Congelar el IBI -que este año se ha subido un 6%- e incrementar el abanico de bonificaciones en distintas tasas e impuestos municipales. Es la política fiscal que el gobierno municipal llevará a la práctica en 2021, un ejercicio que indudablemente estará marcado por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del Covid-19. 

El Pleno ha dado esta mañana su aprobación inicial a la propuesta de ordenanzas fiscales que el ejecutivo de Patricia Cavada ha puesto sobre la mesa en un debate que, como era previsible, se ha ceñido al guion previsto y se ha saldado con el resultado esperado dada la mayoría de votos que tiene en el gobierno que conforman PSOE y Cs. 

Predecible ha sido también la reacción de la oposición en bloque, que en el contexto de la recrudecimiento de la segunda ola de la pandemia, ha tildado de "insuficientes" las medidas fiscales defendidas por gobierno municipal en una situación inaudita, que requiere de políticas extraordinarias en lugar de perpetuar la receta fiscal de los últimos años. Todos han coincidido en la necesidad de bajar el IBI, que es el impuesto que más afecta a los bolsillos de los ciudadanos, en una tesitura especialmente difícil que amenaza con complicarse aún más de cara a 2021. 

Vox y PP han votado en contra de la aprobación inicial de las ordenanzas mientras que Podemos y AxSí se han abstenido y PSOE y Cs, evidentemente, han votado a favor.

El concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha defendido a capa y espada la propuesta de ordenanzas y la política de bonificaciones aplicadas a distintas tasas e impuestos, en la que se ha detenido a lo largo de su intervención. La política fiscal gobierno municipal -como el propio edil socialista ha manifestado- no es partidaria de bajar los impuestos de manera generalizada sino de hacerlo a quienes más lo necesitan, las familias con menos ingresos, y por otro lado a las empresas, para favorecer la creación de actividad económica y la creación de empleo. 

También ha recibido críticas el ejecutivo de Cavada por la tardanza y las prisas con las que llevaba a pleno las ordenanzas fiscales, aprobadas en un pleno extraordinario con carácter de urgencia para poder cumplimentar con los plazos de exposición pública que requiere antes de principios de año. El concejal de Presidencia, en este sentido, ha justificado dicha demora en la necesidad de esperar las directrices de la Dirección General del Castro para ver si se aplicaba o no una subida a a los valores catastrales este año y corresponder desde el Ayuntamiento nivelando el tipo impositivo, como se ha hecho en otros ejercicios. 

La oposición, que ha insistido en la falta de participación y en la inutilidad de la comisión para la reconstrucción, ha dejado claro que las medidas fiscales propuestas son poca cosa para lo que se viene encima.

Un ejemplo al que han aludido varias formaciones -PP y Vox, entre ellas- es la bonificación de las tasas por ocupación de la vía pública para las terrazas que se cobran a los hosteleros, que se han bonificado en su totalidad para el primer semestre del año. Por esa medida el Ayuntamiento dejará de ingresar 38.000 euros. Una cantidad prácticamente imperceptible en el presupuesto municipal que lleva a la oposición a pensar que se podría ser "más ambicioso". 

Desde AxSí San Fernando, Fran Romero ha recordado que "estamos ante el año de mayor presión fiscal que ha existido en la historia de La Isla" con la subida del IBI, la del agua y el cobro de los ejercicios pendientes de la tasa consorcial. Aún así, ha recriminado al gobierno municipal, la propuesta más ambiciosa que se hace pasa por congelar el IBI en lugar de bajarlo. 

"Es una propuesta nada participativa e insuficiente. El IBI hay que bajarlo", ha afirmado también la portavoz de Podemos, Ana Rojas. 

Desde Vox San Fernando, Carlos Zambrano ha defendido también una importante reducción del gasto público por parte del Ayuntamiento isleño para poder hacer frente de la mejor manera a las necesidades suscitadas por la pandemia y un estudio económico exhaustivo que permita determinar "hasta dónde se puede bajar la presión fiscal". 

Por parte del PP isleño, la concejala Inmaculada Marín ha recordado los ingresos que maneja el Ayuntamiento (unos 80 millones de euros) y el remante millonario con el que se saldó el pasado ejercicio: "Hay un amplio margen para actuar", ha recriminado al ejecutivo local. 

Desde el gobierno municipal, Conrado Rodríguez ha recordado que, precisamente, la política que defiende el gobierno municipal es la que le permite "ser la envidia de otros ayuntamientos" y movilizar 2,6 millones de euros en los últimos meses para hacer frente al gasto social extraordinario suscitado por el Covid.