El equipo de trabajadores técnicos de la delegación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz denuncia el desmantelamiento "del ya de por sí maltratado" programa de Tratamiento a Familias con menores, dedicado a la protección de las niñas y los niños más vulnerables de la ciudad, planteando el despido de dos de sus cinco profesionales: una trabajadora social y una psicóloga, ambas, con 21 años de dedicación en el Consistorio gaditano.

Estas trabajadoras, Concepción Rea Crespo y María de la Paz Troncoso Zarazúa, se han dedicado, además, a un cometido específico de protección de la Infancia en Riesgo en Cádiz y dentro de un programa que cuenta con alta protección puesto que se encuentra conveniado con la Junta de Andalucía desde el año 2002, que cambió a transferencia en el año 2015, con plena garantía de continuidad, y que requiere también la continuidad de su personal por la delicada labor que desempeñan, "según se recoge el Decreto 494/2015 en su disposición adicional tercera", tal y como detallan los compañeros de las afectadas que han puesto en conocimiento de esta situación a los medios de comunicación.

Según barajan estos trabajadores, el puestos de psicólogo será cubierto por un profesional perteneciente a una bolsa de trabajo creada en 2006. Una bolsa que, cuentan, "se creó debido a que solo existen dos psicólogas para el referido programa, con lo que los responsables del Servicio de familia e Infancia de ese momento decidieron ampliar el número de plazas de esta profesión con el único objetivo de sustituir si fuese necesario a las dos personas citadas por algún motivo". De hecho, aseguran, las profesionales implicadas "mostraron en aquel momento su interés por formar parte del procedimiento refiriéndoles taxativamente que el mismo solo estaba destinado al objetivo de la sustitución, siendo por tanto incoherente que se presentasen, ya que ambas estaban ejerciendo su labor".

"Desde entonces han realizado su trabajo hasta que les ha llegado el aviso claro de la pérdida de su puesto de trabajo, ya que, de la reciente decisión de no mantener en el puesto a personas que han superado el contrato laboral en curso, se deduce que la única salida es la de contemplar únicamente las bolsas existentes, la bolsa creada en el año 2006 que hemos comentado, y las bolsas “genéricas” de trabajo social en la que la compañera trabajadora social no se encuentra incluida, y que no contemplan la especialización necesaria para participar en el Programa", argumenta el personal técnico municipal de Servicio Sociales que reiteran "la necesidad de buscar solución a esta situación" poniendo además el acento en la responsabilidad social de la Administración que, en situaciones como esta, "hacen recaer la responsabilidad en el trabajador, como causante de su merecido daño y en último lugar como víctima".

Y es que "tras 21 años de servicio, estas trabajadoras pueden ser cesadas por un sistema que utiliza a los trabajadores para después desecharlos sin haberles reconocido ningún derecho, tras una labor dura, que recordemos, han estado desempeñando en condiciones precarias y primando, ante todo, la necesidad que tienen los ciudadanos Cádiz de ser atendidos con calidad desde unos Servicios Sociales que siguen funcionando a pesar de todo. Dos trabajadoras, que la Administración local decide que no se encuentran en el lugar adecuado para ser salvadas del desempleo que ya se les ha informado", lamentan estos profesionales del Programa de familia e Infancia y de Tratamiento Familiar del Ayuntamiento de Cádiz que solicitan "a los responsables públicos y técnicos la revisión de esta decisión" con la que expresan "un total desacuerdo".