Carpetazo a la fábrica en la Zona Franca Torrot asegura que iba a aportar cuatro millones de fondos propios para construir la planta de Cádiz

  • La empresa critica a la Junta por generar “inseguridad jurídica” al no responder oficialmente a su petición

  • El Ministerio de Industria concedió a GasGas, la otra marca de Torrot, 4,6 millones de euros para mejoras en la planta de Salt en la misma convocatoria que rechazó una solicitud para Cádiz

Obras paralizadas de la fallida planta de Torrot en la Zona Franca de Cádiz. Obras paralizadas de la fallida planta de Torrot en la Zona Franca de Cádiz.

Obras paralizadas de la fallida planta de Torrot en la Zona Franca de Cádiz. / D. C.

Torrot se marcha de Cádiz entre reproches a la Junta de Andalucía, a la que acusa de generar “inseguridad jurídica” por no dar contestación oficial a la petición de 4,2 millones de euros a fondo perdido para su planta de la Zona Franca. “La primera respuesta oficial ha sido sorprendentemente a través de Diario de Cádiz, cuando hemos conocido, por fin, la denegación del expediente”, indicaron fuentes de toda solvencia de la compañía, que expresaron su extrañeza por el hecho de que la administración andaluza no cursara su solicitud alegando que la aportación de fondos públicos superaba el 75% de la inversión.

La empresa señala que “nunca pretendió financiar la fábrica de Cádiz exclusivamente con fondos públicos”. Para acometer la primera fase del proyecto, que implicaba un desembolso de 12,5 millones, Torrot obtuvo un crédito blando de 8,5 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria a través de la convocatoria de 2017 de los Fondos para la Reindustrialización de la Bahía de Cádiz, conocidos como Fondos Reindus.

Aunque la procedencia de esta aportación financiera es pública, las mismas fuentes incidieron en que “suponía, de facto, un crédito, que no una ayuda, de 8,5 millones”. Según la empresa, la inversión para la primera fase se completaría con “otros cuatro millones de euros aportados por Torrot, hasta hacer un total de 12,5 millones”. Sin embargo, la empresa no menciona la aportación de 1,5 millones de euros que hizo Zona Franca para rehabilitar las antiguas naves de Altadis que iban a acoger la plantas.

La totalidad del proyecto, con la fábrica terminada y lista para funcionar, implicaba diez millones más, hasta un total de 22, a acometer en otras dos fases, según Torrot. “De ahí que se solicitara una segunda línea de financiación a cargo de los Fondos Reindus, en los mismos términos que la anterior –crédito blando, a devolver en diez años con un 4% de interés–, que nos fueron denegados”, indicó Torrot. “La ayuda real de estos créditos se traduce en el ahorro que supone el bajo interés, que supone unos 150.000 euros anuales” durante el periodo de de devolución.

En la convocatoria de 2018 de los fondos Reindus consta entre la solicitudes desestimadas una petición de Torrot para la “ampliación de planta de producción para mejora de capacidad de fabricación del vehículo eléctrico de tres ruedas”. Sin embargo, en el mismo documento se recoge la concesión de 4,6 millones de euros a GasGas Motorcycles S.L.U., la otra marca de la compañía, para “mejoras/modificaciones de líneas de producción Planta GasGas en Salt (Gerona)”.

Esta factoría es la que sufrió un grave incendio en mayo de 2018, suceso que la compañía considera determinante junto a “la falta de apoyo institucional” para abandonar el proyecto de Cádiz, según indicó este jueves su director general, José Antonio Lombardía.

En cuanto a la ayuda solicitada a la Junta de Andalucía a través de la Agencia IDEA, la empresa defiende que “de acuerdo con las bases, no era incompatible con la concesión de créditos con cargo a los Fondos Reindus”.

“Tras mantener varias reuniones con técnicos de la citada agencia para que nos indicaran posibles errores a subsanar, lo cierto es que en tres años ni se nos indicó nunca la incompatibilidad con los Reindus ni se recibió respuesta oficial al expediente presentado en 2017”, sostuvo Torrot, que aseguró que esta situación generó “una situación de inseguridad jurídica que no ha ayudado a nuestra apuesta firme por implantar la fábrica en Cádiz”.

Nuevas previsiones

La empresa se centrará ahora en remontar el vuelo con la reactivación de su planta de Salt. La compañía prevé producir este año más de 7.000 motos con la marca Torrot y otras 3.000 motos de trial con la marca Gas Gas, donde KTM tomó el año pasado una participación de control tras adquirir el 60%.

Las previsiones contrastan con las cifras de 2019, año en el que se desplomó el número de unidades ensambladas por debajo de las 1.600, un 83% menos que en 2017, último ejercicio completo antes del incendio. Torrot confía en facturar este año 45 millones de euros, multiplicando por cinco los ingresos de 2019, según publicó esta semana Expansión.

En la gestión de Torrot ya no están Rafael ni Iván Contreras, quienes han mantenido una estrecha relación con Black Toro Capital, desde que este fondo rescató a Carbures, empresa fundada por Rafael Contreras.

Iván Contreras fue relevado el pasado mes de octubre por Enrique Sanz, director de Operaciones de Black Toro Capital, principal accionista de Torrot. A su vez, su primo Rafael Contreras se ha desvinculado de Torrot con la cancelación del proyecto gaditano, aunque sigue siendo presidente de Airtificial, la empresa resultante de la fusión de Carbures e Inypsa y en la que precisamente Black Toro es uno de sus accionistas significativos, con más del 20% del capital, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tanto el socio fundador de Black Toro, Ramón Betolaza, –que participó en la primera piedra de la planta de Cádiz en febrero de 2019–, como el consejero delegado de Torrot, Enrique Sanz, son miembros del consejo de administración de Airtificial.

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