La provincia necesita un plan común para impulsar su desarrollo

En la provincia de Cádiz se ubica el mayor puerto del Mediterráneo, la segunda mayor zona industrial del país, las empresas referentes en marroquinería, el sector turístico más potente del sur tras el malagueño, además de ser referentes en la industria naval y en la aeronáutica. Todo ello debería de ser suficiente para situarnos en un lugar preeminente dentro de la economía de todo el país. Sin embargo, las estadísticas indican todo lo contrario y nos ubican, desde siempre, en el vagón de cola.

Diario de Cádiz y la Zona Franca han convocado, en la sede central del periódico, a representantes de las administraciones públicas y de los empresarios para debatir sobre la realidad de la provincia y las causas que dificultan la llegada de inversores a la misma. Victoria Rodríguez, delegada del Estado en la Zona Franca; Gema Pérez, delegada provincial de Empleo de la Junta; Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios; Manuel Álvarez, director del Área de Internacional de la Cámara de Comercio y Pilar Cañete, gerente de la Asociación de Grandes Industrias, participaron en una charla coordinada por David Fernández, director de Diario de Cádiz.

En el encuentro se pusieron sobre la mesa una serie de reflexiones en las que todos coincidieron: la necesidad de contar con una política común en la que participen todas las administraciones públicas y entidades privadas; la necesidad de “querernos más” y no ser tan destructivos con todo lo que se haga en la provincia; la necesidad de fidelizar lo que ya funciona para evitar su marcha y, también, la necesidad de contar con herramientas de coordinación con los gobiernos autonómico y central a la hora de conseguir inversiones para la provincia.

“Hay mucho trabajo que hacer por delante”, advierte la delegada de la Zona Franca, “los déficit existentes debemos convertirlos en oportunidades. Un ejemplo es el turismo, del que ya somos una referencia. Pues con la industria tenemos que hacer lo mismo, apostando por la tecnología y optimizando el rendimiento de cada una de ellas”.

Para el presidente de la CEC “uno de los retos es salir más y mejor fuera”, planteando que la Zona Franca debería de tener un papel primordial participando en los viajes de Estado a otros países “aprovechando el caudal de inversiones” que se pueden negociar en estos encuentros.

Desde la Delegación de Empleo se considera que hay que aprender de la deslocalización de muchas empresas y la obligación de contar con el valor añadido que es la tecnología, valorando de forma muy positiva la puesta en marcha de la ITI.

A la vez, el representante de la Cámara de Comercio considera que no se debe abordar los problemas de la provincia desde “una visión cortoplacista si no largoplacista, elaborando una estrategia de cara al futuro”, coincidiendo también en que es necesario contar con incentivos que nos diferencien de las ofertas que se plantean desde otras provincias, como facilitar el crecimiento de las propias inversiones.

Por su parte, la gerente de la Asociación de Grandes Industrias puso sobre la mesa la importancia de “crear una Marca Cádiz”. Marca que influya no solo en el exterior, sino también en el interior, acabando de esta forma con la imagen negativa que muchos tienen de su propia provincia.

En el debate se insistió en la importancia que tiene el ir de la mano todos los colectivos implicados en el desarrollo económico. Victoria Rodríguez lamentó la falta de un plan estratégico para la provincia. “Hoy no valen los localismos. Y sin embargo cada uno habla de lo suyo. No hay colaboración con el vecino ni aunque sean del mismo color político. Frente a ello tenemos que conseguir que el interés común prevalezca sobre el particular”. Manuel Álvarez coincide en este planteamiento especialmente cuando relata que “en Europa no entienden el fraccionamiento del territorio en España”, mientras que Pilar Cañete considera que esta desunión provoca que “no se aproveche el potencial de la provincia en común”.

Lógica, la nueva denominación del fallido proyecto de Las Aletas, es para Gema Pérez el claro ejemplo de una actuación en común que ha aprendido de los errores del pasado. “Ahora aunamos todos los intereses, con la entrada de la Zona Franca y la Autoridad Portuaria de Cádiz. Con ello situaremos a la provincia en el mapa”. Tras el fiasco de Las Aletas, se destacó en el encuentro que algunas firmas han vuelto a interesarse por esta operación ya reconducida.

Aunque se reconoce la potencialidad de la economía provincial, se reconoce también el déficit en materia de infraestructuras, un aspecto en el que coinciden todos, sean representantes del poder público como del sector empresarial.

“Las infraestructuras son básicas”, cuenta Sánchez Rojas, “uno de los motivos por los que no pudimos atraer a ninguna de las empresas que se marcharon de Cataluña (tras el desafío independentista) es por el déficit que tenemos, con un tren de juguete, por ejemplo, al que apenas se le dedican 50 millones de euros en el Corredor Mediterráneo, lo que supone una clara afrenta. Así, las empresas se van allí donde encuentran un ecosistema mejor”.

La delegada de la Junta, Gema Pérez, insiste en esta cuestión recordando los problemas de tráfico que se producen en buena parte de la costa gaditana durante el verano. O las reticencias de grandes inversores a la hora de ubicarse en la Sierra para abrir grandes fábricas dedicadas a la marroquinería, una vez sufren las carreteras para llegar a esta comarca.

Ante ello, de nuevo la unidad de acción. A falta de un lobby gaditano en Sevilla y Madrid, el presidente de los empresarios propuso un viaje conjunto a Madrid y Sevilla para poner sobre la mesa las necesidades de la provincia.

Relacionado con la administración, los representantes de los empresarios se lamentaron de la lentitud administrativa, de los numerosos pasos que hay que dar lo que lleva a muchos inversores a descartar su presencia en la provincia. “Tras la crisis económica nadie toma una decisión y eso está paralizando muchas cosas. Se está penalizando el crecer porque hay doscientas barreras de distinto perfil para que las empresas no pasen de los cincuenta empleados, cuando en la Bahía, por ejemplo, la empresa auxiliar genera más trabajo que la propia Navantia”, destaca el presidente de la CEC.

En este asunto se llega a mencionar una cifra: 600 millones de euros para inversiones en el conjunto de la provincia paralizadas debido a la “inseguridad jurídica”. Y como conclusión en este caso: “Lo público debería de adaptarse a lo privado”.