Temor y recelo en Cádiz. Francia de nuevo

Si hay una palabra que mejor pueda definir esta andadura que va de enero a junio de l823, independientemente de lo que ocurrió después, es la de crisis. En el contexto nacional, pronto se desvanecieron las esperanzas depositadas en el gobierno exaltado de San Miguel, impotente ante los graves problemas internos, pero fue en política exterior donde la falta de una diplomacia más experimentada se echó de menos. Todo ello hizo que este gobierno no solo satisficiera a los moderados, sino que provocó el desencanto y agudizó la división entre los mismos exaltados.

En el Congreso de Verona, inaugurado el 20 de octubre de 1822, las potencias europeas acordaron finalmente la intervención, habida cuenta de que la conservadora Europa del momento no podía consentir un régimen de libertades, al amparo de la Constitución de 1812, como el que había en España. Para ello, se decidió dar vía libre a Francia para que interviniera en nuestro país, tesis a la que sólo podría enfrentarse Inglaterra con una guerra declarada, cosa harto improbable. Así pues, los primeros meses de l823 estuvieron presididos por un gran estado de inquietud en los círculos liberales que, bajo los acuerdos de Verona, veían cómo la causa constitucional fue declinando progresivamente. Se quiso, en un intento cada vez más imposible de frenar la situación, contestar a las notas diplomáticas con energía, aunque poco o nada se consiguió con esta actitud.

Como se hiciera la situación cada vez más preocupante, en la sesión de Cortes del l2 de febrero, se autorizó facultar al Gobierno para que, en caso de peligro manifiesto, cambiara de residencia. Esta medida se adoptó, naturalmente, con el desacuerdo del Rey, quien trató de boicotear la labor del ejecutivo ante la desaprobación popular, hasta el punto de que se llegó a oír, por primera vez, gritos de “¡Muera el Rey!”. Con este estado de cosas empezó el año l823 que iba a presenciar la caída definitiva de esta corta experiencia liberal en España, iniciada en l820. Por las circunstancias, que a continuación iremos viendo, tocó a Cádiz un protagonismo tal, que sobrepasó los límites de su historia local, para convertirse , de nuevo, en punto de atención nacional e internacional.

Crisis institucional en Cádiz

Este estado de inquietud general coincidió en Cádiz con una serie de acontecimientos, que vinieron a poner de relieve una casi total división entre las autoridades municipales y los jefes político y militar, respectivamente, que, naturalmente, dependían del Gobierno. En cuanto a la Milicia Nacional, poco a poco fueron aflorando en su seno las influencias de las sociedades secretas, masones y comuneros, que en estos momentos llegaron a su punto más álgido, siendo también frecuentes las agresiones e insultos personales, cuando no el choque entre los mismos vecinos. Un claro exponente de ello fueron las excesivas atribuciones que tomaron los propios milicianos, hasta el punto de tener que comunicar el Ayuntamiento al comandante de la Milicia Nacional, Cayetano Súnico, la prohibición del uso de insignias y adornos alusivos a las tendencias en litigio. De especial importancia fueron los enfrentamientos habidos entre ellos, unos al grito de “¡ Viva Riego con mandil!” ( masón ) y otros al de “¡Viva Padilla ¡” (comunero).

Estos sucesos, que fueron calificados por el Ayuntamiento como críticos, ponen de relieve hasta qué punto los distintos grupos seguían adelante en sus actuaciones, no escatimando agresiones y amenazas de todo tipo por violentas que fuesen. Por si fuera poco, una prensa exaltada y muy dividida por las banderías políticas, contribuyó aún más a agrandar todas estas diferencias.

Poco después, el jefe político, Gutiérrez Acuña, sorprendió a todos con un edicto en el que calificaba de delito de sedición la conducta observada por los milicianos insurgentes, conminándoles a que, inmediatamente, entregasen todas sus armas y se retirasen a sus casas, quedando suspendidos de sus servicios. Aún así , los milicianos ante la insistencia de las autoridades municipales, alarmadas ya por una situación que ellas mismas habían contribuido a radicalizar, decidieron, por fin, claudicar, no sin antes provocar una serie de altercados que obligaron al jefe político y al comandante militar a disolverlos con patrullas del ejército.

