Hay términos con los que, en según qué circunstancias vitales nos hayan tocado en suerte para deambular por este mundo, no andamos muy familiarizados. Precarista, un término jurisprudencial, es el que ahora conoce muy bien Carmen Ocaña, de hecho, la palabra de marras la empuja a guardar una carpeta hasta arriba de papeles y un bote de pastillas para la ansiedad que no oculta tomar “para conciliar el sueño”. Precarista es en lo que se convirtió esta gaditana cuando “a las dos semanas de fallecer” su madre, y “en la misma casapuerta de la casa” de realojo en la que residían por entonces, firmó un papel que le trajeron “dos técnicos de Procasa que me conocían desde pequeña”. “Ellos me dijeron que si firmaba me entregaban las llaves de nuestra casa, que había estado a nombre de mi madre y, antes, de mis abuelos. Me fié, claro, ¡los conocía desde que tenía 8 años! Pero por lo visto, me entero a los años, que lo que firmé me convirtió en precarista, es decir, que no tengo derecho a la casa y que me pueden echar cuando quieran”. Y este, según esta madre de cuatro hijos del barrio de la Viña, es el origen de sus males y el principio de su lucha.

Abre la carpeta, comienza el desfile de fechas y requerimientos. Carmen Ocaña lleva pidiendo desde hace más de una década la subrogración del contrato de Pericón, 22, propiedad de Procasa, empresa del Ayuntamiento de Cádiz, en la que ha vivido 35 años bajo la titularidad de sus abuelos y, después, de su madre. pero “nunca me hicieron caso, ningún gerente de ningún color político que ha pasado por allí”, aduce esta madre de hijos con edades de 3, 5, 6 y 16 años.

Rodeada por algunas de las miembros de la asociación de su barrio, Mujeres de Acero, Carmen Ocaña explica ahora que su principal preocupación es que la desalojen de su hogar ante el cambio de condiciones que este mes de septiembre le ha notificado Procasa. “Y como soy precarista, pues es que no tengo ningún derecho, vamos, que cuando quieran estoy en la calle. Y yo por mí, me da igual, me meto en donde sea pero, ¿y mis niños?, es que yo no quiero que pasen por esto”, lamenta, nerviosa y triste, la gaditana que ha comunicado su situación al alcalde de Cádiz, Bruno García, del que espera una respuesta.

La ley, si no fuera por aquella rúbrica que la transformó en precarista, la ampara. Y es que la casa donde reside fue adjudicada a su abuelo en 1954 (es decir, antes de 1964 cuando las subrogaciones eran indefinidas). “Luego a mi abuela y luego pasó a mi madre. Quiero decir con esto que la subrogración me seguía perteneciendo a mí porque cuando cambia la ley en 1965 se indicó que a partir de ahí sólo se permitían dos, con lo que la casa en la que he vivido siempre me sigue perteneciendo por ley”, detalla.

Ha vivido siempre excepto, precisa, en una etapa en la que, todavía viva su madre, las realojaron en la calle Fray Félix por rehabilitación de la vivienda de Pericón. Fueron 4 años. En ese periodo murió su madre y en ese periodo, en 2014, fue cuando recibió la visita que todavía hoy maldice (la del papel, la de la firma, la de un texto que no entendía) y en la que, además, renunció a la vivienda de Fray Félix. “Yo ni sabía que era eso, a mí me dijeron que me daban las llaves y que me volvía a mi casa, y con mucha pena porque mi madre, la pobrecita, se murió sin poder volver que era lo que ella quería”, se emociona.

Así con estas motivaciones sentimentales y legales, esta vecina de la Viña dice (y enseña algunos de los documentos) pidió a Procasa diversas citas para acogerse a su derecho. “No me hicieron caso, ninguno”. Entonces, según la afectada, decide hacerse con un asesoramiento legal profesional y, como respuesta, Procasa le envía, por fin, un contrato a su abogado pero con una subida cuantiosa del alquiler que Carmen dice no poder asumir y una notificación de la devolución de las llaves de su vivienda, en su defecto.

Por parte de Procasa, sin embargo, aseguran que fue la empresa municipal la que le insta a la regularización de su situación tras el propio proceso de regularización de alquileres que se aprobó en consejo de administración de Procasa en noviembre de 2022 –que, entre otras cosas, suponía actualizar el alquiler de Carmen Ocaña de 0,80 (aproximado) que es lo que pagaba a 125 euros (aproximado) – y que la inquilina, al estar en disconformidad, demanda a la empresa en julio de este año a lo que Procasa le responde en septiembre 2023 con las mismas condiciones pero, aseguran, “sin que conste ningún proceso de desahucio, ni parecido”.

“¡Mentira!”, contesta rotunda Carmen Ocaña que vuelve a su carpeta, a la seguridad que le dan los papeles, para mostrar cada cita que ha pedido en estos años para hablar de su situación con respecto a la titularidad de Pericón, 22 y para enseñar copias de un par de disposiciones que recibió su abogado desde Procasa. En una de ellas se muestra cómo se le eleva la cuota mensual de 0,81 euros a 151,55 euros más 40 euros de comunidad –“eso es más bien 200 euros que 125, ¿no?”, ironiza– y en otra se puede leer el punto número 3 de la contestación que reza: “deberá darse por expresamente requerida para la devolución de las llaves de la vivienda municipal de referencia en el domicilio indicado al pie de este escrito, en el mismo plazo de siete días naturales desde la notificación del presente requerimiento”.

“Por eso me fui a buscar al alcalde después de un pleno, dime tú si recibes esto no te preocupas... Y por nada del mundo quiero yo que mis hijos vean esto, que lleguen del colegio, llamen a la puerta y nos echen de aquí... Entiendo que quien vea las cantidades diga, oye pues no es tanto lo que paga, pero es que no puedo asumirlo, no me llega y, además, es que me siento engañada, muy engañada, porque me quitaron mi derecho de poder subrogar el contrato, tal y como me pertenecía. Me siento engañada y muy triste por toda esta situación”.

"Es una vecina en una situación complicada"

Desde la asociación Mujeres de Acero del barrio de la Viña, la empatía con Carmen Ocaña no puede ser más. “Es una vecina que está pasando por una situación complicada. Y aquí estamos para apoyarla. Es una madre que está sola con cuatro niños y esta es la casa donde ha vivido toda la vida”, apoyan a la joven Conchi Domínguez, la presidenta de la entidad, junto a Charo Eliso y María Ballesteros, miembros también de Mujeres de Acero.

Las vecinas dan fe de la situación de “vulnerabilidad” de Ocaña y de su “sinceridad” al explicar su caso y por eso “tenemos que apoyar a una mujer del barrio, pues para esto están las Mujeres de Acero”. Además, también aseguran que en el encuentro que Carmen Ocaña mantuvo con el alcalde de Cádiz, Bruno García, “fue muy atento y muy respetuoso con Carmen” y “se interesó por el caso y dijo que se iba a informar”. “La verdad que ojalá esto se resuelva, regularicen su situación con su contrato y todo esto tenga buen fin, que hay cuatro niños de por medio”, recuerdan.