Los ocupas de Casines negocian con el banco un alquiler social

Las familias que ocuparon el edificio Antares, en la barriada de Casines de Puerto Real, justo cuando estas iban a ser entregadas a quienes la habían comprado, continúan viviendo en ellas.

Son cinco las viviendas ocupadas desde hace más de tres meses sin que se haya resuelto nada. Sin luz viven en el interior de las casas que ya están prácticamente amuebladas. "Ya estamos todos empadronados aquí, cada uno en su casa", dice María José Prior, una de las ocupas.

"Estamos negociado con el banco un alquiler social para poder quedarnos en la vivienda ya que las que hemos ocupado no están vendidas. Si no podemos quedarnos en ésta intentarán buscarnos otra", dice María José Prior, quien asegura además que "hay muy buena sintonía con el banco y nos están atendiendo muy bien".

Por su parte, los propietarios de las viviendas están indignados porque mientras la situación de los ocupas va encaminada a solucionarse, ellos se enfrentan a un proceso que se antoja largo.

Según explica el abogado isleño Miguel Ángel Fernández Cosme, que defiende los intereses de más de una veintena de compradores, la mayoría de ellos han iniciado un proceso para resolver el contrato de compra venta de los pisos y así se lo han comunicado a la promotora de la vivienda, a la gestora que la representa y a la entidad financiera. "Hemos pedido que, con cargo al aval bancario que existe, se le devuelva a quienes iniciaron la compra venta el dinero que ya han pagado, unos 30.000 euros, pero el banco lo ha denegado".

Por tanto, ahora se va a presentar una reclamación al defensor del cliente de la entidad financiara y, en caso de que la respuesta también sea negativa o se demore por más de dos meses, se presentará otra reclamación ante el Banco de España.

El abogado Fernández Cosme lamenta que la situación se convierta en un proceso tan largo y se teme que todo acabe en una demanda judicial. Quienes tenían la intención de comprar la vivienda recuerdan que muchos de ellos fueron citados en la notaría para firmar la escritura y recibir las llaves de sus casas, pero se anuló porque un día antes se produjo la ocupación.

Aunque los ocupas aseguran no estar habitando en viviendas con propietarios asignados, desde el despacho de abogados que defiende a los compradores afectados dicen que "al menos una de las personas a las que nosotros defendemos dice que en el piso que compró vive gente".

Resolver el contrato y que les devuelvan lo pagado será para la mayoría de los compradores un alivio. Verían el fin a una pesadilla que se iniciaba casi en el mismo momento en el que decidieron adquirir la vivienda. La compra la vieron viable gracias a la subsidiación de préstamos para viviendas protegidas, que reducía la cuota mensual que debían pagar en alrededor de 200 euros. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley de Fomento del Alquiler eliminó toda posibilidad de recibir la ayuda.

Tampoco percibieron otra, de algo más de 9.000 euros, que se otorgaba en los casos de primer acceso a la vivienda. A esto se le sumó la congelación de las ayudas de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que hizo que tampoco perciban el pago directo de aproximadamente 1.200 euros.

La situación empeoró cuando el precio de su vivienda aumentaba el 1 de enero de 2013 tras la subida del IVA, que pasó del 4 al 10 por ciento. En definitiva, compraron una vivienda con las restricciones de la VPO a precio de renta libre.