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Una de las empresas licitadoras de la Carpa de Carnaval de Cádiz 2026 denuncia irregularidades en el proceso

Postigo Restauración cursa un recurso de reposición, que ha sido ampliado esta misma semana, al que el Ayuntamiento de Cádiz todavía no ha contestado

Tres de las cinco empresas que aspiran a gestionar la Carpa del Carnaval de Cádiz 2026 renunciaron el año anterior

Imagen de archivo del montaje de la carpa de Carnaval, un año en el que estuvo instalada en el Muelle Ciudad. / Julio González

Antes de abrir sus puertas, la Carpa del Carnaval de Cádiz 2026 ya está en el centro de la polémica. Esta vez, su ubicación, los niveles de ruido que puede generar o los precios de sus productos -aspectos criticados en diferentes momentos de los últimos años- han sido desplazados del señalamiento que, ahora, pone en la diana un asunto de raigambre más profunda, el proceso de licitación de un enclave ya casi imprescindible del carnaval moderno.

De esta forma, la empresa Postigo Restauración, una de las cinco empresas que se han presentado al procedimiento público abierto desde el Ayuntamiento de Cádiz, ha denunciado a través de un recurso de reposición enviado al Consistorio gaditano "la posible comisión de prácticas colusorias y fraude", entendiéndose por colusión la conducta por la que distintos licitadores, que deben competir entre sí, conspiran para aumentar los precios, reducir la calidad de los bienes o servicios y/o repartirse los mercados dentro de los procesos de licitación pública.

De esta práctica se acusa desde Postigo al resto de empresas que se han presentado a la licitación de la Carpa del Carnaval este año -Antonio Veiga, Producciones de Grandes Eventos S. L., Francisco Toro Funes; y Global Transaction, que fue la adjudicataria en 2025- en un documento que enviaron hace unas semanas al Ayuntamiento de Cádiz y del que no han obtenido respuesta. De hecho, ante el silencio, esta misma semana ampliaron dicho recurso de reposición y, a día de hoy, según explican fuentes de la firma sevillana, tampoco han conseguido una explicación por escrito por parte de San Juan de Dios.

En esta denuncia Postigo sitúa a las empresas que se han presentado a la licitación de la Carpa 2026, entre otras firmas, en un patrón de ofertas simultáneas y de cobertura en la Carpa del Carnaval de 2023; de hacer ofertas agrupadas en el mismo momento (sincronización en la presentación de sus propuestas) en el Carnaval de 2024; de retirada concertada del ofertante más bajo en la licitación del escenario de la plaza de San Antonio del Carnaval 2024; y de formar parte de una cadena de renuncias para adjudicar al último postor, el de la oferta más baja, en el procedimiento para adjudicar la Carpa del Carnaval 2025, entre otras argumentaciones que sustentan su recurso con el que piden, bien que se les licite a ellos o que el proceso sea invalidado.

Reunión de la Mesa de Contratación el 2 de febrero

Asimismo, la denuncia de Postigo, cuarta empresa clasificada en la licitación de este año y adjudicataria de la barra del Falla de 2025, señala "la persistencia del esquema colusorio" en el actual procedimiento que todavía está pendiente de resolverse. De hecho, en el portal de contratación pública se ha fijado para este lunes 2 de febrero una nueva reunión de la Mesa de Contratación.

Ya esta mesa de Contratación hizo públicos los nombres y las ofertas de las empresas ofertantes a mediados de enero. Y es de esta clasificación de la que Postigo deviene "indicios" de los que "puede preverse la retirada sucesiva de los dos primeros licitadores", como ya "ocurrió en 2025", según fundamentan en su escrito.

"La mera posibilidad de que este esquema se repita por séptima vez evidencia la urgencia de una intervención inmediata por parte de la autoridad pública para salvaguardar la competencia", exigían en su primer recurso, mientras que en la ampliación interpuesta esta misma semana aseveran que fuentes del propio Ayuntamiento ya le han confirmado la retirada de esas ofertas, por lo que se ven con la razón en la mano para exigir claridad en el proceso.

Con todo, hay que recordar que desde el Ayuntamiento de Cádiz se multa con 20.000 euros a las empresas que retiren sus ofertas de este proceso de licitación. Una cantidad económica que pagaron las firmas que ya el pasado año abandonaron la adjudicación.

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