El despido de dos trabajadoras de la delegación de Asuntos Sociales, adscritas al equipo de Tratamiento Familiar y con 21 años de servicio en el Ayuntamiento, sigue levantando polvareda en los pasillos de San Juan de Dios. Con el equipo de gobierno públicamente dividido ante esta situación, se siguen produciendo reacciones; y la última a la que ha tenido acceso este periódico apunta a que el propio Consistorio había cerrado un acuerdo para que las dos empleadas mantuvieran sus respectivos puestos de trabajo.

Según ha trasladado el sindicato Autonomía Obrera, el pasado 27 de abril se celebró una mesa de negociación en la que se decidió modificar la bolsa de psicólogos para incluir a las dos trabajadoras titulares del programa de Tratamiento de Familias con Menores y hacerlo en los dos primeros lugares de la bolsa. Acuerdo que días después rompía el equipo de gobierno amparado en un informe técnico anterior a esa mesa de negociación e impidiendo incluir a las dos empleadas despedidas. Un cambio de opinión que ha provocado la reacción de Ganar Cádiz replicada, a su vez, por el otro sector del equipo de gobierno.

Recuerda Autonomía Obrera al respecto de esta polémica, que las dos trabajadoras que no seguirán en sus cargos accedieron a este programa de tratamiento familiar en el año 2001, “siendo uno de los requisitos la experiencia previa de tres años en la especialidad”. De ahí que lleven ambas 21 años trabajando con menores en el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El problema que ahora ha visto la luz se remonta al año 2006, cuando se convocó una bolsa para cubrir las necesidades de este programa “en supuestos de sustitución de los titulares o vacantes”. “Siendo esa la finalidad de dicha bolsa, es lógico que las titulares del programa no se presentaran a dicho proceso”, apunta el sindicato al respecto, argumentando así el por qué las dos trabajadoras no han podido acceder a la continuidad en sus puestos.

También hay que tener en cuenta en este controvertido escenario la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público reformado en el año 2015, que limita los nombramientos por programas a un período de tres años. Así como la prórroga que se concede en el año 2017 por parte de la mesa de negociación a la vigencia de todas las bolsas de empleo municipales, sin advertir entonces “que las personas titulares del programa con mayor experiencia y especialización no están incorporadas en dicha bolsa, y tampoco que pudiera ocurrir lo que ha dado lugar a esta situación”, reconoce Autonomía Obrera.

No sería hasta el pasado diciembre, cuando se acuerda cesar a la plantilla que participa en esos programas con financiación externa para luego nombrar a la nueva plantilla en función de las bolsas, cuando se detecta este problema de que las dos trabajadoras que llevan desde 2001 al frente del programa de Tratamiento Familiar con Menores no aparecen en la bolsa correspondiente, por lo que son cesadas para dar entrada a dos nuevos profesionales.

Y ante estos hechos, Autonomía Obrera se alinea al lado de Ganar Cádiz y de los partidos de la oposición y ha instando a la delegación de Personal “que lleve a efecto el acuerdo adoptado en la mesa de negociación de 27 de abril de 2021, se modifique la bolsa del 2006 incorporando en primer lugar a las dos trabajadoras afectadas y posteriormente realice el nombramiento de los psicólogos del programa de Tratamiento de Familia con Menores para la anualidad 2021-2022 por el orden que quede establecida la bolsa tras dicha modificación”.