Las grandes localidades de la provincia estaban en plena ebullición en abril de 1979. El tercer día de ese mes se celebraron las primeras elecciones municipales desde la caída de la II República. A los consistorios llegaron decenas de concejales de nuevo cuño, elegidos por sus propios vecinos, la gran mayoría, por no decir todos, con escasos conocimientos de la gestión pública.

Por si fuera poco, llegaron a una administración, la local, que estaba en todas estas localidades, sin ninguna excepción, desmantelada. No contaba con estructura alguna de gobierno, el personal técnico era inexistente, los recursos materiales anticuados y el dinero, ausente.

Exagerando, aunque no mucho, la realidad, estos primeros ayuntamientos de la democracia pusieron las bases para la conversión de estos pueblos en ciudades de hecho. Con estos ayuntamientos se transformaron en ciudades modernas, salvando décadas de atrasos en todos los aspectos.

Diario de Cádiz ha reunido a cuatro arquitectos que fueron esenciales en este desarrollo urbano, con la elaboración de los primeros planes en los que el bienestar de los vecinos y el crecimiento armónico eran las pautas a seguir. Juan Jiménez Mata, Juan Acuña, Rosa Urioste y Fernando Domínguez desempolvaron viejos recuerdos de una etapa muy intensa, única en sus carreras.

Cuando se construía de cualquier forma

Aunque todos ya habían iniciado sus carreras profesionales por primera vez entraban de lleno en la gestión pública. Frente a ella habían actuado aprovechando a un combativo Colegio de Arquitectos, que entre otras cuestiones fue fundamental para evitar la construcción del Cádiz-3. Ahora se disponían a ordenar el desorden.

"Hasta ese momento se construía de cualquier manera, de forma desaforada. Los planes no se cumplían hasta el punto que nos llegaban a decir, desde los mismos ayuntamientos, que el plan era "una norma para andar por casa" que se modificaba según la necesidad de cada actuación", recuerda Jiménez Mata que coincide con sus compañeros a la hora de afirmar que en 1979 el mayor desastre se producía en Chiclana "que soportaba un PGOU muy antiguo con un desarrollo turístico a tope. Era una ciudad sin ley".

Aunque sorprenda, una ley elaborada por el franquismo jugó un papel de relevancia como apoyo al inicio de la modernización de la legislación urbanística, apoyo para los cambios que estaban por venir. La Ley del Suelo de 1975, elaborada por técnicos progresistas "infiltrados" en el Ministerio de la Vivienda en una dictadura en plena descomposición, "supuso un recorte en las expectativas del negocio inmobiliario desaforado", poderoso durante todo el franquismo. Una ley que, además, obligaba a reformar los PGOU entonces vigente. Por primera vez se hablaba de las obligaciones de los promotores y no solo de los beneficios. "Hasta entonces, quienes tenían un solar hacían lo que quería", relatan. Y es que no se reservaba espacio para los colegios, los equipamientos sociales, los espacios públicos. "Durante años, el Ayuntamiento de Cádiz no ocupó el suelo que le hubiera correspondido. No hay que olvidar que el Plan de entonces decía que la playa era el gran espacio público de la capital", lamenta Jiménez Mata.

Hoy es difícil imaginárselo, especialmente para quienes tienen menos de cincuenta años y no han tenido interés por conocer la historia más reciente de su ciudad, pero el Cádiz de 1979, el espacio físico donde entonces vivían cerca de 160.000 personas (40.000 más que en la actualidad) estaba degradado, muy degradado.

Pocas semanas antes de las elecciones del 3 de abril de 1979, Diario de Cádiz publicó varios reportajes gráficos, en sus inmensas páginas tamaño sábana, en los que repasaba el estado de abandono de calles, plazas y barrios enteros. Sin exagerar hay zonas que parecían salidas de una batalla o nos hacen retroceder a la pobreza de la postguerra. La Laguna no tenía una red de saneamiento adecuada y cada vez que caían dos gotas se inundaba. Loreto, Puntales tenían calles de arena. En Santa María todo estaba levantado y era complicado circular por sus calles...

La ciudad adolecía de espacios culturales. El Teatro Falla, cada vez más deteriorado, funcionaba como cine. El Ministerio de la Guerra (hoy Defensa) era propietario de los castillos y de todo el frente del parque Genovés. El casco antiguo duplicaba la población de 2019 con barrios donde la infravivienda era el modelo de vida normal.

Los ayuntamientos democráticos recuperaron las playas

La propia playa, que en su día quiso convertirse en el imagen de la modernidad de una ciudad ya decadente, se ofrecía con sus casetas de mampostería y de madera como un equipamiento pasado de época. Cádiz, además, ya soportaba un importante déficit de plazas hoteleras.

