El Tribunal de Cuentas ha dictado con fecha del pasado día 21 el auto de ejecución de la sentencia del procedimiento de reintegro por alcance que se abrió a raíz del robo de 7,8 millones de euros de la caja de efectivo que existía en las oficinas municipales de Hacienda y que salió a la luz en 2009, hace ya casi diez años.

Esta resolución del departamento primero de la sección de enjuiciamiento se produce una vez que se han resuelto todos los recursos presentados, incluidos los que algunos de los implicados plantearon sin resultado ante el Tribunal Supremo, que no llegaron siquiera a ser admitidos, como se conoció en el pasado mes de abril. En paralelo, cabe recordar, se encuentra la vía penal, que acumula ya varios años en su fase de instrucción y a la espera de que se determine la fecha del juicio.

La sentencia de 2 de diciembre de 2013 cifra en 7.665.733,92 euros los perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento de San Fernando –algo menos de la cantidad fijada inicialmente– y declara responsables contables directos a los funcionarios Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis, que eran los trabajadores municipales que estaban al cargo de la citada caja que existía en las oficinas de Hacienda, donde a diario se efectuaban pagos al Ayuntamiento (plusvalías, garantías, etc...).

A los 7,6 millones de euros que se reclaman se les suman también los intereses legales correspondientes

Como tales, y con independencia del resultado que tenga el proceso penal, ambos se ven obligados a responder por estos 7,6 millones de euros más los intereses legales correspondientes. Y ahora el Tribunal de Cuentas, una vez resueltos los recursos, se los reclama al plantear el último paso del proceso contable: la ejecución de la sentencia.

Al resto de implicados este procedimiento de reintegro por alcance –alcaldes, interventores y tesorera– se los considera en la sentencia de 2013 responsables subsidiarios, por lo que deben responder con cantidades muy inferiores que, a tenor de los cargos que ocupaban durante el tiempo en el que se produjo el robo de la caja, oscilan entre los 67.450,72 y los 29.250 euros.

Eso sí, dicho pago –al tratarse de responsables subsidiarios y no directos, como ocurre con los dos funcionarios que estaban en la caja– solo tendría que afrontarse cuando no hayan podido hacerse efectivas las responsabilidades directas. Es decir, si Clemente y María José Lebrero no responden con su patrimonio por esos 7,6 millones de euros desaparecidos de la caja de Hacienda.

El decreto y el auto de ejecución de la sentencia a favor del Ayuntamiento de San Fernando que el Tribunal de Cuentas ha dictado hace apenas unos días supone el primer paso en firme que se da en casi una década para que las personas consideradas responsables de lo ocurrido devuelvan dinero que durante varios años se esfumó de las arcas municipales de la manera más escandalosa posible y sin que fuese detectado por los mecanismos de control rutinarios habida cuenta del desfase contable que existía en el Ayuntamiento en aquellas fechas.

Con estas resoluciones –primero– se acuerda abrir en el proceso piezas separadas de ejecución a Clemente Ruiz y a María José Lebrero como responsables directos reclamándoles esos 7.665. 733, 92 euros más los intereses legales y de mora procesal. Del mismo modo, el decreto dictado desde el Tribunal de Cuentas apunta la adopción de las medidas pertinentes para la localización y averiguación de los bienes de los dos responsbales directos al objeto de responder con su patrimonio. También se acuerda la liquidación de los intereses correspondientes, que tienen que sumarse a la cantidad reclamada.

El robo de la caja, del que se cumplirán diez años el 1 de abril de 2019, sigue siendo uno de los temas más escandalosos que arrastra el Ayuntamiento isleño, a la espera sobre todo de avances en la vía penal.

Los responsables subsidiarios: de 67.450 a 29.250 euros 

Aunque la responsabilidad contable directa recae sobre los dos funcionarios que estaban encargados del funcionamiento diario de la caja, que además son los principales sospechosos en el proceso penal, el Tribunal de Cuentas consideró también en la sentencia de 2013 responsables subsidiarios a los dos alcaldes que gobernaron durante el periodo en el que se produjo la sustracción de fondos, Antonio Moreno y Manuel María Bernardo, por la cantidad de 29.250 euros cada uno; al que fuera interventor del Ayuntamiento hasta que se jubilara, Rafael Monzón Ristori, para el que planteaba un total de 29.779 euros; al que fuera tesorero y posteriormente –hasta la actualidad- interventor, José Antonio López Fernández, por la cifra de 67.450,72 euros; y a la actual tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero, por 29.544,65 euros.

Estos últimos han estado también en el punto de mira desde el primer momento al cuestionarse los mecanismos de control que existían en las oficinas de Hacienda. Incluso estuvieron a punto de verse implicados de lleno en el proceso penal tras un controvertido auto judicial que fue recurrido con éxito por la Fiscalía descartándose por parte de la Audiencia Provincial cualquier vinculación con la causa.