El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, actuará contra el líder libio Muamar el Gadafi, algunos de sus hijos y cuatro altos cargos de su régimen por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos desde febrero en la represión de las protestas en Libia.

El fiscal argentino ha identificado como presuntos sospechosos de esos crímenes a "alguno de los hijos de Gadafi", así como al ministro de Asuntos Exteriores, Musa Kusa; al jefe de la Seguridad e Inteligencia Militar, al jefe de la seguridad personal del dictador y al jefe de la Seguridad Externa.

Gadafi, al estar a la cabeza del régimen, tiene una "autoridad de hecho" sobre los crímenes, que hasta ahora se centran en los actos de represión contra manifestantes "pacíficos" desde el pasado 15 de febrero en las ciudades de Bengasi, Misrata y Trípoli, dijo Moreno Ocampo en una conferencia de prensa.

Hasta ahora, la fiscalía solamente ha inculpado a un jefe de Estado, en ejercicio o no: el presidente sudanés Omar Al-Bashir, que sigue prófugo, por el conflicto en la región de Darfur.

Moreno Ocampo, que entre otros asesores cuenta con el juez español Baltasar Garzón, advirtió de que su equipo es "imparcial", por lo que también se perseguirá a los opositores al régimen si éstos cometieran crímenes.

"No habrá impunidad en Libia", afirmó el fiscal jefe de la CPI, quien recalcó que "nadie tiene autoridad para atacar a civiles".

La lista de sospechosos se ha elaborado hasta ahora basándose en la información obtenida en la fase preliminar de la investigación, en la que la fiscalía ha estado en contacto, entre otros, con la Liga Árabe y la Unión Africana. Moreno Ocampo debe ahora finalizar su investigación, antes de poder inculpar formalmente a esas u otras personas.

El fiscal espera presentar en "pocos meses" los resultados a los jueces para que decidan si se emiten las pertinentes órdenes de arresto contra los sospechosos.

Luis Moreno resaltó "la increíble" cantidad de información que han podido obtener en tan poco tiempo y se mostró satisfecho de que "el mundo esté unido" en la lucha contra crímenes de la gravedad de los presuntamente cometidos en Libia.

"El mundo está reaccionando (...) y esto es una nueva era", declaró al respecto.

El Consejo de Seguridad de la ONU remitió a la CPI el caso de Libia a través de una resolución aprobada por unanimidad el pasado fin de semana, en la que también se incluían sanciones para el líder libio.

Es la segunda vez que la fiscalía abre una investigación a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2005 solicitó a la CPI analizar presuntos crímenes de guerra en la región sudanesa de Darfur.

Además, la CPI ha abierto casos en Uganda, la República Democrática de Congo y la República Centroafricana a petición de las autoridades de esos países.

En el caso de Kenia, ha sido la propia fiscalía la que ha solicitado permiso para indagar los supuestos crímenes cometidos en ese país africano tras las elecciones en 2007.

Sin haber abierto investigaciones, la CPI también estudia de forma preliminar situaciones en Gaza, Colombia, Georgia, Costa de Marfil y Afganistán.

La CPI empezó a funcionar en 2002 con competencias para juzgar presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad, incluido genocidio, a escala internacional.