¿Qué pasa con la actuación del puente Carranza? ¿Por qué no se ha dado toda la información como procede en este tipo de actuaciones que van a marcar tanto la vida -el tráfico- de una ciudad durante varios meses? ¿Por qué el Ayuntamiento reclama más tiempo y más datos para preparar la ciudad ante lo que se avecina, con una Semana Santa y un verano de por medio, y la Subdelegación del Gobierno apenas deja novedades de la obra a cuentagotas?

El cierre del puente este próximo domingo y los planes alternativos que hay que elaborar tanto para el tráfico rodado como para el transporte público están desvelando cierta improvisación o inseguridad por parte de las administraciones, que parecen no afinar en el recorrido previo de una actuación de este calado y que evidencian signos de descoordinación o incluso de cierta tirantez.

La obra es de tal calado que se pueden contabilizar hasta cinco administraciones implicadas de manera directa. En primer lugar el Estado, que es el que va a realizar la obra por medio del Ministerio de Transportes y el que tendrá que habilitar los desvíos y señalizaciones para llegar a Cádiz a través de la Demarcación de Carreteras y la Dirección General de Tráfico; luego está el Ayuntamiento de Cádiz, que tiene que diseñar un plan de tráfico para minimizar el impacto del cierre del puente en la ciudad y absorber el notable aumento que se espera de vehículos llegando por el nuevo puente. En la ecuación hay que meter también a la Junta de Andalucía, por medio del Consorcio Metropolitano de Transportes que debe adaptarse a los cambios (cuando no aumentar la oferta, como reclamaba sin éxito el gobierno de Bruno García para facilitar que no se use el vehículo privado). Y por último habría que citar a los ayuntamientos de Puerto Real y San Fernando, que de algún modo también estarán afectados por esta obra y los cambios de tráfico que va a provocar.

La delantera la han tomado, de la mano, Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía, que este lunes anunciaban el plan de tráfico y los cambios en el transporte interurbano de viajeros por carretera. Curiosamente, esa información y el dispositivo se daba a conocer un día antes de que todas estas administraciones estén convocadas a una reunión en la que, a priori, se va a acordar todo lo relativo a las consecuencias del cierre del puente Carranza. ¿Por qué, entonces, se han adelantado estas dos administraciones, sin escuchar lo que este martes pueda poner encima de la mesa Carreteras o la propia Subdelegación?

Ciertamente, la ‘maniobra’ municipal y autonómica no termina de entenderse; sobre todo, si se tiene en cuenta que en todos los grandes eventos el dispositivo de tráfico y de seguridad se diseña en una junta en la que participan todos los implicados.

Los propios concejales del Ayuntamiento (José Manuel Verdulla y José Manuel Cossi) o la delegada de Transportes de la Junta (Carmen Sánchez) no supieron dar el lunes una razón convincente de por qué ese adelanto de la información. Ellos se quejan de falta de información por parte de la Subdelegación, pero en paralelo confiesan que llevan desde diciembre manteniendo reuniones para preparar este cierre del Puente Carranza. Es más, Verdulla llegó a indicar el lunes que tras la reunión de este martes pudiera haber cambios en el plan de tráfico presentado tan solo 24 horas antes.

Al mismo tiempo, es cierto también que por parte del Ministerio no se ofrecen muchos detalles de la obra. Sorprende que la confirmación del cierre total al tráfico y el período de cuatro meses no llegara hasta el pasado 5 de marzo (doce días antes del cierre), y que el Ayuntamiento y el resto de administraciones tuviera conocimiento por la comunicación oficial a los medios del Ministerio y no mediante comunicaciones o reuniones previas.

También llama la atención que no se conoce el proyecto que se va a ejecutar en el puente Carranza, más allá de los pocos detalles (y muy técnicos) que el Ministerio deslizó en su comunicación del 5 de marzo. Todo esto coincidiendo en el tiempo con el cambio al frente de la Subdelegación y el aterrizaje en el que todavía se encuentra la nueva subdelegada, Blanca Flores.

De este modo, la ciudad camina un tanto a ciegas hacia ese 17 de marzo en el que perderá un puente por un período que nadie cree que vaya a ser sólo de cuatro meses y que todos dan por hecho que se alargará más en el tiempo. Es decir, a una semana de Semana Santa y con el verano en el horizonte pierde la ciudad un acceso, mientras las administraciones dan muestras de cierta debilidad o inseguridad respecto a cómo afrontar un escenario así.

Distintas fuentes evitan entrar en polémicas con la otra administración, aunque sí haya quejas de la premura y de la falta de información. Así que cabe pensar que todo se está haciendo con excesiva improvisación, y eso en una administración pública y con una actuación que afectará tanto a miles de ciudadanos no es nada halagüeño; o que el “riesgo grave” del puente del que hablaba una notificación que se hizo viral hace unos días es del todo cierto y preocupante, de ahí la urgencia con la que se está actuando por parte del Ministerio.