–Ante la situación que padecen los distintos Juzgados de lo Social de esta provincia, ¿qué valoración hace? Y a nivel autonómico y nacional, ¿qué nos puede decir?

–La actual situación en esta provincia no tiene precedentes, pues pese a existir en ella ocho juzgados de lo Social, no se ha conocido nunca el abrumador colapso que estos tienen, ya que algunos están señalando juicios para  2026. La Justicia que es lenta no es Justicia y, por supuesto, el justiciable, cuando tiene un proceso  de tanto recorrido –en muchos casos, de cuatro años como mínimo– se le hace imposible creer en resultados eficientes.

A nivel autonómico ocurre exactamente igual, pues algunos juzgados de otras provincias ya tienen señalamientos para el 2027 y ello como es lógico repercute por su lentitud y número de recursos en los Tribunales Superiores de Justicia. En Andalucía precisamente existen tres Salas de lo Social, las cuales no solamente tienen que revisar sentencias de primera instancia de la comunidad autónoma, sino también de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Por tanto, a los operadores jurídicos que estamos inmersos en el entramado de esta jurisdicción nos llena de pesimismo e impotencia cuanto viene ocurriendo, pues muchas veces no damos crédito a lo que estamos viviendo, porque precisamente es la jurisdicción más colapsada y la que más papel posee de todas las existentes, ya que en ella se revisan temas trascendentales como despidos, prestaciones de la Seguridad Social, reconocimientos de derechos laborales, derechos fundamentales y un largo etcétera, lo que hace que también se produzca un embudo en el conjunto de la Justicia.

A nivel nacional, tenemos un Tribunal Supremo en el que la Sala IV de lo Social, compuesta por 13 magistrados, tiene en estos momentos solamente siete, porque el actual Gobierno no autorizó la ampliación en los supuestos de jubilaciones y fallecimientos. Es decir, que siete magistrados del Alto Tribunal tienen pendiente otro colapso de cerca de 7.000 pleitos. Por lo tanto, si un pleito se inicia en primera instancia y hay que llegar hasta el Tribunal Supremo y esperar una sentencia de éste, puede tardar de seis a siete años aproximadamente. Esto es inadmisible para todos los que trabajamos en el mundo de la Justicia al tratarse de un servicio público, pues aunque en Cádiz capital estamos a la espera, al parecer, de un cuarto juzgado, aún no ha sido habilitado, por lo que el colapso no variará sustancialmente, aun cuando aliviará.

–¿Está ya en marcha el plan de choque anunciado por la Junta de Andalucía para paliar el colapso que las huelgas de los LAJ y funcionarios ha provocado en los juzgados? 

–Efectivamente, estas huelgas, sin valorar la legitimidad de ellas, han sido llevadas a cabo por funcionarios públicos y quienes han salido perjudicados hemos sido los profesionales y el justiciable, porque al no celebrarse juicios, tener que suspenderse centenares de ellos e inclusive no haberse celebrado ninguno en el mes de agosto cuando existen materias que por ley hay que abordar, hemos estado sin percibir honorarios profesionales, de manera que trabajadores que estaban en nuestros despachos han tenido que ir al desempleo por falta de trabajo.

En cuanto al plan de choque, puedo decir que aún no se ha puesto en marcha y, por tanto, no existe todavía, pero pedimos que contraten o utilicen a personal especializado para que, con la debida formación, trabajen en todos los procesos judiciales, porque si quienes van a trabajar no conocen la materia, aún el retraso será mayor. 

"Hemos pedido al Ministerio de Hacienda una reducción del IVA en las minutas judiciales”

–En una reciente visita del consejero de Justicia a Cádiz, éste anunció que las obras de la Ciudad de la Justicia arrancarán, como pronto, en 2025. ¿Puede seguir esperando una capital de provincia una infraestructura judicial más que necesaria, habida cuenta la dispersión de sedes y el lamentable estado de varias de ellas?

–Los profesionales del Derecho estamos esperando esta Ciudad de la Justicia desde hace más de 14 años. En mi trayectoria profesional, que por cierto es dilatada, he conocido vídeos, primeras piedras y comparecencias de consejeros para construir dicha Ciudad de la Justicia en la calle Tolosa Latour de Cádiz, pero al final, como siempre dije, allí vamos a tener que celebrar el “juicio final” porque los metros cuadrados que tiene ese solar no tienen capacidad para todo el volumen de sedes judiciales que posee la capital.

No obstante, hemos comprobado que el inmueble de los antiguos depósitos de tabacos que ha sido cedido por el Ayuntamiento es lo memos malo ante la falta de espacio de esta ciudad, pero también hemos visto que, pese a la disposición del nuevo consejero de Justicia, que tiene una voluntad clara de que allí se instalen todos los juzgados, el proyecto y la planificación de  incluir en ese espacio a la Audiencia Provincial ha retrasado, al parecer, la iniciación de las obras.

El consejero actual me ha prometido una reunión junto a otros Colegios Profesionales para aclarar todo e informarnos de cuánto supone la puesta en marcha del conjunto de sedes judiciales, por lo que espero que tengamos una visión clara de ello. Por mi parte,  tendrá el actual consejero la confianza de que la fecha que señale sea definitiva para el inicio de las obras, porque desde luego la ciudad de Cádiz no puede esperar una infraestructura pública judicial como ésta por más tiempo, pues queremos ser igual que Córdoba, Málaga o Sevilla, que también eran ciudades muy colapsadas.

