Una sentencia y una beca, a examen

El Tribunal Supremo impide a los alumnos pasar a segundo de Bachillerato con más de dos suspensos. 5.100 estudiantes andaluces recibirán 600 euros al mes por seguir estudiando. Estos dos titulares se gestaron en la jornada del pasado martes, pero aún no está todo dicho sobre ellos. Profesores, padres y organizaciones sindicales dan su opinión en esta página sobre estos dos temas educativos de actualidad.

Sobre la sentencia del Tribunal Supremo que impide a los alumnos de primero de Bachillerato con hasta cuatro suspensos avanzar asignaturas de segundo curso, el jefe de estudios del IES Drago, Salvador Hernández, dice que beneficiará a los centros a nivel organizativo, "ya que permitiendo a los alumnos seleccionar asignaturas se iban a crear situaciones casi imposible de organizar". No obstante, destaca también que con esa norma lo que pretendía el Ministerio de Educación era hacer más flexible el Bachillerato y estimular así a los alumnos con el fin de no seguir engordando la ya nutrida tasa de abandono de la educación. Esta misma reflexión es la que rubrica la docente Mercedes Cuadrado, adjunta de la Jefatura de Estudios del IES San Severiano: "La medida del Ministerio tenía como objetivo dar más facilidades a los alumnos, aunque iba a suponer importantes problemas organizativos a los centros".

Pero sin duda, quien más aplaude la sentencia es José Expósito, director de Bachillerato del colegio San Felipe Neri: "La sentencia supone una liberación para los centros a nivel organizativo. Es una barbaridad tener alumnos en primero y segundo con asignaturas y horarios diferentes. Y no sólo eso, habría estudiantes que se examinarían en Selectividad de asignaturas que hace año y pico que no ven. Lo que hay que hacer -agregó- es convencer a los alumnos de que deben esforzarse más, deben dar un paso más". Asimismo, Expósito aseguró que los alumnos con sólo tres o cuatro suspensos "son una minoría, al menos en mi centro. La mayoría lo aprueba todo o lo suspende casi todo", manifestó.

Sin embargo, desde la Federación de Enseñanza de CCOO no comparten la sentencia y entienden que el Bachillerato no debe convertirse en "una carrera de obstáculos para el alumnado". Apuntan que la medida era "una propuesta oportuna para dar solución a los problemas detectados en nuestro sistema educativo en relación con el alumnado que cursa Bachillerato", y están convencidos de que la reforma planteada por el Ministerio "no rebaja el nivel de exigencia, ya que es necesario que el estudiante supere las asignaturas al final de la etapa". No obstante, entienden también que su aplicación exigía dotar a los centros "de los recursos necesarios" y "facilitar la tarea del profesorado, además de apoyar la autonomía de los institutos".

Desde otro sindicato, el Centro Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF, consideran que el Tribunal Supremo ha puesto "sentido común" y recuerdan que cuando se publicó el Real Decreto anulado (concretamente, el apartado 2º del artículo 14 del Real Decreto 1467/2007) "dijimos que se había perdido una magnífica oportunidad de hacer un Bachillerato de tres años y que ese Bachillerato 'a la carta de dos años y medio' tendría una difícil aplicación práctica y creaba una gran complejidad organizativa en los IES".

En representación de la Federación Democrática de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la provincia de Cádiz (FEDAPA), Ana Castillo declara que judicializar la educación "va en detrimento de la propia educación", y considera que el curso puente propuesto por el Ministerio era "positivo" porque, entre otras cosas, "se pretendía acercar a los alumnos a la Universidad, ya que en ella los estudiantes se pueden matricular de asignaturas sueltas".

Castillo también ve con buenos ojos la beca de 600 euros que el próximo curso comenzarán a recibir los alumnos de primero de Bachillerato y FP, y que tienen como objetivo evitar que la falta de recursos económicos provoque el abandono escolar temprano.

Salvador Hernández aplaude todas las medidas encaminadas a disminuir la alta tasa de abandono escolar, aunque puntualiza que no conoce la "letra pequeña" de ésta, y espera que no conlleve problemas de discriminación. Mercedes Cuadrado considera esta iniciativa "interesante" porque "hay buenos alumnos que deben abandonar los estudios para ponerse a trabajar y ayudar económicamente a su familia". Eso sí, destaca que es fundamental "un control exhaustivo" con el fin de que esas becas no caigan en saco roto.

La Administración educativa ya ha informado de que los interesados en estas ayudas deberán, además de cumplir los requisitos referidos al nivel de la renta, tener aprobadas todas las materias del curso anterior y acreditar su progreso satisfactorio en las evaluaciones que realicen.

José Expósito califica como acierto este tipo de beca, aunque se le plantea una duda: "¿Si durante el curso el alumno no va bien, se le quitan de inmediato los 600 euros o los seguirá cobrando hasta el final de curso?".

Por último, CCOO mantiene que ese importe mensual (ó 6.000 euros anuales) "no solucionará el problema del fracaso escolar y se plantean además en un momento económico en el que las prioridades deben ser otras".