El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha destacado este viernes que el proyecto de la Ciudad de la Justicia “cumplirá las Bodas de Plata sin que la Junta de Andalucía, consejero tras consejero, haya puesto, no ya la primera piedra, sino tramitado el proyecto constructivo”. Blas Fernández ha hecho estas declaraciones tras conocer el anuncio del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, de que el complejo judicial de Cádiz tiene ahora el año 2025 como fecha de inicio de las obras.

El responsable de esta corporación de operadores jurídicos ha destacado el interés del actual consejero por este proyecto, “como así nos lo ha transmitido personalmente. Sus declaraciones son razonales y debemos confiar en su compromiso, pero es difícil explicar a nuestros más de 700 colegiados que tenemos que volver a retrasar la fecha del inicio de este proyecto, fundamental para que los justiciables, la sociedad en definitiva, puedan contar con unas instalaciones y una justicia dignas”.

“Llevamos 22 años desde que la Junta de Andalucía presentó en Cádiz el proyecto de la Ciudad de la Justicia, un ambicioso complejo de edificios que se construiría en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana. El proyecto de construcción, que tuvo un coste para las arcas públicas de 3,7 millones de euros, se quedó en un cajón. En 2014, y para sorpresa de todos, se volvió a la casilla de salida después de 13 años perdidos, ahora para reconfigurar el proyecto en la nueva ubicación de los terrenos de los antiguos depósitos de Tabacalera”, ha recordado el presidente de los graduados sociales.

Con el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, en 2020 se consignaron 622.000 euros para acometer la redacción del proyecto, que no fueron utilizados. Finalmente, el pasado mes de noviembre la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz quedó desbloqueada, tras aprobar el pleno del Ayuntamiento una propuesta de aclaración del PGOU que demandaba la Junta de Andalucía para hacer viable el proyecto de construcción y permitir el aprovechamiento del 100% de la edificabilidad de los 39.000 metros cuadrados que ocupará el complejo, según el nuevo anteproyecto presentado meses antes.

“Los operadores jurídicos nos merecemos una explicación porque la Justicia es un servicio fundamental para trabajadores y empresas, pero en la actualidad las sedes de Cádiz son chiringuitos descuidados, sin medios, una situación indigna que dista mucho de las otras capitales, como Córdoba o Málaga, que cuentan con sus respectivos complejos de juzgados”, mantiene el presidente del Colegio de Graduados Sociales. “Nos hubiera gustado conocer los detalles de este nuevo retraso personalmente, junto al resto de operadores jurídicos, abogados y procuradores”, destaca José Blas Fernández, que va a solicitar una reunión con la delegada territorial de Justicia, Ana María Bertón, para conocer a fondo los motivos de este nuevo anuncio.

“Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Consejería para aportar soluciones a la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz, un problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un quebranto económico importante en pago de alquileres”, explica. “Juzgados repartidos, en su mayor parte en régimen de alquiler, entre el Estadio Ramón de Carranza, la Plaza de los Balbos, la Audiencia Provincial y otros emplazamientos. Ineficiencia y costes que, parecía, tenían fecha de caducidad con el flamante proyecto de los terrenos ubicados en Tolosa Latour y que ahora vuelven a posponerse”.