En resumen, confiamos en que el consejero de Justicia, que está trabajando en ello incansablemente, así como su delegada territorial, nos dé una respuesta que nos satisfaga y los Colegios Profesionales de Abogados, Graduados Sociales y Procuradores podamos estar en una mesa de seguimiento de todas las obras y sus instalaciones.

"Incluir la Audiencia Provincial en la Ciudad de la Justicia parece que ha retrasado el inicio de las obras”

–¿Qué tipo de intrusismo existe hoy para las profesiones colegiadas en el ámbito laboral, de la Seguridad Social y fiscal?

–El colectivo de Graduados Sociales de esta provincia lleva desde la pandemia sufriendo el colapso que tienen tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), lo cual está impidiendo un desarrollo ágil y fluido del trabajo y del asesoramiento que venimos haciendo los Graduados Sociales, pues gracias a nosotros se han llevado a cabo los miles de ERTES que se han hecho en la provincia y en Andalucía y así lo han ratificado varias administraciones.

Por ello, estamos advirtiendo a la sociedad civil que existen personas que, sin tener el título universitario que les faculta para el ejercicio profesional, utilizan ambiguos nombres como el de “asesor” y desempeñan funciones que no les corresponden, pues para poner esos aparentes nombres de asesoramiento integral de empresas se debe estar protegido por un título académico y colegiado obligatoriamente en alguna de las Corporaciones de Derecho Público que existen como son los Colegios Profesionales; lo contrario no da garantía.

Por tanto, deben cuidarse mucho de no acudir a personas no tituladas que no pongan el nombre y el número de colegiado, ya que ese asesoramiento posiblemente les quiebren sus intereses y derechos. Así pues, hay que asegurarse de que detrás de un nombre rimbombante de una  asesoría debe existir un profesional colegiado.

José Blas Fernández

–Como presidente del Colegio de los Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, ¿cuáles son sus principales reivindicaciones ante la Administración?

– Los Graduados Sociales que estamos inmersos con competencias de materias exclusivas en Seguridad Social estamos viendo cómo estos organismos están faltos de personal y que los trámites que tienen que llevar a cabo no pueden realizarlos. Ello ha hecho que en los últimos meses la situación sea alarmante y, por tanto, se están demorando tanto la concesión de prestaciones como el reconocimiento de derechos de muchos ciudadanos, pues hasta los canales de comunicación telemáticos que se tienen con la Seguridad Social están tardando en sus respuestas de una manera importante.

En estos momentos, la Seguridad Social está enviando cartas a los autónomos societarios para que comuniquen sus datos en relación con la mercantil de la que forman parte, comunicación de datos que la tenemos que llevar a cabo desde nuestros despachos, lo cual nos aumenta la carga de trabajo y más cuando son peticiones de datos que nos la hacen directamente a nosotros como autorizados RED, es decir, nos están atribuyendo competencias que deberían corresponder a la Administración, ya que estos datos que nos están solicitando podrían adquirirlos de otras administraciones que son conocedoras de ello, pues éstas tienen conexiones entre sí para saber una de la otra y requerirse entre ellas lo que necesiten, pero lo más sencillo y cómodo es crear trámites para que sean los Graduados Sociales y otros profesionales colegiados quienes lo hagan por ellos, lo que pone de manifiesto que de manera encubierta están externalizando sus competencias y nos están haciendo responsables a los profesionales de esa información que a ellos les debe constar en sus bases de datos, y todo por esa diarrea legislativa que hoy tenemos, que la sacan deprisa y corriendo y para ponerla en marcha cargan esa responsabilidad a los profesionales, lo cual supone una carga para nuestro colectivo.

"Nos llena de pesimismo e impotencia el colapso abrumador en la jurisdicción Social”

Nos estamos convirtiendo en funcionarios “B” de las administraciones, cosa que no es de recibo, pues si cuentan con poco personal lo que hacen es derivar hacia los canales electrónicos con nosotros toda su infraestructura. Esto lo venimos denunciando desde nuestro Consejo General, porque unas administraciones tan vulnerables como son la Tesorería y el INSS deben ponerse las pilas y no cargar sobre un personal externo lo que ellos tienen la obligación de cumplir.

Esta última redada para que los autónomos aporten sus datos es inconcebible que se haga a través de nosotros cuando las administraciones tienen suficientes medios para conseguirlos, pero claro, lo fácil es pedírselo al profesional, y encima poniendo como fecha límite el 31 de octubre con amenazas de sanciones para quienes no lo lleven a cabo, lo que pone de manifiesto el espíritu recaudatorio de estas administraciones, ya que con esos datos conseguidos llevarán a cabo liquidaciones de cuotas.

Por último, los Graduados Sociales, ante le colapso de la Justicia, hemos pedido al Ministerio de Hacienda una reducción del IVA en las minutas judiciales, ya que en la actualidad el 21% es altamente perjudicial para trabajadores y empresas, por lo que se vería más conveniente hasta que la Justicia no se ponga al día que el IVA solamente fuese de un 4%.

De igual modo, denunciamos que el sistema de cita previa da la espalda al administrado, pues lo que impera en estas administraciones son unos vigilantes de seguridad que te filtran con un límite la información que los funcionarios deben darte. La Administración debe estar al servicio del administrado y no al revés.