Después de 21 años ininterrumpidos trabajando en el Ayuntamiento de Cádiz, una psicóloga y una trabajadora social se quedan sin empleo. Una dolorosa noticia que centra la atención municipal estos días pero que el sindicato UGT ha querido recordar que no es aislada. Así, a la par que traslada su apoyo a estas empleadas, “excelentes profesionales y mejores personas”, recuerda que el pasado diciembre ya fueron cesados en sus puestos otros dos trabajadores de Asuntos Sociales pertenecientes al programa de Prevención y Tratamiento con Drogodependencias.

En concreto, en aquella ocasión se trató de una psicóloga con más de quince años al frente de ese programa y un técnico medio “que llevan cuatro meses en el desempleo porque falta una firma en el convenio con Diputación”.

“Nos gustaría que estos dos compañeros hubieran tenido el mismo apoyo por parte de la concejala de Servicios Sociales y de todos aquellos que ahora se rompen la camisa por los Servicios Sociales”, reclaman desde UGT.

Estas situaciones, traslada el sindicato, se repiten por “la falta de estructura” en Servicios Sociales. Y señala UGT a “todos los que se han posicionado en contra de la modificación parcial de la RPT y piden la ampliación de la plantilla de Servicios Sociales”. “Recordarles que en dicha modificación iban dos puestos de trabajador social y un puesto de psicólogo, que si bien es un número ridículo en comparación con las necesidades estructurales de la plantilla, también es cierto que durante más de treinta años no se ha ido ampliando la plantilla de Servicios Sociales sino a cuentagotas”, añaden.

Pero el problema de fondo para UGT es que al Ayuntamiento (al de Cádiz y al de cualquier ciudad) no le interesa ampliar la plantilla de Servicios Sociales porque a través del sistema actual de programas con financiación externa “les sale rentable y gratis mantener a la plantilla”; plantilla que además “cobra unos 200 menos que un funcionario de carrera”, lo que suma un ahorro anual de 100.000 euros, según señala el sindicato.

Más reivindicaciones

A esta reclamación se ha unido la plataforma andaluza de profesionales de Tratamiento Familiar, que centra su reivindicación de mantener en sus puestos a las trabajadoras despedidas en los derechos de la infancia y “poder seguir prestando el servicio que garantice los derechos de la ciudadanía”.

Defiende esta plataforma que la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la ley de los Derechos y Atención al Menor, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, o el decreto que regula el programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección amparan su reivindicación de “respetar la continuidad del personal de los Equipos de Tratamiento Familiar que vinieran desempeñando sus funciones”.

“La atención y tratamiento a la Infancia en riesgo y desprotección (recuérdese que hablamos de abusos sexuales, maltrato psicológico o físico en muchas ocasiones crónico, negligencia y otras tipologías de maltrato infantil) requiere unas intervenciones psicológicas, educativas y sociales de alta especialización técnica”, defiende la plataforma andaluza, que pide sea escuchado su “criterio técnico” para impedir el cese de las dos trabajadoras despedidas.