Odyssey alega que la carga del barco 'La Mercedes' era privada

La empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration ha presentado por escrito en un tribunal de Tampa (Florida, Estados Unidos) sus objeciones a la recomendación de un juez para que vuelva a España el tesoro valorado en más de 500 millones de dólares que envió a su país de origen desde el aeropuerto de Gibraltar.

"Estamos descontentos con la recomendación inicial del juez, pero sabemos que se trata de un caso complejo y que se trata de hechos únicos", dijo en un comunicado Melinda MacConnel, vicepresidenta de Odyssey.

En el escrito, la empresa de exploración submarina impugna el informe y las recomendaciones del juez encargado del caso, Mark Pizzo, que dio la razón a España en su reclamación del tesoro de 500.000 monedas de plata y oro rescatado por Odyssey en el Atlántico en mayo de 2007, todo indica que del buque Nuestra Señora de las Mercedes.

A juicio de MacConnel, la recomendación orilla algunos puntos clave, por lo que, dijo, están "confiados en que los hechos y la aplicación de la ley serán favorables" a sus intereses finalmente.

Odyssey, con sede en Tampa, esgrime como argumentos contrarios a la decisión del magistrado Pizzo el hecho de que los "estándares legales aplicados en la revisión (del caso) son incorrectos" y que "no existen restos congruentes de un barco en el lugar" donde tuvo lugar el rescate del tesoro. La empresa duda de la existencia del barco, pero después se apoya en las características de su viaje cuando naufragó para aportar más alegaciones.

En este sentido, resulta un factor esencial para Odyssey la naturaleza comercial de la misión en que estaba comprometido el barco que transportaba el tesoro de monedas de plata y oro rumbo a Cádiz. "Hay una prueba convincente y clara de la naturaleza comercial" del buque también conocido como La Mercedes en el momento de su desaparición en 1804, "lo que legalmente anula el principio de inmunidad soberana", señala la compañía cazatesoros.

Buena parte de la reclamación de Odyssey se basa en que la mayoría de las monedas del cargamento recuperado "pertenecía a mercaderes e individuos privados que pagaron unos honorarios por su transporte". Como testimonio, consta en la documentación, según la empresa, un total de 173 recibos de mercancía embarcada que prueba que cerca de un 75 por ciento de los envíos eran "propiedad comercial privada", por lo que, en consecuencia, el tesoro no debería ser entregado al Gobierno español.

Por otro lado, la misma línea argumental utiliza cerca de una treintena de descendientes de los mercaderes propietarios del tesoro.