La transformación de la autovía de Cádiz a San Fernando en una avenida llega a la Junta

La cosa no va de faroles. No parece que vaya a ser inminente, pero sí hay una intención firme de conseguirlo. Los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando han dado un primer paso formal en su intención de transformar la autovía que separa ambos términos municipales en una vía urbana; esto es, que la carretera de Cádiz a San Fernando pase a ser una avenida, prolongación de la Avenida Beatriz Cienfuegos en el caso de la capital.

Hace tan solo unos días, la alcaldesa de San Fernando anunció que iban a plantear esta propuesta al proceso de revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Pota) que ha puesto en marcha la Junta. Y el Ayuntamiento de Cádiz ha confirmado que también presentará esta propuesta por su parte, dentro de una estrategia puesta en marcha por ambos gobiernos municipales (el de Patricia Cavada en La Isla y el de Bruno García en la capital), que están trabajando coordinados “en esa línea” que ya acordaron en la reunión que ambos alcaldes mantuvieron en el año 2023, poco después de esas elecciones municipales.

Varios son los argumentos que expone el Ayuntamiento gaditano en la defensa de esta propuesta de ‘municipalización’ de la Autovía. El primero de ellos es que la actual carretera genera “un efecto barrera tanto física como paisajística entre los núcleos urbanos y su entorno natural”, algo que resulta “obsoleto y poco coherente” con la ordenación territorial contemporánea. Por eso se defiende la conversión en vía urbana, que contempla como algo “progresivo” y “compatible con su función de conexión metropolitana”.

A este respecto, avisa el alcalde de que este plan de transformación de la autovía “será un proyecto a largo plazo” que será susceptible de analizar y revisar. Y si en los asuntos de las administraciones el corto plazo se eterniza, esta pretensión “a largo plazo” que lanza Bruno García hace presagiar que aún quedan años por delante hasta hacer realidad esa nueva configuración del tráfico del itsmo que separa Cádiz de San Fernando.

Esta transformación contemplará una “intervención integral” que incluye “el rediseño del viario con criterios de travesía urbana, incorporando medidas de calmado del tráfico, la urbanización del entorno para permitir el acceso peatonal y actuaciones específicas de mejora de la seguridad vial, con el objetivo de compatibilizar la función de conexión intermunicipal con un uso urbano más seguro, accesible y amable”. Cuestiones estas que se traducen en la construcción de rotondas, en la instalación de puntos semafóricos y de pasos de peatones, además de aceras en lugar de arcenes y otras medidas.

De hecho, habla también el Ayuntamiento de incorporar mejoras como una “iluminación eficiente”, que es una de las cuestiones más demandadas actualmente en esta vía; así como instalación de mobiliario urbano y otras infraestructuras que conectarían la futura avenida con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, “lo que impulsaría su uso y el desarrollo del entorno de la Bahía de Cádiz en términos económicos, de creación de empleo y sostenibilidad”.

En definitiva, lo que persiguen los dos ayuntamientos y defiende el de Cádiz ante esta revisión del Pota es que convertir la Autovía en vía urbana permitirá que el itsmo sea “un espacio urbano de oportunidad, articulador y representativo de la Bahía de Cádiz, reduciendo el impacto ambiental y favoreciendo su integración respetuosa en un entorno de alto valor natural”. Y esto, a su vez, permitirá “reforzar la cohesión territorial entre Cádiz y San Fernando”, lo que defiende el Consistorio de la capital como acción para impulsar eso que demandaba el alcalde cuando llegó a San Juan de Dios en junio de 2023: el área metropolitana como fuente de progreso, crecimiento y fortalecimiento de los municipios que la integran.

Una propuesta a la Junta con decisión estatal

El primer paso en firme que han dado los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando es plantear a la Junta de Andalucía que incluya la transformación de la autovía en travesía urbana dentro del Pota. Pero la decisión final al respecto es una cuestión que corresponde al Gobierno estatal, ya que esta autovía es competencia, como tal, de la Demarcación de Carreteras del Estado.

A este respecto, dice la legislación que esta modificación será resuelta por el Consejo de Ministros a petición del ayuntamiento (en este caso los de las dos ciudades, que han decidido formar un frente común en este propósito) o del Ministerio de Transportes. Y especifica que para que se dé este cambio de consideración de la vía se tienen que cumplir dos condiciones: “que el tráfico de la carretera sea mayoritariamente urbano”, y “que exista alternativa viaria que mantenga la continuidad de la Red de Carreteras del Estado, proporcionando un mejor nivel de servicio”.

Hay que tener en cuenta también que en el momento en que esta propuesta se haga realidad, la titularidad de la vía pasaría a ser municipal, por lo que deben ser los ayuntamientos (en base al acuerdo que alcancen) los que se hagan cargo de su mantenimiento.