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La interpretación del Decreto 2/2012 vuelve a centrar el debate en el Pleno

Mientras que el PSOE se erige en portavoz de los colectivos que reclaman que esta normativa se aplique a un mayor número de viviendas, el PVRE insiste en la imposibilidad legal de la petición

Vista general del Salón de Plenos, durante la sesión de ayer.
Antonio F. González Chiclana

30 de mayo 2014 - 01:00

Como ya ha sucedido en otras ocasiones, el debate sobre la interpretación y la aplicabilidad del Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía relativo a la posibilidad de acceso a los servicios básicos por parte de viviendas situadas en suelo no urbanizable volvió a ser ayer el tema central del Pleno ordinario del mes de mayo.

Dicho debate giró en torno al punto relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento administrativo de declaración de situación de asimiladas a fuera de ordenamiento en suelo no urbanizable y al que hacía referencia a la aprobación inicial del documento 'Avance de planeamiento para la identificación de asentamientos urbanísticos en el suelo no urbanizable de Chiclana'.

Así, en términos generales, desde el equipo de gobierno, y en concreto la delegada de Urbanismo, Marisol Ayala, volvió a minimizar la incidencia que dicho Decreto de la Junta tendrá en la localidad, justificando esta circunstancia al explicar que "no somos nosotros los que establecemos los criterios y requisitos para poder incorporar a las medidas que se recogen en el Decreto 2/2012 a un mayor número de viviendas, como pueden ser las que se ubican en suelo urbano no consolidado, sino que es la Junta de Andalucía y la normativa que esta Administración ha redactado la que nos condiciona en esta materia", exponiendo además algunos de los extremos técnicos y procedimentales de las actuaciones que ahora pone en marcha el Consistorio en relación a este Decreto.

Por su parte, desde el PSOE, el portavoz de dicho grupo, José María Román, se erigió en portavoz de diferentes colectivos y plataformas de vecinos y afectados por la regularización de viviendas, con los que el PSOE se reunió el miércoles, para volver a demandar una interpretación más extensa del citado Decreto, "de forma que pueda llegar a beneficiar en la ciudad a unas 7.500 viviendas, 4.000 viviendas aisladas en suelo no urbanizable y 3.500 viviendas en asentamientos urbanísticos". En esta línea, Román criticó la decisión municipal a la hora de redactar el PGOU de incluir muchas de estas viviendas entre los suelos urbanos no consolidados, "con lo que se les impide la posibilidad de acceder a los servicios básicos por la puerta del Decreto 2/2012, con todo lo que ello supone de imposibilidad de facilitar a numerosas familias estos servicios y de impedir numerosas actuaciones que beneficiarían a la actividad económica en la ciudad".

Según Román, "estas medidas relacionadas con el Decreto de la Junta llegan con dos años de retraso, ya que el PSOE las propuso en su día y no se le tuvo en cuenta, igual que ha pasado con el propio PGOU, que años después dibuja un panorama muy similar al de 2010, con un Plan muy parecido al de entonces y unos costes de regularización equiparables a aquellos, con la salvedad de que estamos en una realidad muy diferente a la de entonces y las posibilidades de los vecinos también son mucho menores".

Por su parte, Ayala (PVRE) concluyó el punto asegurando que estaría dispuesta a ir de la mano del PSOE de Chiclana a la Junta para conseguir que las viviendas ubicadas en suelo urbano no consolidado pudieran beneficiarse del Decreto 2/2012, "algo que ya nos han negado con anterioridad", afirmó.

Por otra parte, el Pleno también sirvió para, entre otras cuestiones, aprobar un crédito de un millón de euros para pagar una deuda de Emsisa, pago con el que se condonarían unos 500.000 euros de intereses. La aprobación ayer de otro crédito de similar cuantía permitirá a Chiclana Natural acometer diversas inversiones, mientras que por la vía de urgencia se aprobó la inclusión de la ciudad en la modificación de condiciones financieras aprobada recientemente por el Ministerio de Hacienda y relativa a los prestamos destinados al primer plan de pago a proveedores, unos cambios que supondrán un ahorro de medio millón de euros en intereses.

Tras un Pleno en un clima de semicordialidad, como el propio alcalde lo definió en algún momento, la sesión terminó por la vía rápida ante los continuos enfrentamientos entre gobierno y PSOE durante un polémico y controvertido torno de preguntas.

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