"El gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y Ciudadanos, y de Vox, quiere cargarse los planes de empleo". A eso resume el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, la actitud de la Administración andaluza que "se niega a aportar el dinero" que falta para cubrir los gastos del incremento de los salarios mínimos que no estaba previsto en la última convocatoria de los planes de empleo (Joven, +30, mayores de 45 y mayores de 55). Para San Fernando supone un desfase de 191.870 euros, afectando a 183 puestos de trabajo.

El gobierno municipal reacciona de esta forma después de recibir el jueves un escrito en el que aporta como solución la posibilidad de hacer cambios en los programas que se subvencionan. "Nos dicen que lo que tenemos que hacer es quitar los empleos destinados a los grupos de cotización más bajos o que los sustituyamos por personal más cualificado", advierte el edil socialista.

Eso se traduce según los datos aportados por el gobierno local en la eliminación de 183 puestos de trabajo (de los 327 empleos contemplados): 69 albañiles, 46 pintores, 17 electricistas, carpinteros y soldadores, 20 peones de albañilería, 20 conserjes y 20 auxiliares administrativos. De ellos hasta 93 corresponden a puestos para mayores de 45 años. "Son los colectivos que precisamente tienen más dificultades para encontrar empleo", matiza.

Personas con nombre y apellidos que esperan una oportunidad para reincorporarse al mercado laboral", abunda, para rematar: "Seguro que ni el presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla, ni su consejero de Empleo recibirán diariamente a personas desesperadas por encontrar un trabajo en sectores como los citados". El responsable de Presidencia recordó que los planes de empleo nacieron precisamente con el reto de incorporar al mercado de trabajo a personas que buscaban su primer empleo o personas sin cualificación con más edad, de ahí que exija una solución al gobierno andaluz.

Desde la Junta ya se dejó claro hace unos días cuál era su postura al respecto en una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP): que estaba la posibilidad de que los ayuntamientos, como contratantes directos que reciben una ayuda para ello, asuman el sobrecoste o la opción administrativa de solicitar una modificación de la resolución de concesión para adaptar los contratos, es decir cambiar el grupo de cotización. Ambas cuestiones son rechazadas por el Ayuntamiento isleño que menciona que la convocatoria de la subvención se dejaba claro que no requería aporte económico de las administraciones locales y que insiste en que "no es de recibo que se plantee dejar fuera a estos colectivos".