El robo de 7,8 millones en la caja del Ayuntamiento de San Fernando llega a la Audiencia de Cádiz

Los principales encausados por el robo de 7,8 millones de euros de la caja de efectivo que existía en el Ayuntamiento de San Fernando -entre ellos el principal sospechoso, el funcionario Clemente Ruiz- han pasado este viernes por el Palacio de Justicia de Cádiz en una audiencia previa que se enmarca dentro de los trámites preceptivos antes de la celebración del juicio tras el escrito de calificación presentado por el fiscal, que se conoció en mayo del pasado año. Tras años de espera, sin embargo, este paso materializa un avance en una causa que para La Isla sigue siendo una herida pendiente de cerrarse y una instrucción que se ha dilatado excesivamente en el tiempo.

Clemente Ruiz, al igual que otros procesados, ha solicitado la asistencia jurídica gratuita, habiéndose designado en recientes fechas un abogado de oficio para su defensa. Su presencia en la Audiencia de Cádiz responden a la primera toma de contacto para pulir la tramitación del procedimiento.

La Fiscalía plantea penas que suman hasta 16 años de prisión para el funcionario que fuera responsable de la caja de efectivo de las oficinas de Hacienda de la localidad isleña donde durante años y de manera continuada se llevó a cabo la sustracción de caudales. Clemente Ruiz ha sido el único imlicado en el proceso que ha estado en prisión provisional (entre noviembre de 2009 y julio de 2011).

Para la que fuera su compañera en el Ayuntamiento de San Fernando, María José Lebrero, que también está procesada, las penas propuestas por la acusación pública suman en su conjunto hasta 12 años.

El próximo 1 de abril hará 17 años que el polémico desfalco puso patas arriba al Consistorio isleño y desató un auténtico tsunami político y social de inéditas proporciones al implicar la sustracción de una desorbitada cantidad de dinero: hasta 7,8 millones de las arcas municipales habían desaprecido sin que nadie se hubiese percatado de ello.

Hay, además, otras tres personas procesadas por su relación con la trama para las que la Fiscalía pide también cuatro años de prisión por un delito de blanqueo de capitales.

A Clemente, concretamente, se le piden en el escrito de acusación fiscal 6 años de prisión así como la inhabilitación absoluta durante 12 años por un delito continuado de malversación de caudales públicos, otros 4 años de cárcel por falsedad en documento oficial cometido en su calidad de funcionario; 2 por falsedad en documento privado y mercantil; y otros 4 por blanqueo de capitales.

Por su parte, en el caso de María José Lebrero, en el escrito de calificación se plantean las siguientes penas: 6 años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como inhabilitación absoluta durante 12 años; 4 años por falsedad documental en documento oficial cometido por funcionario; y 2 por falsedad en documento privado y mercantil.

Además, se especifica que los acusados, conjunta y solidariamente, tendrán que indemnizar al Ayuntamiento isleño en las cantidades que el Tribunal de Cuentas haya fijado la responsabilidad civil o, subsidiariamente, en 7.808.986,22 euros, suma que se habrá de incrementar conforme a los intereses legales.

Al plantearse todas estas penas, el fiscal especifica también que concurre la atenuante de dilaciones indebidas dado el largo tiempo que ha transcurrido.

La Fiscalía concreta además la cantidad sustraída de manera ilícita de la caja en efectivo en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de abril de 2009, que fue cuando la Policía detuvo a los dos responsables de la caja de las oficinas municipales de Hacienda al darse cuenta de que faltaba dinero –y mucho– tras varios días intentando cuadrar un desfase contable que había salido a la luz en una auditoría de la Cámara de Cuentas. El importe desaparecido de las arcas públicas, concretamente, asciende a esos 7.808.986,22 euros a los que se eleva la cantidad que se reclama a los acusados.

De las oficinas municipales de Hacienda se sustraía a diario una cifra redonda que osciló entre los 500 y los 45.000 euros.

En cuanto a la forma en la que se cometió el desfalco de la caja, tal y como ya advertían las investigaciones policiales llevadas a cabo en su día y como se puso igualmente de manifiesto en el proceso desarrollado por el Tribunal de Cuentas, se refiere la manipulación sistemática de las llamadas hojas de caja, documento que servía para llevar la contabilidad diaria y en el que se anotaban gastos e ingresos que se efectuaban en esta ventanilla del Ayuntamiento de San Fernando: desde ingresos procedentes de plusvalías y sanciones hasta aplazamientos concedidos o liquidaciones de otros impuestos municipales, así como el pago de ayudas sociales, dietas, gastos médicos del personal, etcétera.

El dinero sustraído provenía del montante existente en la caja, pero también de cheques y talones bancarios que se expedían a estos funcionarios bajo el falso pretexto de que era necesario aumentar la liquidez de la caja para hacer frente a determinadas operaciones, como el pago de ayudas de emergencia social que supuestamente se atendían a solicitud del propio Ayuntamiento.

E incluso también pago de tasas por el corte de calles o, incluso, por la retirada de vehículos que se llevaba la grúa municipal por haber cometido infracciones. Los acusados, de hecho, eran los encargados de recibir el importe de las tasas abonadas a los agentes locales de Policía y, a partir de 2005, de retirar el efectivo de la máquina de cobro que se instaló a tal efecto en las dependencias de la Jefatura.