El TSJA admite a trámite el recurso de Vox sobre la ZBE de Chiclana

La diputada nacional de Vox por Cádiz, Blanca Armario, y el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Chiclana, Manuel Vela, anunciaron hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la formación contra el Ayuntamiento de Chiclana sobre la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que este partido político considera “perjudicial para los ciudadanos, el comercio, la hostelería y el turismo del municipio”.

“Queremos evitar que se imponga esta Zona de Bajas Emisiones. Es una idea ‘ecoprogre’ que es injusta, clasista y que va a afectar sobremanera a las familias que son más vulnerables y a los autónomos”, declaró Armario. Además, dijo: “Es totalmente incompatible con el turismo y el progreso de una localidad de la envergadura de Chiclana. Hablamos de una idea inventada desde el Parlamento europeo desde el fanatismo climático y cocinada con la complicidad de un PP y un PSOE que la están imponiendo en los Ayuntamientos donde están presentes”. También aseguro que “Vox va a seguir siendo dique de contención de estas políticas partidistas que lo que hacen es limitar la libertad de movilidad de los ciudadanos”.

La diputada insistió en cómo “la Zona de Bajas Emisiones genera desigualdad y castiga a las familias más vulnerables, ya que estas restricciones les fuerza a terminar comprándose un vehículo eléctrico que, a día de hoy, muy pocos hogares se pueden permitir”.

Esta formación política, recordó que “ya hay más de una docena de sentencias en comunidades como Madrid, Cataluña, Extremadura, Castilla y León o Asturias que anulan las ZBE de diversos municipios. Por lo tanto, ya no se trata de hechos aislados, sino de casos que crean una jurisprudencia de facto sin necesidad de que sean unificados por el Tribunal Supremo”.

En el caso concreto de Chiclana, el portavoz municipal de Vox, Manuel Vela, incidió “en las carencias que acumula la ordenanza elaborada por el equipo de gobierno de Román y que hacen injustificable su implantación en la ciudad”.

En primer lugar, Vox señala “un insuficiente trabajo de campo, con tan sólo dos días de estudio del tráfico en mayo de 2022 y que se basan en datos ya obsoletos y escasos que no se ajustan a la realidad”.

Tampoco, afirma, “se han realizado mediciones de contaminación acústica, remitiéndose a la ordenanza de 2015, ni se ha aprobado un plan de tráfico alternativo para mitigar los efectos que causará una ZBE que afectará al 28% de los vehículos de Chiclana (más de 18.000). Del mismo modo, la ciudad sigue sin contar con un servicio de transporte urbano acorde con la puesta en marcha de esta medida, con la que el gobierno de Román, además, verá reforzado su afán recaudatorio gracias a las multas que se pondrán a partir de noviembre”.

Por otro lado, el partido político entiende que “la escasa densidad demográfica del centro hace que no exista una contaminación ambiental suficiente para justificar esta ordenanza, que se aplica desde la mayoría absoluta del régimen de Román”.