AIG pide el rescate del servicio municipal de Ayuda a Domicilio en Cádiz

No parece que la solución al problema suscitado, contra todo pronóstico, en el servicio municipal de Ayuda a Domicilio vaya a ser fácil. No, al menos, desde la óptica de Adelante Izquierda Gaditana, que dibuja un mapa tan complicado como eterno tras el escenario generado con la renuncia de la adjudicataria actual, Óbolo, tan solo un mes después de iniciar el contrato.

Dijo hace unos días el alcalde, Bruno García, que en caso de aceptar el Ayuntamiento esa renuncia de Óbolo se optaría por adjudicar el contrato a la empresa que quedó segunda (y última) en la licitación. Y asunto resuelto.

Pero lejos de esto, Adelante asegura que esta operación administrativa es imposible, porque no está autorizada por la legislación actual. “Una vez adjudicado el contrato no se puede dar luego a una segunda empresa; no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Ley de Contratos del Sector Público”, asegura Carlos Paradas, que cita varios artículos que harían referencia a esa imposibilidad de volver a la clasificación de ofertas una vez culminado el proceso de licitación con la adjudicación y firma del contrato.

Por tanto, AIG entiende que legalmente el paso que tiene que dar el Ayuntamiento es iniciar un nuevo proceso de licitación del contrato. Y para ello, da por hecho Paradas que debe redactarse un nuevo pliego; entre otros motivos, “porque al anterior concurso sólo se presentaron dos empresas, y si la adjudicataria ha dicho que no es viable económicamente, no hay dudas”.

Todo ello se traduce en meses, cuando no más de un año, de tramitación y proceso administrativo. Tiempo que AIG considera excesivo dadas las circunstancias actuales con Óbolo y los problemas que están teniendo los trabajadores en el pago de sus nóminas.

Al mismo tiempo, rechaza también Adelante la posibilidad de que se pueda tramitar un nuevo contrato por la vía de emergencia, “ya que no hay ninguna emergencia que justifique esa posibilidad”, entiende Paradas. Y es que entiende el concejal de la oposición que Óbolo tendría que haber hecho sus cuentas y cálculos económicos antes de presentar la oferta al proceso de licitación, “y no una vez firmado el contrato”.

Ante esta situación, que AIG considera tremendamente complicada, la formación plantea el rescate del servicio por parte del Ayuntamiento, lo que a su juicio sería la única medida que garantiza la normalidad en la Ayuda a Domicilio y la tranquilidad de trabajadores y usuarios, “independientemente de que haya o no haya municipalización, que lógicamente nosotros apostamos por que se municipalice”, dice Carlos Paradas.

Y es que, efectivamente, Adelante sigue insistiendo en la necesidad de municipalizar el servicio; algo que consideran más que necesario a raíz de este último episodio que está sufriendo con Óbolo. De hecho, ha anunciado el grupo municipal que en el Pleno de este mes va a presentar una nueva moción pidiendo la municipalización del servicio, que entienden es el “único camino para dignificar las condiciones laborales de las casi 400 trabajadoras y el propio servicio, que es esencial para un millar de personas mayores y dependientes de la ciudad”.

AIG reclama que el gobierno de Bruno García “tome cartas en el asunto como principal responsable del servicio y, también, como parte implicada, al ser firmante del acuerdo en el Sercla que se está incumpliendo”. Además, considera este grupo que el Ayuntamiento “ha sido objeto de una estafa por parte de la adjudicataria”.