Ninguno de los implicados en el robo de 7,6 millones de euros de la caja de efectivo del Ayuntamiento isleño que fue descubierto en abril de 2009 ha conseguido modificar siquiera una coma de los términos de la sentencia que fue dictada hace ahora tres años.

Uno tras otro los recursos de apelación que presentaron sin excepción todos los procesados en el juicio contable por el alcance detectado en las arcas municipales han sido desestimados por el Tribunal de Cuentas en términos sumamente contundentes que vienen a ratificar sin excepciones la resolución de 2013.

No hay cambios. El máximo órgano fiscalizador se reafirma en sus primeros argumentos e insiste en considerar responsables directos del descubierto millonario a los dos funcionarios del Ayuntamiento que estaban al frente de la caja de las oficinas de Hacienda: Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis, que tendrán que responder por los 7.665.733,92 euros en los que finalmente se ha fijado la cuantía del alcance.

Además, se considera probado que ambos trabajadores municipales, los primeros imputados también en el proceso penal que todavía está en su fase de instrucción, "manejaron de forma irregular los caudales que obraban en la caja aprovechando las funciones que tenían encomendadas".

Pero el controvertido robo de la caja insiste también en arrastrar consigo al resto de la cadena, a los funcionarios superiores -interventores y tesorera- y a los dos alcaldes que gobernaron durante el periodo en el que se produjeron los hechos. El Tribunal de Cuentas se mantiene en su tesis y considera que todos ellos son responsables subsidarios del perjuicio ocasionado en los fondos públicos del Ayuntamiento de San Fernando. De hecho, vuelve a señalarse en esta resolución la "inactividad", la "ausencia de control" y la "falta de cautela" que propiciaron el alcance durante un largo periodo de tiempo.

Así, considera que, como responsables subsidiarios, la actual tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero, debe responder con 29.544,65 euros; el interventor (y tesorero hasta 2006), José Antonio López Fernández, con 67.450.72 euros; el interventor anterior, Rafael Monzón Ristori, con 29.779,05 euros; y los alcaldes Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno con 29.250 euros cada uno. Son exactamente las mismas cantidades que se fijaron en la sentencia de 2009 al graduar su responsabilidad subsidiaria.

La resolución de los recursos de apelación -la sentencia tiene fecha del pasado día 12 y la correspondiente deliberación de la sala se remonta al 14 de noviembre- no hace sino insistir en argumentos ya sobradamente conocidos en torno a un tema que colea desde hace casi ocho años ya: el desfase existente en la contabilidad municipal del que todos sabían en las oficinas de Hacienda y que permitió ocultar el alcance del robo durante años, la manipulación de las llamadas hojas de caja que pasó desapercibida para los funcionarios de rango superior, la expedición de cheques por cantidades superiores a las que eran necesarias, la interesada confusión entre el dinero en metálico y los valores de Tesorería... Todo ello sale nuevamente a relucir en los argumentos que unos y otros exponen al recurrir la sentencia de 2009.

El que fuera responsable de la caja de efectivo niega de esta forma toda relación con la desaparición del dinero del Ayuntamiento isleño, insiste en que el control y custodia de los fondos públicos es responsablidad de la tesorera y recuerda que sus compañeros de oficina verificaban a diario su trabajo y tenían también libre acceso a las llaves de la caja y al ordenador.

Especialmente llamativa resultan por otro lado las declaraciones de su antigua compañera, María José Lebrero de Celis, que le señala como responsable del funcionamiento de la caja alegando que no puede responsabilizársele de las irregularidades que el otro cometía según la sentencia puesto que ella las desconocía en todo momento.

Tesorera e interventor, por su parte, alegan "indefensión" en sus apelaciones y reclaman la anulación de la resolución al insistir en el retraso que acumulaba la contabilidad del Ayuntamiento, que ellos mismos -señalan- se encargaron de solventar y de poner al día a lo largo de estos años. Subrayan así que no existe entre su conducta y el menoscabo producido "una relación de causalidad" sino más bien al contrario, es decir, que se debe a ellos el haber descubierto lo que ocurría en las oficinas de Hacienda.

Ninguno de sus argumentos -los mismos que expusieron en su defensa durante el procedimiento de reintegro por alcance que se dirimió en 2009- llega sin embargo a prosperar en el Tribunal de Cuentas. Es más, se le recuerda incluso "que no se resolvió la confusión entre metálico y valores de la caja confiando en la versión de los cajeros".

Cabe recordar que ambos funcionarios tendrán también que declarar el próximo 12 de enero ante la juez que instruye la causa penal en calidad de investigados al considerar que la dejación de funciones que se le achaca y que propició el robo de la caja puede incurrir en una "conducta dolosa".

Contra esta sentencia del Tribunal de Cuentas cabe un nuevo recurso ante el Supremo que algunas de las partes implicadas ya están sopesando.