Pasados los primeros momentos en los que la Milicia Nacional cedió, tras intentarse la reconciliación, pronto empezaron las misivas de las autoridades gubernativas exigiendo a las municipales la responsabilidad y culpabilidad que se les suponía en estos sucesos. A dicha petición, el Ayuntamiento contestó con una negativa, dado el carácter reservado de las mismas. El resultado fue la destitución de las autoridades municipales, lo que causó gran impacto en Cádiz, creándose una fuerte polémica entre Gutiérrez Acuña y los destituidos, acusándose a éste de infractor de la Constitución, prevaricación y cohecho. También se cerraron varios cafés considerados ‘subversivos’, como el ‘Constitucional de Cádiz’ y el de la ‘Victoria’, “por acogerse en él los que allí alteraban la tranquilidad pública”, según apostilló el Diario Mercantil que, a partir de aquí , no regateó medio alguno para atacar duramente a través de sus páginas a los elementos exaltados. Tampoco se libró de esta ‘purga’ la prensa, sobre todo la más radicalizada.

Los Cien Mil Hijos de San Luis

Tan pronto como se conoció la firme decisión por parte de Luis XVIII de invadir la Península, el gobierno español comenzó a disponer todos los preparativos pertinentes para hacer frente a esta situación. Muy significativamente, el 15 de marzo de 1823 Gutiérrez Acuña, en un llamamiento a la población gaditana, daba cuenta de las intenciones francesas de intervenir en España con un ejército de 100.000 soldados, haciendo ver que la gravedad de la situación “no permitía entrar en discusiones prolijas”, al tiempo que denunciaba esta decisión como “un atentado al derecho de gentes y a la independencia de las naciones”. De paso, mostraba su resolución de hacer frente a esta provocación, haciendo ver que Cádiz se convertiría “en asilo de la Patria y escarmiento de agresores”.

El 7 de abril el ejército francés entró en España por el Bidasoa y el 23 de mayo el duque de Angulema, tras atravesar el Ebro, estableció en Madrid su cuartel general, trazando una estrategia muy parecida a la de la anterior Guerra de la Independencia. Inmediatamente después de producirse la invasión, el gobierno español pidió un reemplazo de 30.000 hombres, el llamamiento a filas de los ya cumplidos y una reorganización de todos los efectivos militares en cinco cuerpos de ejército. Se hizo un llamamiento a todos los mozos solteros y viudos sin hijos desde los l8 a los 40 años, asignándosele a Cádiz la cifra de 425 hombres en sorteo verificado el 7 de mayo. A medida que Angulema avanzaba, los preparativos en la ciudad se fueron acelerando, pidiendo la Diputación Provincial esfuerzo y sacrificio a la población para que “diese una prueba de su patriotismo”. Sin embargo, fue muy poca la resistencia que encontró el avance de Angulema por Andalucía, lo que demuestra, una vez más, el escaso eco que la Constitución de 1812 encontraba en grandes capas de la población española.

Con todo, fueron los problemas económicos los que de verdad ocasionaron el mayor número de retrasos y dilaciones. Al depender la financiación de la Diputación Provincial, ésta se vio obligada a hacer una angustiosa llamada a los ayuntamientos de la provincia para que cooperasen, admitiendo, como forma de pago, incluso granos de toda clase y cualquier otro tipo de víveres para la subsistencia del Ejército. Como respuesta, el Ayuntamiento de Cádiz acordó aumentar los impuestos que se cobraban en concepto de derechos de puertas. La situación económica llegó a tal extremo, que la propia Diputación publicó un oficio por el que, en virtud de facultades extraordinarias, concedió la excepción del servicio a 100 hombres mediante un donativo de l0.000 reales que serían destinados a las obras de fortificación de la plaza. Igualmente, para reanimar el espíritu público y aliviar la maltrecha economía, se invitó al vecindario a que concurriese a los trabajos de defensa. Aún así, el Ayuntamiento gaditano se dirigió a la Diputación haciéndole ver que “por parte de esta desgraciada ciudad ya no es posible que se realice ningún nuevo impuesto”, suplicándole también que se “introdujera en Cádiz toda suerte de géneros y manufacturas bajo derechos muy moderados”.

Cádiz, pues, en medio de todo tipo de dificultades, al igual que en la pasada Guerra de la Independencia, se preparaba para un nuevo asedio por parte de las tropas francesas cara a aquel verano de 1823.