La Junta sospechaba desde febrero de irregularidades en las ayudas

La Junta de Andalucía sorprendió ayer a propios y extraños al anunciar en el Parlamento de Andalucía que el pasado mes de marzo denunció ante la Fiscalía de Sevilla y ante el Banco de España las supuestas irregularidades detectadas en determinadas empresas que había solicitado ayudas para asentarse en la Bahía de Cádiz.

Como se recordará, este periódico publicó a finales del pasado mes de julio una relación de empresas que habían solicitado ayudas al Ministerio de Industria, que éste concedió, con cargo a la Orden de Reindustrialización de la Bahía de Cádiz, todas ellas ligadas a un empresario gallego, Alejandro Manuel Dávila Ouviña. Tres de las ayudas concedidas a negocios representados por Ouviña fueron requeridas en el BOE por el citado Ministerio para devolución de esas cuantías, toda vez que no se habían aplicado para el objetivo propuesto y, sobre todo, porque no se localizaba a sus responsables. Poco después, el PP denunció los hechos y anunció que llevaría el asunto a la Fiscalía.

Fue el consejero de Innovación, Antonio Ávila quien, en respuesta a una iniciativa del PP sobre la gestión del plan Bahía Competitiva, anunció ayer que "la eficacia de los controles de las ayudas de la Consejería" que dirige permitió detectar las presuntas irregularidades. En este sentido, según detalló, el pasado 30 de marzo de 2011 se comunicaron al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, perteneciente al Banco de España, "los defectos detectados en proyectos empresariales pertenecientes a un grupo del mismo empresario". Posteriormente, el 5 de abril, se trasladaron los hechos a la Fiscalía de Sevilla, concretamente a la sección de Delitos Económicos.

Al mismo tiempo, continuó el consejero, representantes de la Junta de Andalucía se reunieron con responsables del citado Ministerio "para alertar de las presuntas irregularidades, con el objetivo de que éste pudiera activar los procedimientos de reintegro de las ayudas concedidas por el Gobierno central". A este respecto, Ávila recordó en la Cámara que todos los partidos, incluido el PP, apoyaron la propuesta de los empresarios de Cádiz para que las ayudas de reindustrialización reguladas por la Orden ITC/3098/2006 se concedieran "sin la exigencia de avales, con la intención de agilizar y facilitar así los procesos de concesión del Ministerio de Industria".

Sorprendió a extraños, es decir, a los partidos de la oposición, que aguardaban en sus bancadas para arremeter contra los dirigentes de la Consejería de Innovación, por lo que creen un fracaso de Bahía Competitiva. Pero también sorprendió a sus propios. Hasta el punto de que este periódico quiso conocer ayer la opinión del que fuera responsable de Bahía Competitiva en Cádiz, Antonio Perales Pizarro, destituido el pasado 1 de agosto por el propio consejero Ávila. Perales sólo accedió a pronunciarse en un sentido: "No tenía ni idea de que se hubiese puesto una denuncia".

Este periódico ha podido acceder al contenido de ambas denuncias. La primera salió de la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación, el pasado 30 de marzo, dirigida al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España. En la comunicación "de operativa sospechosa por indicio (artículo 18 de la Ley 10/2010)", se indica, en primer lugar, que los intervinientes "son varias personas y múltiples entidades mercantiles". Además, aclara que "los hechos de los que se informa y que podrían ser objeto de conductas contrarias a la Ley de Blanqueo de Capital, consisten en el diseño de una red de sociedades paralelas para la solicitud de diversas subvenciones y ayudas públicas con aparente identidad de proyectos y con declaración de una solvencia aparentemente mayor de la realmente conocida. Asimismo, aprovecho para adelantarle que los referidos hechos podrían ser constitutivos de ilícitos penales".

A continuación, señala como indicios de blanqueo de capitales, varios aspectos: "Anuncio de elevados niveles de inversión sin consonancia con los recursos que se le conocen. Duplicidad de entidades mercantiles con el mismo o análogo objeto social. Declaración de una solvencia mayor de la que aparentemente ostentan las entidades. Apreciación de operaciones de tesorería en volúmenes muy superiores a los recursos conocidos. Establecimiento del domicilio social de sociedades en la sede del sujeto obligado sin información a éste".

Más contundente aún resulta la denuncia presentada en la Fiscalía de Sevilla, sección de Delitos Económicos, por parte de la Agencia IDEA el pasado 7 de abril.

En el escrito firmado por el secretario general de la Agencia, se explica que "los representantes legales de las sociedades allí citadas, concurrieron a los incentivos previstos en la Orden (de Reindustrialización) y han presentado para acreditar la solvencia y capacidad económico-financiera necesaria para acometer los proyectos empresariales propuestos, documentos supuestamente falsos emitidos todos ellos por el director de una oficina de La Caixa ubicada en Puebla Do Caramiñal (A Coruña)". En este punto, hay que recordar que Dávila Ouviña es natural de dicho municipio, en cuyo Ayuntamiento explicaron a este periódico, a finales de julio, que conocían de las actividades de ese empresario.

Continúa el escrito de IDEA dirigido a la Fiscalía de Sevilla, explicando que "en dichos documentos" (los emitidos por la oficina bancaria) "se hace constar, de forma individualizada, que las citadas empresas operan con completa solvencia económica y financiera desarrollando su actividad con total normalidad y que la entidad financiera conoce el proyecto (presentado ante la Agencia IDEA) está dispuesta a estudiar la financiación del mismo. En algunos casos incluso indica que está dispuesta a estudiar el riesgo de operaciones crediticias concretas y con importes determinados".

Y prosigue el escrito para la Fiscalía: "La coincidencia de los términos de los documentos aportados por distintas empresas ocasionó extrañeza a esta Agencia de Innovación y se solicitó a la Asesoría Jurídica y Fiscal de La Caixa validación de éstos, manifestando dicha entidad financiera, con fecha de 15 de marzo de 2011, que no podía validarlos dado que no les constaba que hubiesen sido emitidos a través de los sistemas y procedimientos establecidos para la emisión de este tipo de documentos".

Por ello, IDEA concluye que "salvo mejor criterio de esa Fiscalía, para esta Agencia podrían existir indicios de delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones, habida cuenta de la literalidad del artículo 308.1 del Código Penal, al falsearse los datos de la solicitud, ya aportando datos inexactos ya ocultando aquellos que hubieran obstado para la concesión".

Durante su intervención ayer en el Parlamento, el consejero, Antonio Ávila, incidió en el "muy buen funcionamiento de los controles de la Consejería" que fueron, explicó, los que detectaron "este supuesto intento de fraude".

Así, narró la sucesión de acontecimientos: "El 25 de febrero, el director de Infraestructuras y Espacios Productivos de la Agencia IDEA se dirige por escrito al director de Cumplimiento Normativo de una entidad financiera, aporta ocho documentos y solicita validez ante la extrañeza de ciertas operaciones allí incluidas. El 15 de marzo, esa entidad responde y confirma las sospechas. El 30 de marzo, el director de Infraestructuras eleva informe a superiores. Ese mismo día, el secretario general de IDEA lo denuncia ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención y Blanqueo de Capitales del Banco de España. El 5 de abril, el secretario general de IDEA denuncia los hechos ante la Fiscalía".

Antonio Ávila, para acabar, fue duro con los responsables del PP. De hecho, acusó al presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, de mantener en este asunto una "actitud falsa y reprobable; ha caído en el ridículo".