La mayoría de jueces de Madrid y Barcelona se suman a la huelga del 18-F

Una parte de los jueces han decidido seguir adelante con su amenaza e ir a la huelga el próximo 18 de febrero. No van a esperar a lo que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, les tenga que decir el próximo lunes. Después de la celebración de juntas en todo el territorio español, los de Madrid, Barcelona, Extremadura, Castellón, Ibiza, Ciudad Real, Soria, Gerona, Ibiza, Coruña, Lugo, Málaga y Granada (entre otros) se apuntaron a esta primera convocatoria de huelga, un hito en la democracia de este país.

El resto de juntas y Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia decidieron esperar los plazos propuestos por las cuatro asociaciones -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente-, excepto el TSJ de Castilla La Mancha y la Audiencia Provincial de Albacete.

Las juntas de ayer revelaron la división de los jueces en vísperas de la reunión que el lunes mantendrá el Ministerio de Justicia con las asociaciones judiciales, que no han convencido a todos los magistrados, sobre todo a los de las grandes ciudades, de aplazar las protestas hasta junio. Buena muestra de esa división es lo sucedido en Madrid, la ciudad con más jueces de toda España: los de la plaza de Castilla, donde trabajan 286 magistrados, acordaron ayer por amplia mayoría hacer huelga el 18 de febrero, mientras que sus compañeros de la Audiencia Provincial, alrededor de 120, se descolgaron y respaldaron la postura de las asociaciones.

En los órganos centrales con sede en Madrid -el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional- ni siquiera se celebraron juntas de jueces.

En Barcelona, otra ciudad con un gran número de jueces, se repitió la misma situación: los magistrados de la Audiencia Provincial resolvieron aplazar a junio el posible paro, pero los demás, aunque por un estrecho margen, acordaron ir a la huelga el 18-F.

En su documento reivindicativo apostaban por realizar un paro el 18 de febrero de diez minutos con un objetivo simbólico y esperar al 26 de junio para ir a la huelga en el caso que no se vieran cumplidas sus peticiones. Estas se traducen básicamente en la adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo, un aumento de la inversión en Justicia y la atribución a los jueces del control en las fechas de los juicios.

Es la primera vez en la historia de la democracia española que la carrera judicial, uno de los tres poderes del Estado, se planta y se va a la huelga. Según el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, el plazo propuesto por las cuatro asociaciones para ir a la huelga es "demasiado largo" para esperar y ver si sus reivindicaciones son atendidas.

De todas maneras, los jueces podrían dar marcha atrás si en la reunión del lunes entre el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y las asociaciones se ve una predisposición real a atender sus reivindicaciones.

Salvo la APM, el resto de asociaciones de jueces considera que la convocatoria de una huelga el próximo mes cuestiona su representatividad y distorsiona las negociaciones con el Ministerio de Justicia.