La Educación acapara las quejas al Defensor del Pueblo Andaluz

El personal del sector público, la Educación y prisiones fueron las áreas que más quejas acumularon el año pasado ante la Oficina del Pueblo Andaluz de las 768 que recibió procedentes de la provincia de Cádiz.

El número de quejas presentadas ante el órgano autonómico aumentó ligeramente en toda la comunidad andaluza durante 2008, con 5.672 (doce más que en 2007) y en Cádiz lo hizo también de manera leve, con siete más que el año anterior, cuando sumaron 761.

Las relacionadas con el personal del sector público fueron las más numerosas, con 904, aunque éstas aglutinan las relacionadas con las distintas administraciones. De la provincia de Cádiz partieron 121 quejas sobre este sector, entre las que destacaron el conflicto laboral de la Policía Local de Sanlúcar o las referidas al personal docente, sanitario o la disconformidad con el nuevo baremo para la inclusión en la bolsa única de Servicio Andaluz de Salud.

La Educación es uno de los sectores que más preocupación suscita y, salvando el área anterior, es la que más quejas acaparó el año pasado: 680 en toda Andalucía, de las que 91 pertenecieron a la provincia de Cádiz.

Los problemas relacionados con la escolarización invadieron la sede del Defensor en formas de quejas y no faltaron las de padres que reclamaron el aumento de ratio para que sus hijos pudieran acceder al centro educativo elegido por sus progenitores.

El informe anual señala, sobre el derecho a la educación y a la libre elección de centro, que esta discrepancia de una parte de la ciudadanía con las normas reguladoras de los procesos de admisión de alumnos, bien con el contenido de las mismas, o bien con su aplicación en la práctica, "origina la formulación ante esta institución de numerosas quejas por parte de las personas afectadas, para expresar su disconformidad con la aplicación de la normativa y con las decisiones adoptadas por la Administración educativa, a la hora de valorar e interpretar las solicitudes de escolarización de sus hijos en los centros elegidos".

La memoria de este órgano dependiente del Parlamento andaluz hace mención a los obstáculos que puso la Delegación Provincial de Educación a la hora de colaborar con esta institución. El Defensor llegó a advertir a la administración educativa de la Junta en Cádiz de que su falta de colaboración podría ser considerada como "hostil y entorpecedora" de las funciones del órgano que dirige José Chamizo, "haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial", algo a lo que finalmente no sucedió.

Prisiones fue el tercer área que produjo más quejas en la provincia dirigidas al Defensor del Pueblo Andaluz. Buena parte de ellas estuvieron relacionadas con permisos y clasificaciones, traslados para acercamiento familiar, asuntos procesales o asistencia sanitaria.

La lentitud de la Justicia es un problema que también queda reflejado en el informe del Defensor, que recibió numerosas quejas por dilaciones que califica de "indebidas", retrasos en los órganos de jurisdicción contencioso administrativa y falta de medios personales y materiales, con un apartado dedicado a la repercusión de la crisis económica en los juzgados de lo mercantil, que han aumentado notablemente su carga de trabajo en el último año.

Por municipios de la provincia, El Puerto de Santa María sucedió en 2008 a Algeciras como localidad más activa en la presentación de quejas al Defensor con 117 protestas de ciudadanos o colectivos portuenses. De la ciudad del Campo de Gibraltar salieron 110 quejas (25 menos que en 2007) y desde Cádiz capital se formularon 109. Jerez no superó el centenar al presentar 93.

Cádiz, con 768, fue la segunda provincia andaluza en número de quejas formalizadas ante el Defensor andaluz, casi la mitad que Sevilla, que acumuló 1.503 durante 2008.

Las quejas gaditanas estuvieron acompañadas de 1.129 firmas (una media de 1,5 por queja) de las 10.742 contabilizadas en el conjunto de la Comunidad. Algeciras, con 281, fue la ciudad de la provincia que más firmas aportó.

De todas las protestas presentadas el año pasado desde la provincia, 220 no fueron admitidas y 47 fueron remitidas a otros defensores.