay que empezar por ahí".