Talleres formativos para cumplir condenas por delitos menores

El trabajo en beneficio a la comunidad es una modalidad de pena que se utiliza como condena para los delitos menores. El Real Decreto 840/2011 de 17 de junio de 2011 lo define como "una cooperación personal que debe prestar el penado en actividades de utilidad pública no sometido a contraprestación alguna, bajo la verificación de una unidad administrativa".

Este Real Decreto, que entró en vigor el pasado día 8, ha supuesto una innovación en cuanto a este tipo de penas, pudiéndose cambiar por talleres educativos referentes a la infracción cometida. Una reforma que abre nuevas posibilidades en la reeducación de los penados.

Pedro Mendoza es el jefe del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Cádiz, antiguo Servicio Social Penitenciario y cuyo nombre ha variado con el nuevo reglamento. Este centro canaliza anualmente unas 3.000 sentencias con condenas de este tipo en el ámbito de la Bahía y que se ve reformado por este Real Decreto. "Es una reforma muy novedosa, muy moderna y muy a la altura de una sociedad que está en una constante evolución, como es la española", afirma Mendoza.

El principal delito que se suele cumplir con trabajos para la comunidad guarda relación con el tráfico, con un 80% de penados, seguido por la violencia de género (con una cifra en torno al 12%) y otra serie de delitos menores como hurtos, vejaciones, lesiones de poca importancia o vandalismo. De todas las personas que realizan estos trabajos, sólo alrededor de un 3% vuelve a reincidir.

Uno de los principales cambios en la nueva normativa está en la posibilidad del cambio de las condenas de trabajos por actividades en talleres educativos. Para Mendoza, esto supone "una innovación. Antes, las penas por delitos contra la seguridad vial se podían cumplir con el Taseval, unos talleres muy eficaces de sensibilización del tráfico. Ahora, se permite que otros tipos de delitos se puedan cumplir con este tipo de talleres reorientadores".

Esta innovación supone para Mendoza "una gran ilusión porque los penados ven que no es una mera retribución lo que la norma impone, sino que el legislador se preocupa de la mejor formación, la mejor información y, sobre todo, el mejor resultado. Se forma y se informa para que reflexionen sobre las conductas que han llevado hacia un delito para que no se den luego por la ejemplaridad de la formación".

De esta manera, se incide en un aspecto vital para que las personas no acaben cometiendo un delito, como es la educación. "Sin duda que los pequeños delitos tienen que ver con la educación. Los factores de socialización de un individuo pasan por la familia, la escuela y las influencias del exterior. Si desde pequeño no existe orden y responsabilidad, esta persona crece de un modo desequilibrado. No tiene conciencia de lo que hace. Cuando se está en una edad en la que se puede alterar el orden, si no se tiene un valor la conducta actuará en consecuencia a esto", opina Mendoza.

Otro asunto que, en opinión de Mendoza, es una mejora de la anterior norma es la ejecución inmediata de las actividades encomendadas por el Servicio de Gestión de Penas ligada a la tutela judicial efectiva, pudiendo intervenir en cualquier momento. Una manera de agilizar el cumplimiento de las sentencias, ya que antes se debía presentar al juez una propuesta para que fuera aceptada. "En este aspecto es un Real Decreto muy innovador porque no esperamos a la actuación del Tribunal, haciéndolo muy activo, agilizando el trabajo y respetando el principio de flexibilidad para la ejecución de estas condenas. Nos acercamos al penado para que, dentro de nuestros recursos, pueda ejecutarse la pena con toda la legalidad, con todos los principios y teniendo en cuenta su situación personal".

Una de las novedades que también incluye el Real Decreto, y que se incluía en la reforma del Código Penal en diciembre de 2010 en un anterior Real Decreto, es que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben remitir mensualmente un listado con las plazas disponibles para trabajos en beneficio de la comunidad. "La respuesta por parte de las administraciones está siendo buena y abre muchas posibilidades. Junto a la dirección de Puerto 2 estamos haciendo una ronda de visita a los alcaldes de las distintas poblaciones. Hasta ahora, estoy a la espera de que me llamen en Cádiz para una mesa de trabajo para adecuarnos lo antes posible a la norma, al igual que en otras poblaciones, teniendo en cuenta que se están formando las corporaciones locales", destaca Mendoza.

Además, entre otros beneficios del nuevo reglamento están que los penados tienen que estar protegidos por las contingencias comunes de enfermedad profesional y de accidente o la fijación de la atención por parte de la administración en función del domicilio.

Para el cumplimiento de las sentencias, el Servicio de Gestión de Penas de Cádiz dispone, además de la bolsa de plazas públicas, otra privada con ONGs, asociaciones vecinales o entidades sin ánimo de lucro. La asignación de las tareas, relata Mendoza, se realiza "una vez recibidas las sentencias desde los juzgados. Se llama al penado a través de una citación y le informamos de la situación penal en la que se encuentra y las plazas disponibles en su localidad, con los perfiles que quieren. Una vez propuesto el cumplimento, también se ofrece al penado que proponga el lugar donde cumplirlo, aplicando el principio de flexibilidad y siempre teniendo en cuenta la tutela judicial efectiva".