San Fernando

Satisfacción entre el personal del comedor del cuartel de Camposoto por la sentencia de readmisión

  • Algunos de los trabajadores tienen fijado el juicio por la misma demanda para septiembre

Protesta de los trabajadores del Acuartelamiento de Camposoto en la Subdelegación del Gobierno hace meses. Protesta de los trabajadores del Acuartelamiento de Camposoto en la Subdelegación del Gobierno hace meses.

Protesta de los trabajadores del Acuartelamiento de Camposoto en la Subdelegación del Gobierno hace meses. / D.C.

"Se ha hecho justicia después de un año y medio de lucha". Cristina Castilla muestra su satisfacción por el fallo del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz que condena al Ministerio de Defensa a readmitir al personal del comedor y cocinas del Acuartelamiento de Camposoto que se quedaron sin trabajo en el último trimestre de 2019. Esta sentencia no afecta a todos los empleados, fijos o fijos discontinuos, porque cinco deberán esperar al juicio fijado en septiembre para saber la resolución de sus demandas.

Castilla es una de las 17 personas que el 1 de octubre de 2019 no pudieron incorporarse a su puesto de trabajo: a las puertas de las instalaciones del Ejército de Tierra de Camposoto se les impidió la entrada. La razón era la decisión del Ministerio de Defensa de no continuar con el acuerdo con la concesionaria por los impagos a la Seguridad Social de esta. "Nos quedamos sin trabajo de un día para otro", recuerda esta mujer, a la que la decisión judicial da un respiro después de meses de incertidumbre –se han fijado cuatro fechas distintas para juicio hasta el último ya celebrado el miércoles de la semana pasada–, preocupaciones y problemas económicos.

La empresa les debía algunas nóminas de los últimos meses en que trabajaron: desde agosto a algunos, desde septiembre a otros. En su caso, al estar pendiente de subrogación porque la previsión inicial era licitar un nuevo contrato tampoco podía cobrar el paro, situación en la que estaban los cuatro trabajadores fijos. "Ni siquiera recibimos del Fondo de Garantía Social (Fogasa) nada", añade, porque además la empresa se encuentra inmersa en un concurso de acreedores. Esta situación mejoró en febrero de 2020 tras la agilización de las gestiones por parte de la Inspección de Trabajo, que permitió que cobraran el desempleo.

La sentencia obliga a Defensa a abonar las nóminas correspondientes desde el 14 de diciembre de 2019, al fijar que el despido por parte de Dulcinea se produce el 13 de diciembre, aunque los fijos continuos ya fueran dados de baja el 3 de octubre. "No nos comunicaron nada. Solo nos dicen no podéis acceder al Acuartelamiento", asegura esta trabajadora, lo que llevó a las movilizaciones en la puerta del Cuartel, ante la Alcaldía de San Fernando y ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. En estos meses, las protestas se han repetido, y todo el proceso administrativo y judicial también se ha visto afectado por las consecuencias de la pandemia del covid-19.

"Veíamos que la actividad del Acuartelamiento continuaba, que los alumnos de Tropa han vuelto a la instrucción, y que se seguía prestando el servicio", describe Cristina Castilla sobre este tiempo. A ello se unió la sorpresa por que se optara al final por no externalizar el servicio. "Fuimos a Madrid y nos reunimos con un responsable de Defensa que nos dejó claro que no había ninguna opción para nosotros". Porque, además, no asumía al personal que desde hace años realizaba estas labores. "En mi caso son 18 años", apunta. Otro de los fijos ha llegado a la edad de jubilación (en diciembre pasado) dentro de este conflicto, aunque Defensa tendrá que indemnizarlo hasta esa fecha.

Para el titular del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz la falta de comunicación a los trabajadores hace que la acción de la empresa se considere un despido colectivo nulo. Como Defensa siguió prestando el servicio entiende, además, que el Ministerio se convierte en la empresa, y por tanto debería haber contado con el personal, de ahí que se le obligue a la readmisión. "Algunos compañeros tienen que esperar a septiembre", matiza. Esas demandas entraron en otro Juzgado distinto y no se agruparon con el resto. El personal de cocina de las instalaciones militares del Campo de Gibraltar, que también están en la misma situación, tienen juicio en marzo.

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