Manuel García Gallardo muestra su satisfacción tras el sobreseimiento del caso de los maletines de test Covid

El pasado día 16 de diciembre, el Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla decretó el auto de sobreseimiento de las diligencias iniciadas tras la denuncia de un presunto delito de cohecho, ocasionado por una posible comisión derivada una supuesta gestión de venta de los tests Covid Speedy Bag durante los meses de estado de alarma de la pandemia al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según ha señalado la familia de Manuel García Gallardo, uno de los investigados, en un comunicado de prensa, en el auto emitido se expone de forma clara y reiterada la "inexistencia de indicios racionales de criminalidad", una vez analizados pormenorizadamente los hechos constitutivos de la denuncia formulada por el presunto vendedor de dichos tests, Félix Guerrero, comercial dedicado al sector farmacéutico.

Con motivo del auto decretado, entre los investigados, el señor don Manuel García Gallardo, presunto comisionista, quiere dejar constancia ante los medios que en ningún momento ha llegado a declarar durante el procedimiento de instrucción, ante la evidente carencia de indicios de delito examinados por el Juez, tal y como resalta en su Auto: "No existiendo indicios de que constituya en sí mismo un ilícito penal el efectuar una labor de intermediación". Cabe destacar que, además, la venta de los tests nunca llegó a efectuarse.

Manuel García Gallardo, asistido por el letrado Manuel Hortas de Jerez de la Frontera, al conocer la noticia de manos del Juzgado ha mostrado su enorme satisfacción y ha querido volver a insistir en que sigue creyendo en la Justicia, tal y como afirmó tras confirmarse la sentencia por el caso Quality Food, tan solo unos días antes del caso de los tests, en la que la justicia volvió a darle la razón. García Gallardo ha valorado que cree en una Justicia que sabe dilucidar la verdad por encima de presiones mediáticas o políticas.

Los asesores legales se reservan el derecho a emprender algunas medidas judiciales ante el trato desproporcionado y los consiguientes daños y perjuicios causados contra la imagen y el honor de su cliente. Desde la familia García Gallardo se ha subrayado que la denuncia carecía de consistencia, tal y como refleja el juez en el auto, y sin embargo Manuel García Gallardo ha sufrido desde una detención hasta un serio agravio por parte de algunos medios e instituciones, sin preservar la presunción de inocencia, ahora reconocida judicialmente.

Igualmente, el juez remarca que, sobre el jefe de Gabinete de la Consejería de Salud, el coinvestigado Guillermo González López, a pesar de su condición de funcionario público o más bien empleado público, "queda suficientemente probado que carecía de facultad para la toma de decisiones, así como la potestad para decidir sobre la adquisición de dichos tests" y por ello igualmente "no es responsable ni tampoco existen indicios de que hubiese actuado en connivencia con el resto de investigados para propiciar un aumento de precio y que de ahí se derivase un lucro".

Tras el auto, el juez ha ordenado que se dé traslado al Ministerio Fiscal y las partes para que una vez sea firme se proceda al archivo de las actuaciones.