San Fernando cuenta desde hace dos meses con el servicio de retirada, tratamiento y descontaminación de los vehículos del depósito municipal retirados de la vía pública y que se encuentran en el final de su vida útil. Con este contrato, que tiene una vigencia de dos años, se regularizan estas instalaciones de la Jefatura de la Policía Local que durante meses acumularon vehículos y motos por la finalización del contrato anterior. Un contrato menor permitió resolver en primera instancia la situación.

Juan de Dios Pérez Ramírez, que también se encargó de este contrato menor con el que se inició la retirada de los vehículos del depósito en marzo –tras el expediente sancionador de la Junta de Andalucía que incluía medidas cautelares que obligaban al Ayuntamiento a deshacerse de lo almacenado con las condiciones de seguridad adecuadas–, fue el único licitante en este proceso administrativo.

Su oferta planteaba un 4% al alza sobre los precios unitarios. En concreto por la retirada de cada bicicleta o vehículo de movilidad personal (patinete eléctrico) propuso un pago de 12,48 euros; por ciclomotor ascendía a 20,80 euros, mientras que por moto llegaba a los 83,20 euros y por turismo, a 156 euros. Los furgonetas de hasta 3.500 kilogramos se recogían con un precio de 208 euros, mientras que camiones y autobuses que superaban ese peso era de 312 euros. A eso se suma que 52 euros por vehículo calcinado.

Este servicio se encarga ahora de la retirada de vehículos a petición del servicio municipal competente, esto es la Policía Local, tanto de la vía pública, como del depósito municipal o de otras dependencias, en un plazo de 72 horas desde el aviso. Los estacionados en la calle con signos externos de abandono se señalizan con pegatina roja y se da al propietario 7 días para moverlo de sitio. Los vehículos que llegan al depósito son declarados residuo si no se sacan de este en más de dos meses.

El adjudicatario de este contrato debe en este caso retirarlos del almacén, emitir y gestionar el certificado de destrucción, y realizar las operaciones de descontaminación y y tratamiento, dado que ha acreditado que dispone de un centro autorizado para ello. Debe tener capacidad para el almacenaje de 40 turismos.

Se trata, de hecho, de un servicio sin coste para el Ayuntamiento dado que su responsable puede comercializar con las piezas y materiales de los vehículos, una actividad con un beneficio económico alto, que se considera superior al coste de la prestación por lo que incluso procede que se abone una contraprestación económica a la Administración local, según los precios ya mencionados que ofertó el interesado. Si en este caso por turismo pagará 156 euros, con el contrato menor llegó a ser 160 euros.

El adjudicatario está obligado, además, a ceder vehículos para la formación, investigación o simulacros del cuerpo de Bomberos o de Protección Civil. Serán, según el contrato, un máximo de 80 que una vez sean utilizados para estos fines debe retirar para el correspondiente tratamiento residual.