Apoyos a Barroso antes del juicio

El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, será juzgado el próximo martes en la Audiencia Nacional, en Madrid, por un presunto delito de injurias a la Corona tras llamar al Rey "corrupto" e "hijo de crápula", entre otras cosas, en un acto celebrado en Los Barrios el 14 de abril de 2008. El fiscal pide para el alcalde una multa de 10.800 euros. La condena podría llevar aparejada la inhabilitación para ejercer un cargo público.

A pocos días de la celebración del juicio, Barroso ha recibido varias muestras de apoyo, como la procedente del Partido Comunista de España, PCE (integrado en IU), partido del que es militante.

El PCE recuerda que en caso de ser condenado, Barroso podría ser el primer cargo público de España inhabilitado por el mero hecho de haber expresado públicamente sus opiniones sobre el actual Jefe del Estado. Según la formación comunista, "se produciría una conculcación del derecho de los ciudadanos de Puerto Real a elegir libre y democráticamente a su alcalde, además de una conculcación del derecho a al libertad de expresión de ideas políticas de Barroso".

"Al margen de la coincidencia a no con las manifestaciones vertidas por Barroso", el PCE entiende que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones sobre cualquier personas, "incluido el Jefe del Estado", siempre que dichas manifestaciones "no pretendan ser insultantes".

El Partido Comunista de España denuncia que la legislación actual española impide que cualquier acusado por un supuesto delito de injurias a la Jefatura del Estado pueda utilizar las mínimas armas de defensa procesal que la Constitución y la legislación penal prevén para los supuestos delitos de injurias o calumnias respecto a cualquier persona.

Por su parte, la Asociación de Amistad con Cuba Bartolomé de las Casas de Sevilla ha mostrado su apoyo al regidor puertorrealeño y considera que este caso "está enmarcado en una campaña de liquidación de la izquierda real en el Estado español", entre cuyas acciones destaca las ilegalizaciones de listas electorales y la persecución judicial de cargos públicos, militantes y activistas sociales".