Los trámites para la empresa mixta del agua en San Fernando se eternizan: todo apunta a que no estará en este mandato
El Pleno ha aprobado este lunes el estudio de viabilidad y la estructura de costes, pero todavía tiene que afrontar una larga tramitación antes de licitar
Las inversiones previstas se han rebajado 10 millones: de los 25 anunciados se ha pasado a 15
A Pleno otros dos pasos en la larga tramitación para crear la empresa mixta del agua en San Fernando
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El gobierno municipal ha aprobado este lunes un pleno extraordinario otros dos trámites para la anunciada puesta en marcha de la empresa mixta que asumirá la gestión de los servicios de agua y alcantarillado en San Fernando: la aprobación definitiva del anteproyecto y del estudio de viabilidad y la aprobación inicial de la estructura de costes.
Ambos puntos han salido adelante con los únicos votos a favor del grupo socialista -que tiene la mayoría- y con la abstención de PP y AxSí. VOX, por su parte, ha votado en contra de ambas propuestas.
El pleno extraordinario, en todo caso, ha puesto de manifiesto el largo proceso administrativo que todavía tiene que afrontar el Ayuntamiento de San Fernando para que sea una realidad la constitución de la citada sociedad mixta, cuya creación se anunció en 2022 y que supondrá un cambio en el modelo de gestión, externalizado y en manos de una empresa privada (Hidralia) desde hace ya más de 30 años.
En el pasado verano, de hecho, se aprobó la cuarta prórroga de este contrato a la espera de la constitución de la citada sociedad de capital mixto, en la que el Ayuntamiento sería el socio mayoritario, lo que desde el gobierno de Patricia Cavada se defiende como una "remunicipalización".
La complejidad del proceso y la lentitud de los trámites apuntan, sin embargo, a que el mandato concluirá sin que se haya podido poner en marcha la nueva empresa mixta del agua y del alcantarillado.
Así, la estructura de costes, tras su aprobación inicial tendrá lógicamente que afrontar un periodo de exposición pública y presentación de alegaciones. Pero -así lo ha advertido el portavoz de AxSí, Fran Romero- para contratos que superen los cinco millones de euros, por ley debe recabarse previamente también un informe preceptivo y valorativo de dicha estructura de costes que emita el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. En el caso de Andalucía, este informe puede ser emitido por el órgano autonómico consultivo, es decir, la Comisión Consultiva de Contratación Pública.
Posteriormente, habría que comunicar a efectos informativos la estructura de costes que se apruebe a la citada Comisión Consultiva y al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. Y después hay que elaborar también una memoria justificativa del contrato con la fórmula de revisión de precios, "una cuestión clave que en los pliegos deberá costar la metodología específica de esta revisión de precios, al no ser un contrato de regulación armonizada puede ser periódica, no predeterminada o no periódica". Todos esos pasos, que a buen seguro llevarán meses, serían anteriores al proceso de licitación pública para la selección del socio tecnológico, es decir, de la empresa privada que formará parte con el Ayuntamiento isleño de la futura sociedad, que se presenta además como el mayor de los contratos de servicios que se va a tramitar desde el Consistorio, por lo que se presume que su tramitación también resultará compleja.
Así que todo indica que resultará difícil de completar este largo proceso en el año y medio que queda de mandato.
"A esto le queda mucho", ha avisado también la concejala del PP Carmen Roa durante su intervención: "La realidad es que si llegamos a las próximas elecciones municipales con la redacción de los pliegos nos podemos dar todos con un canto en los dientes", ha afirmado, al acusar al gobierno municipal de "engañar a los ciudadanos" al no advertirles de los tiempos que quedan por delante.
También desde VOX, tanto su portavoz, Carlos Zambrano como la concejala Leocadia Benavente, han advertido del coste que se intuye que acarreará para los ciudadanos la puesta en marcha de la empresa mixta del agua y ha echado mano a los expedientes para señalar también que los 25 millones en inversiones que se recogían en el estudio de viabilidad "se han rebajado a 15 a la vista de las premisas que impone el Ayuntamiento".
"No quieren la remunicipalización del servicio", reprocha el gobierno de Cavada a la oposición
Desde el gobierno municipal, la delegada de Empresas de Servicios Públicos Municipales, la socialista María José Foncubierta, se ha defendido aludiendo a la "remunicipalización" del servicio después de más de 30 años en manos privadas. De hecho, ha comparado la complejidad del proceso con el cambio de modelo que se ha aplicado con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) al asumir también su gestión directa a través de la empresa municipal. "Igual que ahora fue un procedimiento lento y difícil, pero ahora somos un ejemplo de un servicio que debe ser, sí o sí, municipal", ha afirmado.
"No quieren una remunicipalización de los servicios, eso está claro", ha recriminado a los grupos oposición. "Prefieren un modelo 100% privado, como el que existe, el que decidieron en sus mandatos sin estudios, sin comisiones, sin informes, una privatización completa de un bien como es el agua. Y es por eso que no ven bien que recuperemos el control", les espetó.
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