Y por si fuera poco, la industria naval y el puerto tenían ya los síntomas de una dura crisis que llegaría al poco.

Con este panorama aterrador, una imagen que se podía repetir en las grandes localidades de la provincia, llegaron los primeros ayuntamientos democráticos. Dispuestos a refundar un nueva ciudad, con tres mil años a cuesta.

Sin dinero para invertir

"No sabíamos por dónde empezar", recuerda Juan Jiménez Mata. Lo fácil, viendo cómo estaban las cosas, era reducir las expectativas, aplicando puramente la ley. Pero a la vez se asumía que la ciudadanía había puesto en el nuevo Ayuntamiento todo su afán de mejora. Encima, las arcas municipales estaban secas. La financiación de las obras del puente Carranza habían dejado a un Ayuntamiento de por si ya empobrecido, al bordo de la quiebra. El Estado, además, no estaba en situación de soltar mucho dinero, mientras que aún habría que esperar unos años para la constitución de la administración regional.

Hay muchos ejemplos de cómo la ausencia de fondos retrasó e impidió muchas actuaciones de la nueva Corporación. Primero, cuando se pidió dinero al Banco de Crédito Local para arreglar una calle. La entidad pública dijo que la cantidad era ínfima por lo que hubo que preparar un plan de urbanización más ambicioso; segundo, cuando se elaboró el primer PGOU de 1983 la inversión global para el conjunto de la ciudad se elevaba a 2.000 millones de pesetas, por lo que se descartó soterrar la vía férrea que tenía un coste de 16.000 millones de pesetas.

En estos años, el gobierno de Carlos Díaz tuvo que acudir a la chequera para comprar suelo militar que después, como en Genovés, se cedió a la nueva Universidad. Negociaciones complicadas, especialmente en este caso porque el Ministerio contaba ya con un plan especial para tirar los históricos cuarteles y levantar viviendas, lo que se pudo evitar.

Si hoy la ciudad necesita, en buena parte, operaciones urbanísticas de microcirugía, la situación de degradación del casco antiguo obligaba a una actuación global, de gran calado, con un coste imposible de asumir y con una densidad de población tan enorme (60.000 habitantes, los mismos que en 1979 tenían Chiclana y Puerto Real juntos). El primer paso fue elaborar un plan especial en los que estaban implicados los arquitectos que participan en la charla con este diario.

"El casco antiguo estaba machacado, muy machacado. Más que el de Sevilla, por ejemplo", destaca Rosa Urioste, que recuerda como se recorrieron una por una todas las fincas de intramuros para hacer un catálogo, hasta entonces, como casi todo, inexistente.

Fue difícil actuar en las viviendas, saturadas de familias, por la necesidad de buscar acomodo en otros puntos de la ciudad, pero sí se actuó en una sustancial mejora de los equipamientos públicos, comprando la antigua sede de San Felipe Neri para colegio público (costó 30 millones de pesetas) o los edificios militares donde se levantó el Carlos III.

Fernando Domínguez se muestra más escéptico con lo que finalmente se pudo realizar, y más aún con lo que se fue ejecutando después, con el paso de los años. Menciona así la reforma de la guardería municipal sobre el suelo del antiguo castillo de la Villa, el costoso proyecto de llevar las aguas negras del barrio de Astilleros hasta la plaza de San Juan de Dios "que no ha servido para nada" o el problema del tráfico nunca resuelto. Y sobre todo, de nuevo, la vivienda. "Se constataba el problema, pero no había dinero", concluye Domínguez que también considera que el plan de rehabilitación iniciado en 1999 "se planteó mal, con obras muy rápidas". O el Plan Andalucía 92, nacido como acompañamiento de los fastos de la Exposición de Sevilla. "La mayoría de los proyectos que se promovieron en Cádiz fueron un fracaso".

En 1982 Florencio Zoido dirige un extenso equipo encargado de elaborar las "Bases para la coordinación del planeamiento urbanístico de la Bahía de Cádiz". El documento hace un análisis de la capital en el que ya alerta de problemas que se hará realidad pronto.

"Cádiz ciudad presenta un grado de consolidación urbana de su término que debe darse por definitivo, pues en otro caso se comprometerá gravemente el futuro de toda la Bahía. Este hecho supone, además de una situación muy peculiar, un verdadero reto por el que se pide a una capital de provincia que autolimite su crecimiento con el riesgo subsiguiente de que entre en un camino de pérdidas progresivas por irresolución e inercia: un proceso que podría llegar a afectar incluso a todo el área por decadencia de su foco principal".