El alcalde de Barbate ve el final del plan hotelero de Trafalgar en los tribunales

El plan para construir un complejo hotelero junto al faro de Trafalgar, en Barbate, ha cumplido 30 meses de bloqueo desde su aprobación por parte de la Junta de Andalucía a causa del crudo enfrentamiento existente entre la familia Castro, propietaria del terreno, y las dos empresas implicadas en el proyecto, las cadenas Hipotels y Robinson Club -Grupo TUI-. Las partes han negociado durante los dos últimos años una revisión del contrato de compraventa firmado a principios de la década. En el proceso llegaron a acercar posturas, pero nunca han alcanzado un acuerdo, al tiempo que el transcurso de los meses, la crisis y el desplome del valor del ladrillo han provocado que el interés en la operación se congele. El alcalde de Barbate, Rafael Quirós (PSOE), no alberga ya expectativas de conciliación: "Las conversaciones están rotas; no veo otra salida a este caso que no sean en los tribunales".

El origen del conflicto está en la reducción de las condiciones de edificabilidad y explotación de la parcela impuesta por el Gobierno andaluz en 2006. A través de la Comisión Provincial de Urbanismo, la Junta redujo más de un 30% el espacio edificable del terreno situado junto al faro hasta los 45.000 metros cuadrados, y limitó el número de habitaciones del complejo a 600, frente a las 950 planificadas. El cambio mermó las opciones lucrativas de la inversión y cambió las condiciones iniciales del convenio, ligadas a parámetros como la edificabilidad final y la superficie.

A raíz de la determinación de la Junta, los hoteleros han reclamado el cumplimiento del acuerdo original y los propietarios han defendido que la minusvalía debe repartirse entre las dos partes, en una operación tasada en torno a los 15 millones de euros -según la única información aportada por fuentes de la propiedad en 2007-. Los dos polos resumen el conflicto del plan hotelero de Trafalgar.

El regidor barbateño desvela que ya no existe ni el acuerdo económico que llegó a alcanzarse a mediados de 2008, momento en el que sólo restaban por detallar los plazos de pago. Mientras, las partes no ofrecen información alguna. Fuentes de Robinson se limitan a apuntar que "no hay ninguna novedad en el caso", y el abogado José María Castro, representante de la mayoría de la propiedad, evade cualquier explicación: "El caso va para largo".

"Los hoteleros siguen interesados en comprar la parcela y los Castro, como es lógico, en venderla. Lo que ocurre es que nadie está dispuesto a ceder, y menos con la situación económica actual", explica Quirós. El Ayuntamiento, que considera "decisivo" este proyecto, emprendió el año pasado la última tramitación del plan parcial de la ensenada y anunció que prepara una fórmula para urbanizar la parcela forzando el pago de los propietarios, en suelo o en euros. El documento será aprobado en la próxima Comisión Provincial de Urbanismo y Quirós tendrá entonces vía libre para cumplir su amenaza.