La llamativa ausencia de los concejales de Asuntos Sociales y de Parques y Jardines en la polémica sobre las personas sin hogar

La atención a las personas sin hogar centra el debate en estos días. La muerte de una quinta persona en los menos de dos meses que llevamos de año y las denuncias de los trabajadores por ser obligados a realizar desalojos “inhumanos” de aquellos que duermen en la calle y de sus pertenencias personales ha originado una discusión y cruce de críticas notable en las últimas semanas, enfrentando al gobierno de Bruno García con parte de la oposición (es llamativo que el PSOE se mantiene como mero espectador de este asunto, sin haber entrado en él), con el comité de la empresa de parques y jardines y con el colectivo Pro Derechos Humanos. Y en todo esto, que acumula ya días de ataques, defensas, valoraciones y pronunciamientos, llama la atención la ausencia total de los concejales responsables de las áreas puestas en cuestión.

Desde el primer momento hasta el último (por ahora) ha sido el alcalde quien ha asumido en primera persona la situación generada. Y si se pone en duda las instrucciones que se están dando a la hora de limpiar las zonas verdes donde hay personas sin hogar, habla y responde Bruno García. Y si lo que se pone en duda es la atención y los recursos a este colectivo que sigue bajando su censo a costa de fallecimientos, el que sale y asume es el alcalde.

Los concejales de Asuntos Sociales y de Medio Ambiente, Pablo Otero y José Carlos Teruel, no aparecen en medio de todo este jaleo. Una llamativa ausencia, siendo además dos de los hombres fuertes de Bruno García en el organigrama municipal, con rango de teniendo de alcalde y con responsabilidades de peso en el reparto de tareas que realizó el alcalde en 2023 y que mantiene en la actualidad.

Hay quien piensa que en esta protección a sus concejales, busca el alcalde no desgastar a los miembros de su equipo de gobierno. Tanto, que en las ruedas de prensa de los viernes, al término de la Junta de Gobierno Local, ha evitado estas semanas que comparezca junto a él el responsable de Asuntos Sociales, a pesar de que siempre que hay un asunto destacado de un tema concreto suele acompañar a García el concejal del ramo. El día que la Junta de Gobierno Local aprobó el protocolo ya existente incorporando un mecanismo de control, compareció (cierto es) el concejal de Medio Ambiente, pero no el de Asuntos Sociales, que tampoco estuvo la semana siguiente, ni este pasado viernes, cuando también se iba a hablar de esta cuestión. Sí hay que señalar que Otero estuvo presente en la rueda de prensa, detrás de las cámaras, pero no ante los medios.

También hay quien piensa, respecto a esta ausencia de concejales, que la decisión podría estar más encaminada a cubrir carencias ante dos ediles con circunstancias personales o laborales que habrían provocado en los últimos meses una cierta rebaja en la dedicación que sí han mostrado en otros momentos de estos más de dos años y medio.

Sea cual sea la causa, lo cierto es que Bruno García ha decidido (o se ha visto obligado a) asumir en persona y en solitario esta polémica en torno a las personas sin hogar, que en el plano político busca torpedear ese eslogan que el propio García se puso al inicio de su mandato de ser “el alcalde más social” y que tanto molestó desde un principio a la oposición. Mientras, los responsables de las concejalías que atienden a las personas sin hogar (Asuntos Sociales) y a la limpieza de las zonas verdes (Medio Ambiente) se mantienen alejados de esta polémica.

Las dudas de la comisión de investigación

Está bien que AIG pida una comisión de investigación para saber qué está ocurriendo con el trato a las personas sin hogar. Para conocer si verdaderamente hay o no hostigamiento (como ellos ya han aceptado) o si hay instrucción alguna o protocolo que difiera al que se viene ejecutando desde hace años. Lo que sí chirría es que esa comisión la pida también, o cuanto menos la apoye, el alcalde y su equipo de gobierno, que son los que están gestionando eso sobre la que tantas dudas se han levantado en las últimas semanas. ¿Necesita un gobierno abrir una comisión de investigación para saber qué ocurre en el servicio que gestiona? ¿No es más lógico que el alcalde, o el concejal de ese área (ese que hasta ahora no se ha pronunciado) realicen las gestiones oportunas hasta conocer qué está ocurriendo, si es que está ocurriendo algo?

Con el farol lanzado por el alcalde respecto a la comisión de investigación que este próximo jueves aprobará el Pleno puede entenderse que alrededor de la gestión de la ciudad exista cierto descontrol, cierto desconocimiento de qué está ocurriendo. Si hay denuncias laborales, el concejal, el equipo de gobierno y el alcalde deberían estar enterados desde el primer momento; y entonces adoptar las decisiones que correspondan. Y no andar perdiendo el tiempo en una comisión que todos sabemos el derrotero que va a tomar y la utilidad que va a tener.

Quizás el PP antes de coger esa cuerda lanzada por AIG debería haber hecho lo que este viernes dijo el alcalde que va a hacer ahora: llamar a los trabajadores denunciantes y sentarse con ellos para conocer qué dicen, por qué lo dicen y dónde está esa controversia en la que anda sumida la ciudad de si se está tratando bien o mal a las personas sin hogar, si hay hostigamiento y comportamiento inhumano, o si estamos hablando de otras cuestiones o intereses particulares que utilizan a las personas sin hogar como mero medio para conseguirlos.