Hasta 50 diseminados se podrían regularizar con la nueva ordenanza

La proliferación de viviendas ilegales en el término municipal de El Puerto surgió a finales de los años 80, alcanzando su punto álgido en la década de los 90, y extendiéndose durante algunos años de 2000. En la actualidad se calcula que existen en el término municipal unas 5.000 viviendas en situación irregular, gran parte de ellas situadas en suelo no urbanizable al margen del planeamiento y por lo tanto "sin el adecuado proceso de parcelación, urbanización, previsión de servicios, dotación de saneamiento y caudales energéticos".

La peculiaridad de estas vivienda es que muchas de ellas están destinadas a primera residencia, de manera que se ha producido un traspaso de población desde el casco urbano y algunas barriadas a dichas urbanizaciones ilegales, que se han levantado sin planeamiento alguno, proliferando de forma desordenada.

Para poner orden en esa caótica situación urbanística y dar respuesta a un problema histórico de El Puerto, el Ayuntamiento ha elaborado la Ordenanza Municipal para la Regularización de las ARG y ARGT. Las Áreas de Regularización (ARG) son las sustitutas de las EMAs, grupos de diseminados irregulares constituidos en unidades básicas en un territorio, cuya ordenación y urbanización es el objetivo de la ordenanza municipal. En total, podrán ser objeto de regularización mediante la nueva ordenanza de EMAs hasta 53 diseminados ilegales extendidos por todo el término municipal. De ellos, 44 son Áreas de Regularización, y otros 5 Áreas de Regularización Transitoria.

La ordenanza para la regularización de EMAs fue presentada por el alcalde Enrique Moresco y por el concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, a finales del mes de marzo pasado, durante una rueda de prensa en la que explicaron sus pormenores. Una de las caractetísticas de la ordenanza es que está orientada a regularizar tanto los suelos como las edificaciones que se levantan de forma irregular en dichos suelos. Todo ello dentro de un proceso de integración de las EMAs en la ciudad, donde constituyen un problema endémico.

La elaboración de la ordenanza ha sido compleja y en ella se ha animado a colaborar a los propios diseminados y a los grupos políticos de oposición, a quienes el equipo de Gobierno entregó el borrador el viernes 22 de marzo para que hagan sus aportaciones antes de llevar el documento a Pleno para su aprobación inicial, lo que está previsto hacer a lo largo de este mes de abril.

La regularización de estas viviendas será flexible, ya que la ordenanza debe adaptarse a la realidad de cada EMA, donde existen distintos niveles deurbanización, dependiendo de cada caso. También, para facilitar la financiación (según el alcalde existen ya entidades bancarias interesadas), el proyecto de regularización se podrá ejecutar por fases. Otro objetivo es que el coste para los interesados sea el mínimo posible, como también para la ciudad, aunque el Ayuntamiento asesorará a los propietarios.

El denominador común es que los propietarios de todas las EMAs que quieran regularizar sus casas deberán constituirse en juntas de compensación, distribuyéndose los gastos de urbanización en la medida que corresponda a cada interesado. Las juntas de compensación tendrán que presentar en el plazo fijado por el Ayuntamiento y la ordenanza un proyecto de urbanización del Área de Regularización, el proyecto de reparcelación del área y las cesiones al Ayuntamiento. Los propietarios deberán firmar con el Ayuntamiento un Convenio Urbanístico de Gestión. En ese marco se establecerán el coste que asumirá cada propietario, que deberá abonar el 10% en concepto de aprovechamientos, compensaciones para los sistemas generales (10 euros por unidad de aprovechamiento); el exceso de edificabilidad de cada vivienda y las compensaciones entre vecinos. Para ello se concede un plazo de 10 años, con 120 cuotas. Para formalizar la documentación, los interesados podrán contar con la colaboración municipal. El proceso de regularización se extenderá de 12 a 14 años, según estima el alcalde.

Actualmente, el documento de la ordenanza se encuentra en fase de aportaciones, para ser llevado a Pleno, tras lo cual se constituirá una comisión de seguimiento formada por técnicos del área de Urbanismo, representantes del equipo de Gobierno, grupos políticos y colectivos sociales. No obstante, antes de poder aplicar la nueva ordenanza para urbanizar y regularizar las EMAs será necesario la aprobación previa del Plan General de Ordenación Urbana.