El gobierno municipal llevará el próximo jueves a pleno la desestimación de los recursos de reposición interpuestos por dos empresas del sector de la gestión del agua, Aqualia y Acciona Agua Servicio, contra la revocación del 31 de julio de 2019 del acuerdo plenario –del 26 de abril de 2018– por el que se denunciaba el contrato de Agua y Alcantarillado y se optaba por tanto por no prorrogarlo. Andalucía por Sí (AxSí) ha vuelto a criticar la postura del equipo de gobierno, al que acusa de falta de transparencia, dado que para sus escritos de septiembre y octubre para conocer la existencia de recursos y su contenido no han obtenido respuesta en este tiempo.

"El gobierno llevó de forma unilateral a pleno la revocación del acuerdo, votamos que no porque no estaba justificado al ser un acuerdo beneficioso. Principalmente porque se acababa con la subida anual del 3,25%", resume el portavoz de AxSí, Fran Romero. La formación andalucista considera que la legislación española no apoya la revocación y alude a la existencia de jurisprudencia y a que hay interesados en que se mantenga el acuerdo en cuestión.

Estos son algunos de los argumentos que también esgrimen las recurrentes en sus escritos. La denuncia del contrato favorecía a las empresas del sector, explica Aqualia, ante la licitación de un contrato prevista. Frente a eso la revocación del acuerdo los perjudica al privarles de la posibilidad de presentarse al proceso, y no se pueden revocar actos favorables. A su juicio, no hay motivación para la revocación, sino “un cambio de criterio arbitrario de la Corporación”. Tampoco cree que pueda justificarse que tras un año de la denuncia del contrato se exponga que hagan falta tres años para licitar.

En el caso de Acciona Agua Gestión, la empresa insiste en que se ve perjudicada por la revocación del acuerdo, cuando tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitución han fijado el concepto de interés legítimo. A su entender, hay falta de interés de la administración por inicial y finalizar un expediente de contratación y los argumentos que se ofrecen son calificados de "lista de excusas". Además alude a la falta de un cronograma que sustente el plazo de tres años.

Frente a esos argumentos, la secretaria general del Ayuntamiento apunta en su informe a varias cuestiones para rechazarlos. El acuerdo de abril de 2018 no aprueba el inicio de licitación alguna, mantiene: no se inicia expediente, tampoco se aprueba y no se publica en el perfil del contratante, y solo eso podría aceptarse "cierto interés legítimo en la licitación". Para la funcionaria, la anulación de la denuncia del contrato no supone el acceso al servicio de otros concesionarios, por lo que el interés de los recurrentes es "hipotético o potencial" pero no depende de la anulación de la revocación. Las empresas recurrentes tienen una "mera expectativa de futuro", lo que según recoge el informe de la secretaria general excluye la posibilidad de las recurrentes de ser parte activa en la impugnación. La prórroga, detalla, es necesaria para contar con un contrato que regule la relación entre ambas partes.

Aunque muestra su respecto a los informes, Romero reitera su crítica a la alcaldesa, pero también la dirige a Cs que en julio rechazó la revocación y ahora dará su apoyo, como comprobó en la comisión informativa de Desarrollo Sostenible convocada ayer. "Permitir una prórroga del contrato con las condiciones que se recogen en el pliego es una irresponsabilidad. Estaríamos perjudicando a la ciudadanía, negándole la prestación de un mejor servicio público durante cuatro años y no vamos a ser partícipes. Pensarían que esta intervención es mía, pero no, es de Ciudadanos", ironiza.