Casto regresa al banquillo

El inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, condenado a 9 años y 6 meses de prisión en la Operación Karlos, se sentará de nuevo el próximo lunes en el banquillo. La Seguridad Social, que ejerce la acusación particular, acusa a Casto de haber ayudado a un hombre a conseguir de forma fraudulenta una pensión de incapacidad laboral y solicita para él 6 años de prisión. La Fiscalía acude al juicio en cambio con un escrito de calificación provisional en el que pide la absolución.

El juicio ha sido señalado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz. Fuentes judiciales han explicado que un examen médico al pensionista reveló que no sufría la enfermedad que le llevó a conseguir la incapacidad laboral. Como se trataba de una enfermedad incurable, hubo una investigación y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acabó por presentar una acusación penal contra Casto Pérez Lara porque considera que participó en el engaño. La Fiscalía no vio, en cambio, indicios suficientes como para llevar a Casto al banquillo.

La Audiencia Provincial de Cádiz condenó a 9 años y medio de prisión por estafa, cohecho y otros delitos Casto Pérez tras el juicio de la Operación Karlos. La sentencia no es firme. Ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

La resolución de la Audiencia considera que Casto era una "pieza clave" de una trama montada por éste y por el expolicía Carlos Carretero para obtener de modo fraudulento pensiones de incapacidad laboral destinadas a personas que pagaban por ello distintas cantidades de dinero.

Casto declaró en el juicio que fue una víctima de Carretero. Su versión fue que su examigo Carretero lo usó como hombre de paja: que el expolicía ofrecía pensiones de incapacidad a personas que pagaban por ello diciéndoles que él, Casto, las podía tramitar y que él eso lo desconocía. "Nunca me concerté con nadie para nada. Y nunca he recibido de Carretero ningún regalo. En esta historia yo he pecado de pardillo", dijo Casto en el juicio.

El tribunal no creyó al inspector médico. Estimó probado que Casto, inspector de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades de la Junta de Andalucía, se puso de acuerdo con Carlos Carretero para conseguirles pensiones de incapacidad a quienes pagaban por ello. Carretero se encargaba de contactar con personas a las que proponía la obtención segura de una pensión. Casto emitía informes en los que falseaba la situación real de los interesados y exageraba el diagnóstico o se basaba en informes médicos que sabía falsos, señala la sentencia.

Según los magistrados, en el juicio quedó "plenamente acreditado" que Carretero compensaba lucrativamente al inspector médico de diversas maneras: con prestaciones personales y profesionales por las que no le cobraba, invitándolo con frecuencia a comer, gestionando parte de su patrimonio sin cobrarle gasto alguno y haciéndole favores.