Varios son los argumentos que Andalucía por Sí (AxSí) esgrime para argumentar el voto negativo que dará el miércoles a la propuesta del gobierno municipal de prorrogar el contrato de Agua y Alcantarillado. Todos están relacionados entre sí porque en resumen el portavoz andalucista, Fran Romero, duda de la legalidad de la revocación del acuerdo para extinguir el contrato por ser un acto favorable para los ciudadanos, que no tendrían que seguir afrontando la subida del 3,25% anual que fija el actual contrato.

"El motivo para revocar el acuerdo aprobado en pleno en abril de 2018 para avisar a la empresa de la decisión de extinguir el contrato lo despachan en el expediente en un párrafo", advierte el antiguo responsable de Desarrollo Sostenible, que considera que la decisión municipal no está justificada. No hay, insiste, legislación que ampare una revocación de un acto favorable. "Es favorable para los 100.000 habitantes de esta ciudad, que no sufrirán la subida acumulada en cuatro del 14% de la tasa", defiende.

No hay justificación o razón, reitera Romero, para definir el acuerdo de abril de 2018 como "desfavorable", y por tanto para revisar y revocar este acto. "La doctrina que habla de razón de oportunidad no puede aplicarse en este caso", estima. Ni la falta de personal, ni la falta de tiempo son motivos para tomar esta decisión, dice. De ahí que ponga en duda la legalidad de esta revocación.

Por el contrario, el líder de AxSí asegura que existen alternativas, más allá de la voluntad política porque "cuando quiere, puede". Por un lado, plantea que el nuevo asesor de Desarrollo Sostenible dé prioridad a este asunto para tener listo cuanto antes el pliego de condiciones para el nuevo contrato "y mientras la empresa seguiría prestando el servicio facturando". Eso implicaría que no se aplicaría la subida anual del 3,25% al no prorrogarse el contrato. "Ya han gestionado otros servicios levantando reparos del interventor o llevándolos a pleno", matiza para adelantarse a los argumentos que podría esgrimir el equipo de gobierno para rechazar esta opción.

Pero además Romero desvela que a finales de 2018 encargó a Desarrollo Sostenible un pliego para contratar una consultora externa que se encargara de elaborar la propuesta técnica, jurídica y económica para el nuevo contrato, aunque no vinculante y con posibilidad de modificaciones por parte del área. Eso aceleraría los plazos para contar con una nueva plica, a su juicio. "En febrero se remitió a Contratación y no hay novedad hasta ahora", detalla.